Chile - La “Normalización” del Comité Político y del Ministerio del Trabajo en el Gabinete de Bachelet.
Patricio
Guzmán S.
Lo primero que
llama la atención cuando se ve la composición del gobierno tras el cambio de
ministros, es que el tema de la corrupción no parece haber sido el central para
el reordenamiento, pues permanecen algunos de los cuestionados, y el cambio en
muchos casos se limita a “las sillas musicales”. El sello del nuevo gobierno es el de dar
“tranquilidad” y garantías a los grandes grupos empresariales, que dominan la
economía chilena. En los ministerios
principales, gente de confianza y con una clara orientación pro empresarial son
los ministros del actual gabinete. Así el nuevo ministro de Hacienda, Rodrigo
Valdés, reemplazante del ministro Arenas – el primer ministro de Hacienda en
ser removido en medio de la gestión de un gobierno desde el fin de la dictadura
- que fue economista jefe para América Latina del banco de inversión Barclays
Capital en Nueva York, subdirector del departamento Europeo y para las Américas
y jefe de misión para Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y fue
nombrado presidente del Banco del Estado en 2014, fue recibido con alborozo por
los gremios empresariales ya la prensa de economía y negocios. Al ministro
Valdés, se suma el núcleo del gobierno, el llamado Comité Político: Jorge
Burgos (DC) en Interior reemplazando al
complicado Peñailillo. Jorge Insunza (PPD) en la Secretaría General de la
Presidencia, Marcelo Díaz (PS) se hizo cargo de la Secretaría General de
Gobierno.
Se ha hablado
de la captura del gabinete por los hombres de Enrique Correa en el gobierno. Correa,
el lobbista dueño de Imaginacción, está asesorando en la crisis por el
financiamiento ilegal de la política a Penta y SQM. Jorge Insunza fue Gerente
Comunicación Estratégica de Imaginacción hasta el 2013. Marcelo Díaz, que hasta
su ingreso en el gabinete era el embajador de Chile en Argentina, y es
considerado hombre de confianza de Enrique Correa, participó en otra empresa de
este último, Proyectamérica. Además, el hijo de Correa, Carlos, trabaja en la
Secretaría de Comunicaciones.
Tranquilizar al empresariado por la Reforma
Laboral.
A pesar de su
contenido pro empresarial, que numerosos sindicatos (como la Confederación de
Sindicatos Bancarios) y académicos especialistas en derecho sindical han
explicado y denunciado, empezando por la flexibilidad mayor que introduce
incluso con la posibilidad de pasar por sobre los derechos fundamentales de la
legislación del trabajo, la idea misma de una reforma anunciada para “emparejar
la cancha” ha hecho sobre reaccionar a los grandes empresarios, su mayor temor
es el precedente que se creará después de tres décadas de inmovilismo, y la
discusión que se ha abierto entre sectores de los trabajadores, sobre la
necesidad de una reforma real que incorpore la negociación por rama, con el
apoyo de importantes juristas.
El
nombramiento de la ex senadora Ximena Rincón (DC), vinculada con las AFP
pretende dar garantías a los empresarios, que la Reforma Laboral no se saldrá
de su “espíritu original”, como ha señalado el nuevo ministro de Hacienda,
Rodrigo Valdés, Hasta el reordenamiento
del gabinete, que siguió a un proceso de desgaste de cerca de un año, con la
disminución del apoyo a la presidenta Bachelet y a su gabinete, junto con el
desprestigio generalizado de toda la casta política, Ximena Rincón (DC) era
Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, con el reciente cambio de
la composición del gobierno, pasó a ser Ministro del Trabajo.
Rincón no está
libre de denuncias de posible corrupción y relación con SQM, la empresa que
controla Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, y que junto con Penta han
estado por meses en las denuncias por financiamiento ilegal de la política. El
Centro de Estudios, vinculado con la DC, emitió boletas a SQM, y entre 2007 y
2010 cuando la presidenta de la institución era la actual Ministra del Trabajo.
