Escrito por Vanessa.
Las mujeres chilenas son las más
precarizadas y explotadas en nuestra economía. También son las más afectadas
por la pobreza (19,3%).
Precarizadas, porque ellas ocupan la
mayor parte de la economía informal, casi invisible, naturalizada como
manualidades, cuidados del otro, trabajos temporales, ocupaciones no
remuneradas en empresas familiares… Con situaciones laborales flexibles, a
honorarios, o comisionistas con los sueldos base más bajos. Disponibles para
ser obligadas a dejar su carrera, faltar a su trabajo, reducir sus horas, ser
despedidas porque supuestamente su sueldo no es el más importante para el hogar
(se le piensa suplementaria, una trabajadora barata a quien se puede pagar
menos….)
Explotadas
como cuerpo, no
sólo se consume su energía vital, sino que se les exige un cuerpo estándar: “buena presencia”, uso de ropa
inadecuada e incómoda (tacos, faldas cortas, blusas ceñidas). Su cuerpo
determina el repertorio de ocupaciones en que pueden emplearse, y el cuerpo y
su edad restringen progresivamente ese repertorio y la posibilidad de ser
contratadas. No sólo en cuanto a la división tradicional de tareas acorde al
género, sino que ciertos patrones corporales les abren o cierran ciertas áreas
laborales, de acuerdo a si responden al modelo esperado.
Además, en el espacio de trabajo las
mujeres son maltratadas por su cercanía o distancia a un cuerpo no normativo:
se les abusa incluso (también sexualmente), se comercia con su cuerpo de niña o
de adulta de forma directa (prostitución) o indirecta (como objeto que da valor
agregado, al estar disponible mientras se realiza la transacción principal), se
le carga la previsión y la salud. Y siguen siendo responsables de una doble
jornada laboral, al deber hacerse cargo de la economía productiva y
reproductiva doméstica.
Explotadas
como mano de obra, realizando
trabajos por menos salario a pesar de tener igual o mayor mérito que un hombre.
Con límites subjetivos al ascenso o “discriminación vertical”. Cargada de
“costos asociados” sólo por ser mujer. Disponible para diversas formas de acoso
laboral y sexual. También su condición de debilidad en el marco de las
relaciones de pareja es aprovechado como factor productivo (“una mujer separada con hijos vende lo que sea”)
Las instituciones sobre todo púbicas,
cuando toman conciencia de su realidad económica adoptan una actitud asistencialista y paternalista que
refuerza el modelo de mujer ideal. Con ello, las mujeres son sometidas a varias
formas de violencia simbólica al intentar acceder a beneficios.
Discriminaciones basadas en su situación de pareja, si tuvo más de una pareja,
si tiene o no hijos, su entrada o no al mercado laboral, se le demanda un
hombre responsable detrás, por ejemplo. Se refuerza la idea de que ellas son
limitadas, flojas, inconstantes, emocionales y despreocupadas, y su carácter de
“ciudadanas incapaces”, imperfectas, a las que hay que proteger o atender por
su incapacidad de autosostenerse.
Tal
como señala el economista Gonzalo Durán de Fundación Sol,
“una verdadera agenda debiese centrarse en
consideraciones de calidad de trabajo: políticas que apunten a cerrar las
brechas de ingresos (asumiendo que ello significará reducir la tasa de ganancia
de otra persona o empresa) y preocuparse en especial de la discriminación
grosera que tiene el sistema de AFP (a mismo fondo acumulado, un hombre recibe
un tercio más de pensión que una mujer)
[…y] Atacar de manera decidida el subempleo en general y de las mujeres
en particular, que en la última medición INE llegó al 52% del total de trabajos
de tiempo parcial”
Pero sobre todo, una perspectiva de
políticas públicas con enfoque de
derechos, que considere a las mujeres beneficiarias en cuanto a titulares y
no a carentes, en cambio, contribuiría a cambiar esta relación dentro de la
economía del bienestar social. Y en algunos casos, esto no implicaría
necesariamente diferenciar entre hombres y mujeres, sino que cambiando la forma
de enfocar la necesidad, ofreciéndola como derecho del y la ciudadana en vez de
como oferta asistencial para las mujeres, se producirían cambios deseables en
las relaciones entre los géneros, al alterar un factor que genera asimetría
entre ellos como pareja a la vez que reduce la autonomía económica de uno de
ellos.
Un ejemplo claro en este sentido son las
guarderías: el Estado debería proveer de guarderías con horarios extendidos, por territorio e incluso
en instituciones públicas (por ejemplo, en universidades, bibliotecas,
gimnasios comunales…) y éstas deberían estar accesibles a hijos e hijas de
hombres y mujeres. Los cuidados postnatales deberían ser cargo universal (de
hombres y mujeres como titulares de beneficio estatal en cuanto ciudadanos). Y
los costos asociados deberían ser asumidos por el Estado con contribuciones de hombres
y mujeres por igual. La previsión también debería ser solidaria entre los
sexos, independiente de quién vive más.
La
economía capitalista neoliberal nutre e incentiva la asimetría entre los sexos.
La división sexual del trabajo y la subordinación y explotación del trabajo
femenino, es parte de los elementos diferenciales perversos que se utilizan
para generar ganancia, minusvalorando la creatividad y el esfuerzo de las
mujeres, ofreciéndoles dentro de los bajos valores asignados al trabajo en
Chile, el más bajo a las mujeres, sólo en virtud de su condición sexual, y no
de su mérito.
Después de todo, actualmente las mujeres
chilenas en educación las mujeres están superando ya a los hombres en la
educación superior (En IP sobre el 57%, en CFT 62%,
en Universidades Privadas 60%, son mujeres, según estadísticas del CNE),
titulándose en mayor cantidad (6 de cada 10 titulados en carreras
exclusivamente universitarias), antes, y con mejores resultados académicos que
sus compañeros varones, a pesar del fuerte sesgo de género que los expertos han
reconocido en la primera barrera de entrada a este nivel formativo, la PSU.
Sus capacidades, a pesar de su
mérito, son desaprovechados. Los cargos académicos, los espacios de opinión en
columnas y medios de comunicación (83%), los postgrados (60%) y la dirección de
la mayor parte del poder ejecutivo, legislativo y directivo (70%) también se
concentra en los hombres.
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