Por
Deborah Regina Salim, Ciências Biológicas UFRJ, Colectivo Construcción. Rio de
Janeiro, Brasil.
LSR, CIT - Brasil
Los gobiernos del PT, Lula y
Dilma, representaron uno de los mayores retrocesos en las leyes ambientales.
Como resultado de ello, vivimos una crisis ambiental que podría empeorar en
2050 y quién pagará la factura serán los trabajadores.
En el segundo mandato
presidencial de lula, el país se posicionó como la séptima economía más grande
del mundo y hacia el final del primer mandato de la presidenta Dilma, el país
logró salir del mapa del hambre. Estos números, muy celebrados por el PT, sólo
eran posibles en el corto y mediano plazo debido a una serie de cambios en las
leyes ambientales, y a infraestructuras de mega-obras que beneficiaron a los
terratenientes ya muy favorecidos.
En el primer mandato de
Lula, aunque este siempre ha defendido las políticas de crédito para la
agricultura familiar, la composición de crédito para PRONAF (Programa de
Fortalecimiento de la Agricultura Familiar) en relación con el volumen entregado
a la agroindustria ha demostrado una incoherencia entre el discurso hecho hasta
ahora por el ex Presidente, con la práctica. Las inversiones en miles de
millones de reales llegaron a 10,60% para la agricultura en 2002 y 2003 contra
89,40% para la agroindustria, en el mismo periodo; y el final del segundo
mandato en 2009 y 2010, con el 13,95% de las explotaciones familiares y 86.98%
para el agronegocio.
Además en su gobierno aprobó
la ley de GM que benefició sólo las grandes empresas de biotecnología como
Monsanto, Bunge, Cargill, entre otros, en desmedro de la agricultura familiar,
ya que los cultivos de muchos de estos pequeños agricultores están siendo
contaminados por plantas modificadas genéticamente, que les obliga a pagar
regalías a los productores de semillas modificadas genéticamente, debido a las
patentes. Además, el uso continuado de semillas transgénicas aumenta el uso de
los pesticidas debido a la aparición de plagas de cultivos más resistentes, y
contaminan los ecosistemas. Estas semillas también pueden causar graves daños a
la salud humana, ya que hay pocas pruebas de sus efectos antes de que salgan al
mercado.
Para dar continuidad a la
política de favorecer a los grandes terratenientes, fue en el gobierno de Dilma
que se produjo un retroceso de más de 30 años en la legislación de protección
de los bosques, a través de cambios en el Código Forestal. Aprobado en 2012,
incluso con una amplia discusión de los diversos sectores organizados de la
sociedad civil, la comunidad científica y los partidos políticos que se oponían
a los cambios, el presidente favorecía los intereses de los terratenientes y el
nuevo Código Forestal fue aprobado, entre otras cosas, dio amnistía a los
madereros, disminuyó las áreas protegidas para los biomas brasileños presentes
en el viejo código (APPs y LR), y creó el concepto de la tierra rural
consolidada para las propiedades rurales con ocupación preexistente al 22 de
julio 2008.
Además, en el primer mandato
de Rousseff se produjeron enormes inversiones principalmente de BNDES para
construir complejos de presas para centrales hidroeléctricas, siendo Belo Monte
uno de los más dañinos para el medio ambiente y las comunidades indígenas y
ribereñas. Argumentando aumentar la producción de electricidad en el país, con
el objetivo de ser licitados por las mismas empresas, que eran además los
principales financiadores de la campaña electoral de Dilma. Este trabajo ha
causado daños ambientales y sociales graves para las comunidades Xingu que
tuvieron que abandonar sus tierras para dar paso a la producción de energía que
muchos ni siquiera utilizan.
La gestión de Rousseff en la
presidencia también tiene una gran parte de responsabilidad en la crisis del
agua del sudeste, pues uno de los factores que más contribuyen a la disminución
de las lluvias, es la deforestación. Según el Imazon (Instituto del Hombre y
Medio Ambiente de la Amazonia), a través de la SAD (Sistema de Alerta de
Deforestación), la deforestación amazónica aumentó 290% para septiembre de 2014
en comparación con el mismo mes del año anterior. Esto produjo la disminucion
de la humedad producida por la vegetacion endojena, y como consecuencia, la
reducción de las precipitaciones en el sureste, más allá de la deforestación
local el aumento de calor en los últimos veranos también contribuyó a la
crisis.
Como si no bastase con toda
esa complejidad de la degradación social y ambiental, en el gobierno Dilma
también se produjo una intensa exploración de petróleo, lo cual es
extremadamente perjudicial para los ecosistemas marinos y aumenta la emisión de
gases de efecto invernadero a la atmósfera, lo que hace una contribución
importante de Brasil para al calentamiento global.
El informe sobre el
desarrollo de 2011 del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) advierten que los países en desarrollo disminuirán el PIB adquirido
en las últimas décadas debido al cambio climático. También informaron de que
los países con un rápido aumento en el IDH registran un aumento en las
emisiones de carbono, por la relación entre el desarrollo económico y la
degradación del medio ambiente ya que basan su economía principalmente en la
producción y venta de "commodities" que degradan los ecosistemas, así
la crisis ambiental que se irá agravando hasta el 2050, puede ser más
pronunciada en estos países, incluso pueden carecer de comida y agua.
Es necesario hacer un plan
urgente de reforestación, luchar para cambiar el Código Forestal y para
eliminar el uso del petróleo por otras fuentes de combustible y energía, que
son menos contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente y la población,
también es necesaria la lucha por la reforma agraria en el país. Además de no
permitir que nuevos gobernantes continúen este modelo de desarrollo actual que
degrada el medio ambiente y, especialmente perjudica a la clase trabajadora.
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