Chile - La AFP estatal no mejorará las pensiones.
Patricio Guzmán S.
El pasado 15 de junio de 2016 nos levantamos con la noticia que a partir del 1 de julio las pensiones
caerán en promedio un 2%, como consecuencia de la publicación de las nuevas
tablas de mortalidad publicadas por la Superintendencia de Pensiones y la Superintendencia de Valores y Seguros, que
se actualiza cada 5 años para el cálculo de las pensiones. Según estas nuevas
tablas “aquellas mujeres que ya tienen 60 años, vivirán en promedio hasta
los 90,31 años, 1 año y 2 meses más respecto de las tablas vigentes. Por su
parte, se estima que la esperanza de vida de los hombres, en promedio,
alcanzó los 85,24 años, 7 meses más respecto a la medición actual.”[1]
Una de las previsiones de los expertos para las pensiones futuras es que las magras jubilaciones que
ahora bordean un tercio de los salarios de los pensionados, seguirán cayendo, y
sus montos llegarán al 20% de los últimos salarios en los próximos años, y
dentro de 20 años probablemente apenas
al 15%.
La propia presidenta Bachelet dijo que una AFP estatal no solucionaría el
problema de las bajas pensiones, cuando presentó la iniciativa por primera
vez. En su discurso del 21 de Mayo, Bachelet
anunció que aceleraría la tramitación del proyecto de la AFP estatal. Según
ella la AFP estatal “traerá más competencia, menores costos de administración y
menor cobertura”, levantando sin decirlo explícitamente la expectativa de que
mejorarían las pensiones.
No obstante de acuerdo con el proyecto de ley la AFP estatal competirá con
las mismas regulaciones y condiciones que las AFP privadas que ahora existen,
operando en los mismos mercados especulativos, bajo la lógica de la capitalización
individual. No hay ninguna razón para creer que obtendrá mejores resultados de
sus inversiones en los mercados financieros, inversiones de cuyo desempeño
dependen en la actualidad los montos de las pensiones.
Mucho me temo que el directorio y los altos cargos generosamente pagados de
esta nueva AFP estatal, servirán de sinecura – o sea de cargo bien remunerado
con poco o nada de trabajo – para una lista de políticos y dirigentes
sindicales obsecuentes fracasados, y de dudosa capacidad técnica en el dominio
de las Pensiones y la Seguridad Social.
Según los últimos datos disponibles de la Superintendencia de Pensiones[2],
la pensión de vejez mensual promedio de Retiro programado que pagan las AFP
está en $118.908 pesos, y la pensión de vejez de Renta Vitalicia que en
promedio que pagan las Compañías de Seguros de Vida tienen un monto de $293.255
mensuales. El promedio mensual de pensiones de vejez del sistema llega apenas a
$ 186.077 pesos.
De acuerdo con la última información oficial, hay 10.073.696 de
trabajadores afiliados al sistema, pero solamente cotizaron 5.223.261 personas,
es decir apenas el 51,85% cotiza.
La remuneración promedio de los
trabajadores que cotizan es de $709.244 Pesos.
Es decir la pensión promedio del sistema alcanza un magro 26,23% del promedio
de los salarios de los trabajadores que cotizan. Detrás de estas cifras demoledoras hay
personas mayores que deben enfrentar la pobreza al jubilarse.
Lamentablemente una AFP estatal no va
a ayudar a resolver este drama. El nudo central del problema de las
malas pensiones es la capitalización individual en las bolsas, en un periodo de
creciente volatilidad de los títulos y de pérdidas recurrentes. El sistema de
AFP no fue diseñado para dar buenas
pensiones, sino para fortalecer el
mercado financiero, haciendo de correa de transmisión entre el ahorro forzoso
de los trabajadores y disponiéndolos como capitales a los que pueden acceder las grandes empresas
que cotizan en bolsa, a tasas bajas.
Los Bancos y grandes grupos económicos que se han beneficiado de los
ahorros forzosos gestionados por las AFP, podrán seguir haciéndolo con una AFP
estatal. El propio José Piñera, impulsor de este modelo previsional bajo la
dictadura, se congratuló en su momento, porque el anuncio de un proyecto de ley
de AFP estatal de acuerdo con él no hace otra cosa que legitimar el modelo de capitalización individual. Para
nada se trata de una especie referéndum contra el sistema de AFP, en que los
trabajadores podrán votar cambiándose de empresa de fondos previsionales, el
sistema seguirá perfectamente igual.
A pesar de las grandes
pérdidas que han tenido los fondos previsionales desde la gran crisis
financiera de 2008 los Fondos de Pensiones acumulan USD $163.271 (millones de dólares), al 30 de abril
de 2016, aproximadamente el 63% del PIB
de Chile. Una enorme cantidad de dinero que debería usarse para pagar mejores
pensiones.
Todas las pensiones pagadas en abril de 2016, sumaron $ 231.315 millones de pesos (345 millones
de dólares), las cotizaciones en cambio sumaron $370.456 millones de pesos (553
millones de dólares) queda un margen importante para aumentar inmediatamente
las pensiones si el sistema fuera de reparto y solidario: Esto es que con la
recaudación de los trabajadores activos se pagan las pensiones de los jubilados.
Lo único que puede garantizar un sistema previsional sustentable que
garantice mejores pensiones, es terminar con las AFP y la lógica de la
inversión en mercados de capitales de los fondos ahorrados, y reintroducir un
sistema previsional de reparto y solidario cuya función principal sea pagar
pensiones, no apostar en los casinos bursátiles.
¿Por qué acelera el gobierno
el proyecto de AFP estatal?
Si una AFP estatal no significa que mejorarán las pensiones, ¿Por qué la
impulsa el gobierno?
La popularidad del gobierno está en caída libre, golpeada por la mala situación económica, el aumento de la precariedad del empleo y
también de la cesantía, y las “reformas
estructurales” fracasadas y boicoteadas incluso desde sectores de la propia
Nueva Mayoría. El propio ejecutivo que las desfigura y renuncia a ellas.
Incluso la gratuidad de la educación superior ha quedado reducida a una promesa futura puramente de
palabra, sin compromiso legislado y dependiendo de si aumenta el PIB en un 1% o
3% adicional en los próximos años. El gobierno de la Nueva Mayoría desesperado
ante la desafección del grueso de la población y los previsibles malos
resultados electorales, busca alguna medida de reforma “progresista” sobre la
que construir nuevamente un “relato” de mejora social a favor de las grandes
mayorías, que no implique tensiones con el gran empresariado ni gastos
importantes.
Por otro lado, ante el rechazo ampliamente mayoritario de la población, las
propias AFP, los bancos y los grandes conglomerados económicos ya han aceptado
que es casi inevitable introducir la AFP
estatal con la esperanza de ganar
algunas décadas adicionales para el sistema. El gobierno trata de nuevo de chutar
el problema hacia adelante, con un placebo para ganar tiempo.
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