Un nuevo
ministro que ha levantado polémica es Marco Barraza (PC), que recientemente
dejó de ser Subdirector de Previsión del Ministerio del Trabajo, y fue nombrado
Ministro de Desarrollo Social. Barraza está implicado en el affaire de la
Universidad ARCIS. Según han denunciado los medios, utilizando la inmobiliaria
de Libertad s.a., figura que han usado muchas universidades privadas, Barraza
autorizó el retiró de capitales de la Casa de Estudios, lo que estaría en el
origen de su crisis económica. El
Ministro era miembro del directorio del Instituto ICAL, vinculado al PC, y uno
de los controladores de la Universidad.
Los
estudiantes afectados por el descalabro de la Universidad ARCIS, han calificado
de “una verdadera burla”, el nombramiento de Marco Barraza como Ministro.
Ximena Rincón,
da garantías a los grandes grupos económicos y especialmente a las AFP. Durante
el gobierno de Ricardo Lagos, la Ministra del Trabajo fue nombrada
Superintendente de Seguridad Social, y luego Intendenta de la Región
Metropolitana, antes había sido senadora. En 2006 dejó la administración
pública y pasó a formar parte del directorio de la AFP Provida, junto con el
también ex senador PS, José Antonio Vera Gallo.
Así Rincón pasó de reguladora a parte comprometida con las AFP,
justamente la incorporación de ambos se llevó a cabo cuando se discutió la
reforma previsional durante el primer gobierno de Bachelet, por lo que Rincón
fue acusada de hacer lobby a favor de las administradoras de pensiones por
otros DC.
“No es
casualidad que cuando vamos a ver una reforma previsional, que va a ser uno de
los ejes importantes de este Gobierno, dos personeros, como (José Antonio)
Viera-Gallo y (Ximena) Rincón, pasen a ser partícipes de ese tipo de empresas”,
dijo en la época la diputada Alejandra Sepúlveda, de la DC, sin embargo frente
a las críticas declaró que no estaba arrepentida de participar en el
directorio. En 2008 Rincón declaró: “La verdad es que no me arrepiento,
era una tremenda oportunidad, es una empresa de seguridad social que administra
beneficios de seguridad social”.
De acuerdo con
la OIT, los principios fundamentales en seguridad social, son los siguientes:
Solidaridad, Universalidad, Participación e Igualdad. Para no aburrir a los
lectores voy a desarrollar brevemente solamente dos principios de la Seguridad
Social: la Solidaridad y la Igualdad.
La OIT
sostiene que el principio de solidaridad es central para determinar si un
sistema puede ser considerado de Seguridad Social, o si por el contrario es un
sistema de seguros privados que atiende contingencias de Seguridad Social. “El principio de
solidaridad se define en cuanto cada cual aporta al sistema de seguridad social
según su capacidad contributiva y recibe prestaciones de acuerdo a sus
necesidades, lo cual constituye una herramienta indispensable a efectos de
cumplir con el objetivo esencial de la seguridad social: la redistribución de
la riqueza con justicia social. La solidaridad implica la del sano con el
enfermo, la del joven con el anciano (intergeneracional u horizontal), pero
también entre las personas de diferentes ingresos, de los que más tienen a los
que menos tienen (intrageneracional o vertical), incluso solidaridad geográfica
entre regiones con más recursos y otras más pobres.” El sistema de capitalización individual no
está basado en la solidaridad, simplemente cada cual ahorra para su propia
vejez, y estos ahorros son invertidos por las AFP.
El principio de la Igualdad implica que “todo
ser humano como tal tiene el derecho a la Seguridad Social prohibiéndose toda
clase de discriminación en cuanto a raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición”, es decir está contemplada la igualdad de género”. En Chile, el sistema de AFP discrimina a las
mujeres quienes reciben pensiones notablemente menores que los varones.
