México - Corrupción y contaminación industrial

En recientes meses, los “accidentes” industriales han sido frecuentes en el país. Se les llama “accidentes”, pero, en realidad, la mayoría, si no es que todos, se deben a una velada negligencia, además de complicidad, entre las mafias locales y federales en contubernio con inescrupulosos cárteles empresariales, los que, en conjunto, controlan a su antojo a México.
En el 2014, se registraron muy graves siniestros, sobre todo por derrames de desechos altamente tóxicos, producto de megamineras que operan prácticamente sin restricciones. Uno de ellos, el que se registró en Sonora, en agosto, arrojó más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, proveniente de la mina Buenavista del Cobre, propiedad del casi intocable Grupo México. El mal estado de las represas en donde se contienen tantos millones de metros cúbicos de desechos, provocó el criminal derrame (ver: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/08/19/reportan-muertes-de-animales-por-derrame-toxico-en-sonora-2651.html). Pero, contrario a lo que se hubiera esperado, la megamina no sólo no se cerró, como se exigió en su momento, sino que sigue operando, como si nada.
En otro ejemplo, la megamina “Peñasquito” (muy inocente su nombre), propiedad de la canadiense GoldCorp, que opera en Zacatecas, en sólo cinco años de actividad ha prácticamente acabado con los manantiales del ejido Cedros y Cerro Gordo, localizados en el municipio de Mazapil. Además, debido a sus contaminantes procesos, la población sufre enfermedades desconocidas y las actividades agropecuarias quedaron en el abandono, al igual que las tierras de riego (ver: http://www.jornada.unam.mx/2015/01/14/sociedad/039n1soc).
Y eso hacen las megaminas en todos los sitios en donde operan, sin que ninguna “autoridad”, sea nacional o extranjera cuestione su depredadora actividad (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2013/05/los-destructivos-irreversibles-efectos.html).
Son tan laxas las “leyes” que deben de aplicarse a los procesos industriales en México, para proteger a población y medio ambiente que, desde la ápoca del mafioso Carlos Salinas de Gortari, se ha ido “concesionando” el territorio nacional, más de 98 millones de hectáreas a la fecha, a las depredadoras empresas megamineras, tanto nacionales, así como extranjeras, éstas, principalmente canadienses (ver: http://www.jornada.unam.mx/2015/04/06/politica/005n1pol).
Por tal laxitud es que, a pesar de la gravedad de tales derrames, lo irónico es que siguen dándose, el más reciente de ellos también en Sonora, en Cananea, el pasado 7 de marzo, en donde la mina llamada “María” derramó 180 metros cúbicos de solución gastada de cobre, como resultado de una “falla” en el sistema de bombeo, afectando severamente a un arroyo conocido como “El Tordillo” (ver: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/03/10/profepa-confirma-nuevo-derrame-de-minera-en-cananea-sonora-9826.html).
En todo esto, puede uno preguntarse qué hace la permisiva Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), además de “informar” de tales, graves siniestros.
Lo peor de todo es que se engañan a las poblaciones aledañas a tales derrames, “asegurándoles” que se hacen labores de limpieza, lo cual es falso, pues los efectos dañinos a la flora, la fauna o los cauces hídricos, quedan allí por muchos años o quizá nunca desaparezcan. Y, claro, el daño a la salud humana, en distintos niveles de gravedad, es otra consecuencia directa de tales catástrofes. Justo como se mintió a los pobladores cercanos a la megamina Buenavista del Cobre, quienes, a la fecha, muchos aún sufren daños considerables a su salud, como afecciones respiratorias, quemaduras, entre otras, y se les ha dejado de dar atención médica (ver: http://www.jornada.unam.mx/2015/01/28/estados/031n1est).
Pero en estos momentos históricos, a la luz de todo lo que está sucediendo en México, con cotidianos asesinatos, desapariciones, fosas clandestinas, prepotencia militar y policial, fraudes electorales y altísimos niveles de corrupción, sobre todo entre la mafia en el poder (todos los partidos incluidos), no sorprende que se den los “accidentes” mencionados y que la mafia en el poder nada haga por parar tanta destrucción ambiental (como ha sucedido, justamente, con los cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, a los que, quién sabe cómo, “desaparecieron”, tan eficazmente que ni todos los recursos de todo tipo que se han desplegado, hayan logrado, hasta este momento, dar con ellos).
