Chile - La “Normalización” del Comité Político y del Ministerio del Trabajo en el Gabinete de Bachelet.

Posted by Nuestra publicación: on miércoles, mayo 27, 2015

Patricio Guzmán S.
Lo primero que llama la atención cuando se ve la composición del gobierno tras el cambio de ministros, es que el tema de la corrupción no parece haber sido el central para el reordenamiento, pues permanecen algunos de los cuestionados, y el cambio en muchos casos se limita a “las sillas musicales”.  El sello del nuevo gobierno es el de dar “tranquilidad” y garantías a los grandes grupos empresariales, que dominan la economía chilena. En  los ministerios principales, gente de confianza y con una clara orientación pro empresarial son los ministros del actual gabinete. Así el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, reemplazante del ministro Arenas – el primer ministro de Hacienda en ser removido en medio de la gestión de un gobierno desde el fin de la dictadura - que fue economista jefe para América Latina del banco de inversión Barclays Capital en Nueva York, subdirector del departamento Europeo y para las Américas y jefe de misión para Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y fue nombrado presidente del Banco del Estado en 2014, fue recibido con alborozo por los gremios empresariales ya la prensa de economía y negocios. Al ministro Valdés, se suma el núcleo del gobierno, el llamado Comité Político: Jorge Burgos   (DC) en Interior reemplazando al complicado Peñailillo. Jorge Insunza (PPD) en la Secretaría General de la Presidencia, Marcelo Díaz (PS) se hizo cargo de la Secretaría General de Gobierno.
Se ha hablado de la captura del gabinete por los hombres de Enrique Correa en el gobierno. Correa, el lobbista dueño de Imaginacción, está asesorando en la crisis por el financiamiento ilegal de la política a Penta y SQM. Jorge Insunza fue Gerente Comunicación Estratégica de Imaginacción hasta el 2013. Marcelo Díaz, que hasta su ingreso en el gabinete era el embajador de Chile en Argentina, y es considerado hombre de confianza de Enrique Correa, participó en otra empresa de este último, Proyectamérica. Además, el hijo de Correa, Carlos, trabaja en la Secretaría de Comunicaciones.
Tranquilizar al empresariado por la Reforma Laboral.
A pesar de su contenido pro empresarial, que numerosos sindicatos (como la Confederación de Sindicatos Bancarios) y académicos especialistas en derecho sindical han explicado y denunciado, empezando por la flexibilidad mayor que introduce incluso con la posibilidad de pasar por sobre los derechos fundamentales de la legislación del trabajo, la idea misma de una reforma anunciada para “emparejar la cancha” ha hecho sobre reaccionar a los grandes empresarios, su mayor temor es el precedente que se creará después de tres décadas de inmovilismo, y la discusión que se ha abierto entre sectores de los trabajadores, sobre la necesidad de una reforma real que incorpore la negociación por rama, con el apoyo de importantes juristas.
El nombramiento de la ex senadora Ximena Rincón (DC), vinculada con las AFP pretende dar garantías a los empresarios, que la Reforma Laboral no se saldrá de su “espíritu original”, como ha señalado el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés,  Hasta el reordenamiento del gabinete, que siguió a un proceso de desgaste de cerca de un año, con la disminución del apoyo a la presidenta Bachelet y a su gabinete, junto con el desprestigio generalizado de toda la casta política, Ximena Rincón (DC) era Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, con el reciente cambio de la composición del gobierno, pasó a ser Ministro del Trabajo.
Rincón no está libre de denuncias de posible corrupción y relación con SQM, la empresa que controla Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, y que junto con Penta han estado por meses en las denuncias por financiamiento ilegal de la política. El Centro de Estudios, vinculado con la DC, emitió boletas a SQM, y entre 2007 y 2010 cuando la presidenta de la institución era la actual Ministra del Trabajo.
Un nuevo ministro que ha levantado polémica es Marco Barraza (PC), que recientemente dejó de ser Subdirector de Previsión del Ministerio del Trabajo, y fue nombrado Ministro de Desarrollo Social. Barraza está implicado en el affaire de la Universidad ARCIS. Según han denunciado los medios, utilizando la inmobiliaria de Libertad s.a., figura que han usado muchas universidades privadas, Barraza autorizó el retiró de capitales de la Casa de Estudios, lo que estaría en el origen de su crisis económica.   El Ministro era miembro del directorio del Instituto ICAL, vinculado al PC, y uno de los controladores de la Universidad.
Los estudiantes afectados por el descalabro de la Universidad ARCIS, han calificado de “una verdadera burla”, el nombramiento de Marco Barraza como Ministro.
Ximena Rincón, da garantías a los grandes grupos económicos y especialmente a las AFP. Durante el gobierno de Ricardo Lagos, la Ministra del Trabajo fue nombrada Superintendente de Seguridad Social, y luego Intendenta de la Región Metropolitana, antes había sido senadora. En 2006 dejó la administración pública y pasó a formar parte del directorio de la AFP Provida, junto con el también ex senador PS, José Antonio Vera Gallo.  Así Rincón pasó de reguladora a parte comprometida con las AFP, justamente la incorporación de ambos se llevó a cabo cuando se discutió la reforma previsional durante el primer gobierno de Bachelet, por lo que Rincón fue acusada de hacer lobby a favor de las administradoras de pensiones por otros DC.
“No es casualidad que cuando vamos a ver una reforma previsional, que va a ser uno de los ejes importantes de este Gobierno, dos personeros, como (José Antonio) Viera-Gallo y (Ximena) Rincón, pasen a ser partícipes de ese tipo de empresas”, dijo en la época la diputada Alejandra Sepúlveda, de la DC, sin embargo frente a las críticas declaró que no estaba arrepentida de participar en el directorio. En 2008 Rincón declaró: “La verdad es que no me arrepiento, era una tremenda oportunidad, es una empresa de seguridad social que administra beneficios de seguridad social”.
