El Salvador - Renacionalización del sistema de pensiones bajo control de los trabajadores
Después de la salvaje oleada de
privatizaciones impulsadas por los diferentes gobiernos de ARENA, el sistema de
pensiones de en El Salvador está prácticamente en bancarrota. El gobierno del
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) está impulsando a
toda costa un proyecto de creación de un “sistema mixto”, originando un
interesante debate sobre el futuro de la seguridad social.
La privatización del sistema de
pensiones fue una gran maniobra para apoderarse de los ahorros generados por la
clase trabajadora. Las Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP) son las
instituciones que más beneficios financieros han obtenido son, destacándose
entre ellas AFP-CRECER (fusión de fusión de AFP: Máxima, Previsión y Porvenir)
y AFP-CONFÍA. Desde 1998 hasta 2014, estas AFP han obtenido en promedio de
utilidades anuales más de $7 millones, especulando con el dinero de los
trabajadores.
Bajo el gobierno de Tony Saca, al no
poder continuar pagando las pensiones de los jubilados del antiguo sistema bajo
control del Estado, se creó la figura de los Certificados de Inversión
Provisional (CIP), los cuales permitieron al gobierno disponer o apropiarse del
30% de los ahorros de los trabajadores que se encontraban en manos de las AFP.
Bajo el primer gobierno del FMLN,
bajo la presidencia de Mauricio Funes, ese porcentaje paso del 30% al 45 %,
pagando los intereses a una tasa del 1.5 %. Esta baja rentabilidad de los
fondos de los trabajadores viene desde los gobiernos anteriores. Ha sido una
constante que los gobiernos de turno utilizan los fondos de las pensiones para
financiar sus gastos y el déficit fiscal. En una maniobra política, los
magistrados de la Sala de lo Constitucional –que han dictado varias sentencias
contra los dos gobiernos del FMLN—ordenó a la Asamblea Legislativa “revisar la
manera en que es fijado el interés que se paga por usar los ahorros de los
trabajadores y además establecer una modalidad que permita que ese dinero gane
un interés mayor…”.
Bajo el gobierno de Sanchez Cerén, la
insostenibilidad del sistema de pensiones se agudizó, porque es la otra cara
del déficit fiscal, que asfixia al gobierno. Por ello el gobierno del FMLN
impulsa una reforma al sistema de pensiones, generando reacciones tanto de los
empresarios, como de los principales perjudicados, los trabajadores.
La propuesta presentada por el
gobierno del FMLN consiste en la conformación de un sistema mixto de pensiones,
según el cual aquellos trabajadores que ganen dos salarios mínimos o menos
pasen a un sistema público. Y quienes ganen más de esto cotizarían el
equivalente a dos salarios mínimos en el sistema de pensiones
público, y el resto, en el sistema privado de cuentas individuales.
Desde la óptica del gobierno con estas reformas que han propuesto se busca
asegurar que el Estado tenga los recursos para garantizar el pago de las
pensiones de los trabajadores que se jubilen.
Las propuestas del gobierno del FMLN
han despertado la voracidad de Los empresarios de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP). Las AFP quieren ahora mejorar la rentabilidad de los
fondos que manejan y que suman la cantidad de $ 8, 637.02 millones de dólares.
La Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS)
propone el aumento de cotización a los 30 años, y subir la edad de jubilación a
los 65 años para hombres y mujeres. La caja de pandora abierta nos muestra una
ofensiva de las AFP para máxima sus ganancias, por el rol de especulares
financieros con los fondos de los trabajadores
Desde el Partido Socialista
centroamericano (PSOCA) consideramos que la privatización del sistema de
pensiones ha sido una carga para el Estado y un robo para la clase trabajadora.
Los únicos beneficiarios han sido los dueños de las AFP. Llamamos a los
sindicatos y centrales obreras a luchar unidos con una consigna central como es
la renacionalización del sistema de pensiones, cuyos fondos deben ser
administrados y controlados por los sindicatos.
El gobierno de turno no puede
utilizar los fondos de los trabajadores como caja de financiamiento del Estado.
Debe mejorarse al máximo la rentabilidad de los fondos de pensiones, para
garantizar pensiones dignas, pero esto solo se podrá lograr con el ojo
vigilante de las organizaciones obreras, las únicas que pueden garantizar que
el dinero no es esfume en una acción de especulación financiera.
Rechazamos las propuestas de elevar
la edad de jubilación a 65 años y aumentar a 30 años de cotización. Los
socialistas centroamericanos consideramos que es una obligación del Estado
garantizar pensiones dignas, y apoyo especial para aquellos que no lograron
reunir los requisitos para una jubilación digna.
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