Los criminales derrames mencionados son noticia justo porque no se pueden ocultar. Pero en muchas ocasiones, sucede que se dan casos de contaminación ambiental que, entre otras cosas, develaría los niveles de corrupción en los que seguimos estando en este país y que basta con que tal o cual personaje, amigo de alguien, esté en el poder, que se autorizan asuntos que el sentido común no permitiría que se hicieran.
Esto sucede, por ejemplo, en el municipio de Huichapan, Hidalgo, en donde era cotidiano que vecinos del lugar recolectaran las botellas plásticas, el llamado PET, con tal de proveerse de algún ingreso extra, dados los tiempos tan precarios que se están viviendo en este país.
Esa es una práctica que se está haciendo en muchos estados. Luego de la recolección de botellas, las personas que la realizan acuden a sitios en donde se compran desperdicios industriales para venderlos. Incluso, en el DF, es ya una costumbre realizar tianguis cada determinado tiempo, en donde la gente acude con sus recolección de reciclaje, no sólo PET, sino aluminio u otros materiales, para cambiarlos por frutas y legumbres.
Y aunque magro el ingreso que se obtenga, pues es una ayuda para muchos. Por ejemplo, el kilogramo de PET en Huichapan, se compraba en $4.50 pesos. Así que si alguien acudía con 20 kilos (recolectados pacientemente durante varios días o semanas, dependiendo de la facilidad que se tuviera para lograrlo), por ejemplo, pues ya obtenía noventa pesos, “muy buenos”, como me comenta alguien a quien llamaré Manuel (omito dar nombres, pues el asunto es delicado).
Sin embargo, de repente, quien adquiría el PET, cerró su local y colocó un letrero en donde informaba que no se compraría sino “hasta nuevo aviso”. Y Manuel, que hacía la recolección de PET, al ver el anuncio un día que lo fue a vender, desconcertado, comenzó con sus averiguaciones y fue quien me platicó la mayor parte de lo que aquí refiero.
Resulta que, según se enteró, desde inicios del año pasado, 2014, todos los trabajadores que recolectan la basura en este municipio, fueran de confianza o sindicalizados, recibieron la orden expresa de que al seleccionar la basura no se quedaran en absoluto con ningún envase de PET, so pena de que si no obedecían, se les despediría de inmediato. Intrigante orden aquélla (eso se lo platicó una amistad que trabaja justo en la presidencia y que se encargó de dar el aviso y que también le confirmó lo que más adelante refiero).
Manuel siguió con sus averiguaciones y se enteró de que la basura se iba directamente, nada menos, que a una fábrica de cemento, perteneciente al grupo CEMEX, y que queda a la salida del municipio.
Allí, la basura, tal como llega, enriquecida, claro, con botellas de PET y otros desperdicios (sólo se le extraen las latas metálicas o lo que sea de fierro), se emplea como combustible para los procesos que requiere la fabricación del cemento, pues resulta más barato quemar, digamos, basura empetizada, que quemar combustóleo, que es lo que se debe de emplear. “Me contaron que todo lo que sea de plástico, hasta televisiones y todo, queman…”, me comenta mi entrevistado, algo que no sorprendería en este país, con la galopante, creciente corrupción que vivimos.
Lo peor del caso es que tal acción, se realiza en un municipio gobernado nada menos que por el apéndice mafioso priísta denominado “Partido Verde”, PVEM, gansteril entidad que presume de “proteger” al medio ambiente. Nótese, pues, el grado de corrupción y cinismo al que los grupos de poder del país han llegado.
Además de ser una criminal acción, la de incinerar PET y otros desperdicios, dicha quema produce gases muy tóxicos, los cuales, entre otras cosas, elevan los índices de cáncer pulmonar, asma, bronquitis, entre otros males, además de que los humos, una vez que se van aglutinando y se depositan en el suelo, lo contaminan también (http://www.saskwastereduction.ca/assets/upload/pdf/plastics-pdf/effects-of-buring-plastics.pdf).
“Fíjese que en Maney y Dandho, me han dicho que la gente sufre mucho de cáncer”, refiere Manuel, aludiendo a entidades cercanas, las que reciben directamente, por las corrientes de aire, la contaminante combustión.
Para evitar que se vea el ocre humo que produce tan tóxica quema, según le platicaron, se realiza en la noche, con tal de que no sea visible. Y aunque hay procesos de incineración relativamente “limpios”, éstos requieren de temperaturas altísimas, de más de 2000º centígrados, los cuales emplean demasiada energía, que serían incluso más costosos que la quema de combustóleo. Amigos de Manuel, que laboraron allí, le corroboraron ese infame hecho.
