Por la reconquista de la Seguridad Social.

Posted by Nuestra publicación: on lunes, julio 15, 2013


Patricio Guzmán S.
Socialismo Revolucionario, CIT.

La Seguridad Social es el derecho, que le asiste a toda persona de acceder a  una protección básica para satisfacer estados de necesidad, y asegurar ingresos cuando temporal o permanentemente el trabajador activo pasa a ser pasivo. En este Sistema hay que considerar asuntos como la salud , el subsidio al desempleo, los  subsidios temporales por maternidad o desempleo, los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas para asegurar unos niveles mínimos de ingresos y dignidad de vida a todos los habitantes de la república e intentar corregir desequilibrios de riqueza y oportunidades, mediante políticas sociales redistributivas..

En este contexto el Estado tiene una responsabilidad principal en promover y asegurar el acceso,  desarrollar e implementar un sistema de seguridad social justo y equitativo. 

La Seguridad Social en Chile, fue total o parcialmente destruida por la dictadura militar que impulso el lucro y la privatización. Los sucesivos gobiernos civiles han hecho suya la lógica privatizadora y subsidiaria del estado. Trocando derechos sociales por supuestas libertades, reales solo para los que puedan pagarlas.


Mediante los Decretos Ley 3500 a 3502 (es decir leyes dictadas arbitrariamente por la dictadura con el congreso clausurado, en ausencia de libertad de prensa y discusión), se puso fin al sistema previsional de seguridad social chileno, conquistas sociales construidas durante décadas en Chile. Así se liquidaron las Cajas de Previsión reemplazadas por las AFP.

Bajo la dictadura  se inició el proceso de privatización de la Salud Pública. El año 1981 se promulgó el Decreto Ley 3/1981 con el que se crean las ISAPRE, y se cambio el carácter a las Mutuales de Seguridad de instituciones sin fines de lucro, a empresas que funcionan con la misma lógica de las empresas privadas de salud. Así se introdujo el lucro, en una necesidad básica de la población.

El sistema de fondos privados de pensiones, las AFP, no es un sistema de Seguridad Social. Se trata de un seguro privado de carácter obligatorio, basado en multifondos de capitalización individual, que expone a los afiliados y los riesgos de los mercados de inversión especulativos. Este sistema ha fracasado en otorgar las pensiones prometidas cuando fue instaurado, y que según la propaganda debían fluctuar entre un 70% y un 75% de las remuneraciones durante la vida activa del trabajador, y otorga pensiones que transforman a los jubilados en pobres. Pero en cambio, ha servido para que los grandes grupos económicos acumulen capital. Es un mecanismo de redistribución regresiva de la riqueza nacional, que hace a los muy ricos cada vez más ricos.

Proponemos un sistema previsional solidario, y de reparto, basado en los principios de la Seguridad Social y los convenios de la OIT. Los fondos previsionales deben tener como propósito otorgar pensiones, no fortalecer los mercados de capitales. En lo inmediato proponemos la nacionalización de los fondos previsionales, poniendo fin a las inversiones especulativas, y al lucro de las empresas de AFP.

En defensa de la Salud Pública.

Hace 40 años que la Salud Pública sufre ataques para privatizar e introducir el lucro en las necesidades de salud de la gente. Desde el comienzo la dictadura redujo el gasto en salud, en 1979 se dictó el Decreto Ley 2.763 que creo el Sistema Nacional de Servicios de Salud, actual entre 1981 y 1986 se adoptaron promulgaron leyes para la creación de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) y se concretó el traspaso de la administración de la mayoría de establecimientos de nivel primario a las municipalidades. Con esto se sacó a los trabajadores mejor remunerados del sistema público, y se segregó la atención de salud entre municipios pobres y ricos.

