La lógica de nuestro sistema político está ligado al poder del dinero y a las grandes fortunas, por lo tanto los propietarios de las mismas son los que gobiernan a su antojo, para defender sus privilegios de clase. Es decir, la base del poder de decisión de la élite la encontramos en el hecho de que son los dueños de los medios de producción y de distribución de las mercancías cuya matriz será reconfigurada vía golpe de Estado para imponernos un neoliberalismo extremo. De hecho, somos el paraíso del libertinaje de los mercados donde la patronal, el 1% de nuestra población, concentra el 30,5% de la riqueza, mientras que el 70% de los trabajador@s ganamos menos de $400.000.
Los militantes de la UDI son los guardianes más fundamentalistas del régimen, están atrincherados en la defensa de cada espacio de la “obra” de la dictadura. También lo son RN, la Nueva Mayoría, etc. Protegen el conjunto del modelo: a sus instituciones y organizaciones, a diputados y senadores, a ministros y jueces; solidarizan entre ellos frente a la pérdida de legitimidad del neoliberalismo y a los casos de corrupción que involucra esa realidad porque esos actos ilegales (que atentan contra el bien común ya que implican colusión, negociados, complicidad política y todo lo demás) son funcionales a la necesidad de acumulación privada del capital. De ahí que la corrupción sea una consecuencia esperada de las relaciones capitalistas que se basan en la explotación de la mayoría en beneficio de una élite.
De ahí que eliminar la corrupción es bastante complicado porque va mucho más allá de una prédica moral. Sólo contruyendo un Chile popular, democrático y administrado por los trabajadores, las riquezas y las grandes fortunas generadas por nosotros estarán en condiciones reales de distribuir los frutos del crecimiento en favor de las mayorías. Es decir, el desarrollo significa que todos gocemos de los beneficios del crecimiento para así satisfacer nuestras necesidades. Todavía más importante es el hecho que la forma de terminar con el vínculo entre el poder y el dinero y de esa manera también con la corrupción y sus dramas, es planteando un sistema político participativo y comprometido con el bienestar.
Debemos organizarnos políticamente a través del movimiento social para ello, para desde ahí retomar la gran tarea de los trabajador@s que no es otra que la construcción de un régimen alternativo al dogma neoliberal, una forma de gobierno donde sean nuestros propios intereses los que definan las bases de la convivencia, de la elección de las autoridades, etc. Entonces, nos urge terminar con esas políticas que se basan en el libertinaje del mercado y en la explotación del esfuerzo ajeno si es que de verdad buscamos un país más transparente, donde el poder del dinero no coloque en jaque nuestra calidad de vida.
Somos un ejemplo extremo de como los dominantes ejercen el poder cuando no existen límites legales para sus demandas sectoriales, también de como la patronal intenta hacer pasar sus intereses particulares como intereses generales de la sociedad. El problema para ellos es que esto cobra la forma de una impunidad y prepotencia descarada. En ese sentido, la definición que hizo Marx respecto al gobierno del Estado moderno sigue vigente. Nos diría que éste es una “junta que administra los intereses de la clase dominante” lo que en la práctica se traduce en las boletas falsas, en aportes reservados a cambio de leyes favorables, en lobby y en la atenuación de las penas ante casos de colusión, de violación de los derechos humanos, etc.
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