La persona que compraba el PET, “ya hasta está vendiendo la moledora”, me dice. Eso confirmaría que, en efecto, ya está prohibido que la gente común recicle el PET, pues está destinado a ser quemado como combustible por la cementera. “¡Nos pasaron a joder a todos los que juntábamos las botellas. Ahora, sólo latas. Y si ve una en la calle, es porque, de plano, la acaban de tirar, en serio, ya no se ve una sola, de tanto que las buscan!”
Agrega que un sacerdote de la iglesia de Huichapan, desde hace años, comenzó un activismo en contra de la contaminación que producía la cementera, la que siempre ha asegurado que cuida hasta el extremo sus operaciones. Pero el sacerdote insistía en que eso no era así, que había estado investigando sobre todo porque, al parecer, no siempre ha empleado esa empresa combustóleo para sus operaciones y casi siempre ha usado otros materiales, como el PET. “Pues dicen que al padre hasta lo sacaron de la iglesia y que lo mandaron a África, para que ya no siguiera moviendo a la gente ¿¡cómo ve!?”, comenta Manuel, con algo de ironía y seriedad.
Uno supondría que existen inspectores encargados de revisar que las empresas estén operando correctamente en cuando a medidas de seguridad e higiene laboral, así como industrial, que todas sus operaciones sean adecuadas y, sobre todo, respetando el medio ambiente en la medida de lo posible. Pero, como sucede aquí, tales “inspectores” son parte de la corrupción, tanto municipal, así como federal.
Como el caso anterior, se dan cotidianamente muchos otros, como lo sucedido en Cancún, Quintana Roo, en donde se suspendió (por ahora) el proyecto chino Dragon Mart, el cual pretendía establecer una zona comercial y de maquiladoras en tierras que son parte de reservas de la biósfera del lugar. La corrupta mafia municipal le “otorgó” permisos (¿cuánto costaron?), sin mayor problema (ver: http://www.informador.com.mx/economia/2014/534932/6/dragon-mart-suspende-obras-indefinidamente.htm).
O en el caso de Wal-Mart, empresa que hace lo que quiere en este país, pudiendo, incluso, instalar tiendas en zonas arqueológicas, como la que construyó, con total impunidad, en Teotihuacan (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.mx/2013/01/los-negativos-efectos-del-emporio.html).
O el supuesto “accidente” reciente en el que una pipa de gas estalló cuando estaba surtiendo dicho energético a un hospital de Cuajimalpa, a consecuencia del mal estado de las conexiones con las que contaba (ver: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/29/explota-pipa-de-gas-frente-al-hospital-materno-infantil-en-cuajimalpa-8591.html).
De hecho, todo el Distrito Federal es una bomba de tiempo debido a miles de tanques de gas, tanto móviles, así como estacionarios, obsoletos, además de pipas igualmente sin mantenimiento (ver: http://www.jornada.unam.mx/2015/02/12/capital/035n1cap).
No sólo eso, sino que se sigue permitiendo la circulación de peligrosos tractocamiones de doble remolque, como la pipa de gas que jalaba dos tanques y que chocó contra un muro y volcó en Xalostoc, el 8 de mayo del 2013, provocando una grave tragedia que ocasionó 22 muertos y decenas de heridos graves, además de que fueron destruidas 45 casas (ver: http://www.razon.com.mx/spip.php?article171407). A pesar de que tales vehículos son sumamente peligrosos, han dicho empresarios que se oponen a que se prohíban, pues eso “mermaría sus ganancias”. Por supuesto que la mafia en el poder es cómplice incondicional.
También la construcción del nuevo “súper aeropuerto” de la ciudad de México es cuestionada, pues especialistas señalan que la zona en donde se ubicará no es adecuada para tales instalaciones y que, además, destruirá las pocas reservas naturales con que cuenta la ciudad. A pesar de tales advertencias y de la oposición de pobladores de Atenco, la Semarnat, ya autorizó su ejecución (ver: http://www.jornada.unam.mx/2014/12/17/sociedad/037n1soc). Lo único que se demuestra es que imperan corruptos intereses y los lucrativos negocios que tal destructiva megaobra favorecerá.
En fin, gracias a la galopante corrupción, promovida muy oportunamente por este sistema capitalista salvaje en todo el planeta, ávido de ganancias, a como sea y en donde sea, las mafiosas, depredadoras corporaciones seguirán destruyendo nuestro devastado planeta.