Actualmente tenemos un sector público que comprende FONASA en su aspecto financiero y el SNSS en su componente de prestación de servicios. Por otra parte, el subsector privado principalmente representado por las ISAPRE y mutuales en su aspecto financiero previsional y los profesionales y centros asistenciales privados en su componente de prestación de servicios. Aunque en los gobiernos civiles hubo un aumento importante del gasto en Salud, sus propuestas centrales han sido traspasar las prestaciones de salud, inclusión las que deben ser garantizadas por el sistema de salud pública, a las empresas privadas.

En 1980 se dictó el Decreto Ley 1/3063, que transfirió los establecimientos asistenciales de nivel primario a la administración municipal. El proceso se realizó entre 1981 y 1988, quedando en manosde la administración municipal la mayoría de los Consultorios Generales Urbanos y Rurales, Postas Rurales de Salud y Estaciones Médico Rurales.
El proceso de administración municipal es parte de la concepción que usa la descentralización como mecanismo para impulsar la privatización y reducir el peso del sistema público de salud. Los gobiernos civiles no cuestionaron estas concepciones y además y han legitimado la privatización.

Nuestra primera demanda es que el dinero público vaya a la salud pública únicamente, y que todos los trabajadores estén afiliados al sistema público, mejorando la cobertura y la calidad de la atención.

En cuanto a los sistemas de Salud laboral, la prevención y tratamiento de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (Ley 16.744), nuestra demanda es que el seguro de salud que actualmente es financiado básicamente con el aporte del 7% de las remuneraciones del trabajador, debe incorporar obligatoriamente un aporte equivalente del empleador, ambos aportados al Fondo Nacional de Salud.

La legislación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley 16.744), tiene que ser actualizada incorporando las nuevas enfermedades y patologías profesionales, aparecidas junto con la actual organización del trabajo, la flexibilidad, la polivalencia, el trabajo por metas y el incremento de los ritmos de trabajo. En especial las patologías de carácter mental y psicológico, y las derivadas de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Defensa del Medio Ambiente

El modelo de acumulación capitalista chileno es depredador del medio ambiente y el ser humano. Con una lógica que busca el crecimiento económico, y el beneficio privado, a toda costa confundiendo crecimiento con desarrollo económico y social.
Nosotros defendemos el derecho de los trabajadores y sus familias a una vida buena y en un medio ambiente limpio, y al trabajo en un medio seguro.

En todos los proyectos hay que considerar las externalidades negativas ocasionados por ellos; la contaminación de las aguas y el aire, la destrucción de nichos ecológicos… Hoy día las empresas privadas traspasan estas  externalidades negativas a la sociedad, y por eso llevan adelante proyectos evaluados positivamente para el capital privado, aunque sean negativos para la comunidad.

Rechazamos los megaproyectos que han sido concebidos para el beneficio de las grandes empresas, en su lugar propugnamos el desarrollo de una multiplicidad de iniciativas de alcance local y escala humana.



Reindustrialización.

Postulamos la necesidad de reindustrializar nuestro país. Los tratados de Librecomercio tienen que ser revisados, y los que sean negativos para la industria nacional deben ser derogados. Creemos que hay que priorizar la integración económica de América Latina y el Caribe.
La industrialización se debe y puede hacer respetando al mismo tiempo la Seguridad Social y el cuidado del Medio Ambiente.


Por una distribución justa de las riquezas.

Los que crean la riqueza son los trabajadores con su actividad. Todos los trabajadores deben tener derecho al 30% de las utilidades de las empresas en que trabajan, haciendo realidad lo que está legislado en el Código del Trabajo, pero que acto seguido es borrado luego en el mismo Código permitiendo a los empresarios no pagar la participación en las utilidades y reemplazarlas por la gratificación legal.

El Cobre y la explotación de las demás riquezas naturales tienen que ser renacionalizadas, permitiendo al estado financiar el gasto social, que incluya los derechos básicos como la salud, la vivienda, la educación en todos los niveles, y la previsión en lo que corresponda al estado.


Es urgente llevar adelante una reforma tributaria, garantizando que los que más tienen y ganan paguen más impuestos. En particular hay que terminar con el FUT, un mecanismo que permite que los empresarios eludan los impuestos que les corresponden.



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