El parlamentario del Socialist Party se enfrenta al cargo de detención ilegal por protestar contra las tasas de agua
14/08/2015, reporteros de Socialist Party (CIT en Irlanda)
En la noche del 12 de agosto varios medios de comunicación nacionales informaron de que se presentarán cargos contra 23 personas del barrio obrero de Jobstown en Dublín, incluyendo a Paul Murphy, parlamentario irlandés, y a los concejales Kieran Mahon y Mick Murphy de la Alianza Anti-Austeridad (AAA) y el Socialist Party. La información fue filtrada, lo más probable desde fuentes policiales, antes de que cualquiera de los acusados fuera notificado.
Los cargos están relacionas con una protesta local que tuvo lugar en noviembre de 2014, cuando una protesta con sentada retrasó el coche de la Vice Primera Ministra y Ministra de Protección Social, Joan Burton, durante aproximadamente dos horas, e incluyen alegaciones de desórdenes violentos, daño criminal y detención ilegal. Estos cargos son extremadamente serios. Por ejemplo, la detención ilegal puede ser penada hasta con cadena perpetua. El caso será juzgado en la Corte de Circuito, lo que significa que decidirá un jurado, en lugar de un juez. No está claro cuando comenzarán los juicios, y podrían darse después de las elecciones generales. Lo que es incuestionable es que serán los juicios políticos más significativos en Irlanda en décadas.
En respuesta a estos acontecimientos, representantes de la AAA han condenado esta decisión como claramente motivada políticamente. Aparecen cuando las encuestas de opinión son lúgubres para el gobierno y cuando sus planes de implementar las tasas de agua están en ruinas, después de no pasar el test del Eurostat (una parte central de su modelo de financiación) y con un impresionante porcentaje de boicot al pago del 57% en la primera factura.
En febrero, durante un periodo de 2 semanas, 40 personas de Jobstown fueron detenidas en redadas al amanacer con fuerzas excesivas de la Garda (policía irlandensa). Estas acciones no convencionales tenían obviamente la intención de aterrorizar a las comunidades para que no realizaran protestas efectivas contra la "Ministra de Protección Social" (la líder del Partido Laborista es vista popularmente como la culpable de ataques a las secciones más pobres de la sociedad, particularmente beneficiarios de ayudas sociales y familias monoparentales), y enviar un aviso a toda la clase trabajadora para no seguir el ejemplo de Jobstown.
El acto de filtrar informes vagos sobre posibles cargos a los medios de comunicación también tiene la intención de provocar el miedo de las comunidades en protesta. También contradice los anteriores argumentos espurios de que los sospechosos presentaban "riesgo de fuga" y que se dieron para justificar las redadas al amanecer.
La protesta relacionada con estos cargos fue un acontecimiento significativo en el movimiento de masas que ha tenido lugar contra las tasas del agua el año pasado. Ésta involucró a 700 personas del barrio que se concentraron en una escuela donde la ministra estaba dando una presentación, después de que se extendiera la noticia de que se encontraba en la zona. Además de la indignación por las tasas del agua, existe una ira comprensible en Jobstown, que ha sido completamente abandonado por los dirigentes políticos durante muchos años, y traicionado por el Partido Laborista que ha tenido tradicionalmente un gran apoyo aquí.
Pero estos acontecimientos, y la reacción violenta del sistema, reflejan la polarización de la sociedad irlandesa entre los más afectados por la austeridad y aquellos que se han beneficiado de ella, y también muestran el grado en el que se ha descompuesto el Partido Laborista. La perspectiva de un juicio del que Joan Burton será un testigo clave testificando contra las víctimas de sus salvajes políticas de austeridad, y en el que el derecho fundamental a la protesta será el tema político principal, solamente significará que el odio al Partido Laborista se enraizará.
La Alianza Anti-Austeridad junto con la comunidad de Jobstown lanzará una gran campaña política por la supresión de los cargos contra los manifestantes. Hará de este tema un asunto fundamental en las elecciones generales, junto con las tasas del agua y las políticas de austeridad. Si efectivamente se llega a juicio nos aseguraremos de que la austeridad se siente en el banquillo y defenderá el derecho a la protesta efectiva.
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