Solamente un político
neoliberal convencido como Ximena Rincón, podría declarar que el sistema de
seguros privados, que liquidó y reemplazó la Seguridad Social en el área
previsional durante la dictadura es una empresa de seguridad social. Las AFP son un sistema de ahorro forzoso a
favor de la acumulación de los mercados de capitales, que han resultado en un
gran éxito para los grandes grupos económicos que acceden a fondos baratos y de
flujo continuo, y que además han revertido pérdidas cargándolas a los fondos de
los trabajadores en caso de necesidad. Desde el punto de vista de los
trabajadores que acceden a pensiones miserables al jubilarse el sistema es un
desastre que nada tiene que ver con los principios de la seguridad social.
La salida de
Marcos Barraza (PC) de la Subsecretaría de Previsión, también debe ser
interpretado como un gesto a las AFP y los grupos económicos. En nuestra
opinión Marcos Barraza fue nombrado Subsecretario para volver a dar
credibilidad a un sistema ampliamente desacreditado. Para darle un poco
de respiración artificial a las AFP, impulsando la AFP Estatal. Con la
propuesta de AFP estatal, la Nueva Mayoría busca garantizar el sistema por
varios años más a pesar de su extendido descredito.
Sin embargo,
para mantener la credibilidad Marco Barraza tenía que dar señales de autonomía,
respecto de las AFP. Así por ejemplo, en una columna de opinión el
subsecretario de previsión social, develó que el 70% de las pensiones se paga
con aportes del estado y solamente el 30% las paga el sector privado. “Es un
dato que impacta, pues no obstante la preeminencia institucional del modelo de
capitalización individual, en Chile, siete de cada $ 10 pagados en pensiones
corresponden a gasto público.” [1]
Además la Dirección de
Estudios de la Secretaria de Previsión Social, publicó en noviembre pasado una
nota técnica, con el título “Los costos de las comisiones pagadas por los
cotizantes en el Sistema AFP”.[2]
Además de la comisión normal que se
transparenta en las cartolas, y en la información habitual de la
superintendencia de previsión, hay otra comisión – menos transparente – cuya
importancia quedó clara con la publicación de la NOTA TÉCNICA Nº1, que
mencionamos antes. El Decreto Ley 3.500 que creó el sistema de AFP durante la
dictadura, en su artículo 45 bis, autoriza a las AFP, en caso de invertir en el
extranjero o en fondos mutuos nacionales, a cargar las comisiones que les cobren
intermediarios financieros a los trabajadores cotizantes. En otras palabras,
los trabajadores cotizantes pagan una comisión a las AFP para que administren
sus fondos, sin embargo en los casos señalados, la AFP subcontrata la
administración y paga de los propios fondos de los afiliados una nueva comisión
por administrar los fondos.
Hay que
destacar este último punto, la comisión que se descuenta de los fondos
administrados tiene un impacto directo sobre el fondo acumulado, y por lo tanto
sobre las pensiones futuras, a diferencia de la comisión normal.
Este tipo de
revelaciones de una fuente oficial, incomodaron seriamente a las AFP, y a todas
las grandes empresas que se benefician del sistema de fondos de pensiones, como
una fuente barata y permanente de recursos de capital. Por eso el nombramiento
de Barraza como Ministro de Desarrollo Social, un ministerio con un peso menor,
también hay que interpretarla como una concesión a las AFP y al gran
empresariado. Cierra el círculo de la Normalización del Ministerio del Trabajo.
[1] La Tercera. Sábado 15 de noviembre de 2014. Columna de
Opinión. Marco Barraza. LA PARADOJA DE LAS PENSIONES EN CHILE.
[2] Dirección de Estudios de la Secretaria de Previsión Social.
NOTA TÉCNICA Nº1. Noviembre 2013. LOS COSTOS DE LAS COMISIONES PAGADAS POR LOS
COTIZANTES EN EL SISTEMA AFP. http://www.previsionsocial.gob.cl/subprev/?wpfb_dl=418rel=
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