De acuerdo con la OIT, los principios fundamentales en seguridad social, son los siguientes: Solidaridad, Universalidad, Participación e Igualdad. Para no aburrir a los lectores voy a desarrollar brevemente solamente dos principios de la Seguridad Social: la Solidaridad y la Igualdad.
La OIT sostiene que el principio de solidaridad es central para determinar si un sistema puede ser considerado de Seguridad Social, o si por el contrario es un sistema de seguros privados que atiende contingencias de Seguridad Social. “El principio de solidaridad se define en cuanto cada cual aporta al sistema de seguridad social según su capacidad contributiva y recibe prestaciones de acuerdo a sus necesidades, lo cual constituye una herramienta indispensable a efectos de cumplir con el objetivo esencial de la seguridad social: la redistribución de la riqueza con justicia social. La solidaridad implica la del sano con el enfermo, la del joven con el anciano (intergeneracional u horizontal), pero también entre las personas de diferentes ingresos, de los que más tienen a los que menos tienen (intrageneracional o vertical), incluso solidaridad geográfica entre regiones con más recursos y otras más pobres.”  El sistema de capitalización individual no está basado en la solidaridad, simplemente cada cual ahorra para su propia vejez, y estos ahorros son invertidos por las AFP.
El principio de la Igualdad implica que “todo ser humano como tal tiene el derecho a la Seguridad Social prohibiéndose toda clase de discriminación en cuanto a raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”,  es decir está contemplada  la igualdad de género”.  En Chile, el sistema de AFP discrimina a las mujeres quienes reciben pensiones notablemente menores que los varones.
Solamente un político neoliberal convencido como Ximena Rincón, podría declarar que el sistema de seguros privados, que liquidó y reemplazó la Seguridad Social en el área previsional durante la dictadura es una empresa de seguridad social.  Las AFP son un sistema de ahorro forzoso a favor de la acumulación de los mercados de capitales, que han resultado en un gran éxito para los grandes grupos económicos que acceden a fondos baratos y de flujo continuo, y que además han revertido pérdidas cargándolas a los fondos de los trabajadores en caso de necesidad. Desde el punto de vista de los trabajadores que acceden a pensiones miserables al jubilarse el sistema es un desastre que nada tiene que ver con los principios de la seguridad social.
La salida de Marcos Barraza (PC) de la Subsecretaría de Previsión, también debe ser interpretado como un gesto a las AFP y los grupos económicos. En nuestra opinión Marcos Barraza fue nombrado Subsecretario para volver a dar credibilidad a un sistema  ampliamente desacreditado. Para darle un poco de respiración artificial a las AFP, impulsando la AFP Estatal. Con la propuesta de AFP estatal, la Nueva Mayoría busca garantizar el sistema por varios años más a pesar de su extendido descredito.
Sin embargo, para mantener la credibilidad Marco Barraza tenía que dar señales de autonomía, respecto de las AFP. Así por ejemplo, en una columna de opinión el subsecretario de previsión social, develó que el 70% de las pensiones se paga con aportes del estado y solamente el 30% las paga el sector privado. “Es un dato que impacta, pues no obstante la preeminencia institucional del modelo de capitalización individual, en Chile, siete de cada $ 10 pagados en pensiones corresponden a gasto público.[1]
Además la Dirección de Estudios de la Secretaria de Previsión Social, publicó en noviembre pasado una nota técnica, con el título “Los costos de las comisiones pagadas por los cotizantes en el Sistema AFP”.[2]  Además de la comisión normal que se transparenta en las cartolas, y en la información habitual de la superintendencia de previsión, hay otra comisión – menos transparente – cuya importancia quedó clara con la publicación de la NOTA TÉCNICA Nº1, que mencionamos antes. El Decreto Ley 3.500 que creó el sistema de AFP durante la dictadura, en su artículo 45 bis, autoriza a las AFP, en caso de invertir en el extranjero o en fondos mutuos nacionales, a cargar las comisiones que les cobren intermediarios financieros a los trabajadores cotizantes. En otras palabras, los trabajadores cotizantes pagan una comisión a las AFP para que administren sus fondos, sin embargo en los casos señalados, la AFP subcontrata la administración y paga de los propios fondos de los afiliados una nueva comisión por administrar los fondos.
Hay que destacar este último punto, la comisión que se descuenta de los fondos administrados tiene un impacto directo sobre el fondo acumulado, y por lo tanto sobre las pensiones futuras, a diferencia de la comisión normal.
Este tipo de revelaciones de una fuente oficial, incomodaron seriamente a las AFP, y a todas las grandes empresas que se benefician del sistema de fondos de pensiones, como una fuente barata y permanente de recursos de capital. Por eso el nombramiento de Barraza como Ministro de Desarrollo Social, un ministerio con un peso menor, también hay que interpretarla como una concesión a las AFP y al gran empresariado. Cierra el círculo de la Normalización del Ministerio del Trabajo.





[1] La Tercera. Sábado 15 de noviembre de 2014. Columna de Opinión. Marco Barraza. LA PARADOJA DE LAS PENSIONES EN CHILE.
[2] Dirección de Estudios de la Secretaria de Previsión Social. NOTA TÉCNICA Nº1. Noviembre 2013. LOS COSTOS DE LAS COMISIONES PAGADAS POR LOS COTIZANTES EN EL SISTEMA AFP. http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/?wpfb_dl=418rel=