Chile - La Casta Política busca escamotear un verdadero Proceso Constituyente.
Patricio Guzmán S.
Las instituciones y los grupos económicos chilenos están por los suelos,
ninguno se salva de un veredicto ciudadano lapidario. Para responder a su estrepitosa caída en las
encuestas, que se aceleró después del caso CAVAL en que está involucrado su
hijo y su nuera, la presidenta Bachelet anunció un “Proceso Constituyente”. La
mayor parte de la casta política, a regañadientes, se ha visto obligada a aceptar la necesidad de
una nueva Constitución. El método democrático
para redactar y aprobar una Carta Magna es el de la Asamblea Constituyente, elegida
sobre la base del sufragio universal. Algunos ingenuos creyeron oír eso en el
ambiguo discurso presidencial que anunciaba el “proceso”. Pero no, la casta
política trata de pasar por Proceso Constituyente, a comisiones de expertos, o al
propio congreso, y reducir la deliberación ciudadana a reuniones controladas no
resolutivas.
No da lo mismo cualquier método. Los
grupos de poder político y empresariales temen que se “ponga en duda el derecho
a la propiedad” si se convoca la
Asamblea Constituyente. Hay que decir que se trata de su peculiar manera de
entender el derecho a la propiedad que se concentra en manos de muy pocos,
mientras mes a mes nos expropian de parte de nuestros salarios con sobreprecios
de oligopolios y ahorro forzoso para las AFP.
Desde hace años en Chile se suceden los escándalos, las colusiones entre
políticos y grandes grupos empresariales, y las colusiones entre empresas. Navieras,
pollos, farmacias… la última es la colusión del “papel confort”, que afecta a
CMPC – el grupo Matte propietario del banco BICE – coludida durante 10 años con
la empresa SCA, de capitales suecos.
Nos han vendido el relato que Chile tiene una economía de “libre mercado”,
es falso. Lo que tenemos son oligopolios, y por eso Santiago es hoy una
ciudad más cara que Londres. 4 bancos dominan el 86% del negocio bancario, 4
AFP controlan el 95% del giro, 5 aseguradoras concentran el 56%, 2 empresas
controlan el 85% del mercado del papel higiénico, , 3 tiendas retail el 86%, 3
supermercados el 90%, 4 empresas de alimentos y bebidas tienen el 80% de
participación en el negocio, 1 distribuidora de combustibles el 60%, 3
farmacias el 97%, 3 compañías de telecomunicaciones el 97%, 3 constructoras el 84%,
7 clínicas el 79%, 3 empresas de vinos el 88%.[1] No les basta ser gigantes, se coluden para
evitar el ingreso de competidores y mantener los precios altos.
La participación en la distribución de la riqueza en Chile, incluyendo las utilidades
del capital (pero no las utilidades no retiradas de las empresas que suman un
PIB anual) es impresionante por lo desigual. Según datos promedio del período
2005 - 2010, el 1% más rico se queda con
el 30,5% de los ingresos, el 0,1% más rico recibe el 17.6% , y el 0,01% más rico el 10,1%.[2]
El sistema de salud público está al borde del colapso, y también el privado
con las Isapres, es considerado abusivo por la gente. La promesa de los 20 hospitales terminados, 20
comenzados y 20 planificados, quedará en promesas vanas de los políticos en el
gobierno. No se construirán.
Las pensiones del sistema de AFP continúan deteriorándose inexorablemente.
Otorgan pensiones miserables pero siguen muy eficaces como mecanismo para
transformar el ahorro forzoso de los asalariados en capital que enrique ce a grandes grupos económicos.
La colusión, las AFP, la corrupción política, la delincuencia de lumpenes y
de “cuello y corbata”, la concentración
indignante de la riqueza, son parte de un modelo que está destruyendo las bases
de nuestro país. Todo está coronado jurídicamente por la Constitución del 80
que nació con la rúbrica de Augusto Pinochet, sin soberanía popular durante la
dictadura, que ahora tras las reformas de los 90 lleva la firma de Ricardo
Lagos. Para refundar nuestro Chile a
favor de las grandes mayorías, de la gente de trabajo y sus familias, es
necesario terminar con la constitución actual cuyo eje es garantizar el derecho
de propiedad, y las libertades de empresa y promulgar una nueva Constitución
que garantice los derechos sociales y humanos, y las diferentes formas de
propiedad social, por sobre los derechos a la propiedad privada. Una Constitución que proclame el derecho a la
educación, la Seguridad Social, la vivienda, y la libertad para organizarse y negociar
colectivamente. El único método que nos parece legítimo para discutir un Texto
Fundamental es convocar al pueblo soberano a una Asamblea Constituyente, por
primera vez en la historia de Chile.
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