Estado Español - LA ABDICACIÓN

Juan Bértiz. Socialismo Revolucionario, Barcelona

            De golpe de timón en toda regla, en un símil náutico muy del gusto de la Casa Real, se puede calificar la abdicación de Juan Carlos I el pasado 2 de junio. Estamos a todas luces ante un final de etapa, el cierre de un régimen, el de la transición, modélico para el poder establecido, que se empezó a forjar a finales del franquismo, se inició legalmente con la aprobación de la Constitución de 1978, se estabilizó a mediados de los ochenta y que ahora hace aguas por todos los lados, en una crisis económica, política y social que no sólo ha mostrado la fragilidad del modelo, sino que ha recuperado los problemas endémicos del Estado Español, como son la falta de justicia social, las relaciones no siempre pacíficas entre los diferentes pueblos y el Estado o la democratización real de la sociedad en lo que concierne a participación social y las relaciones con algunas instituciones, por ejemplo la Iglesia Católica o los grandes poderes económicos.

            Porque este último lustro indica bien a las claras que estamos ante una profunda crisis que posee aspectos trágicos, pero también cómicos, como diría Marx de la historia general, y que en España adquiere tonos esperpénticos, que no de otra forma podemos definir algunos capítulos de este enredado entuerto patrio. ¿Acaso no ha sido un verdadero esperpento que un sistema de partidos tan bien asentado, dicen, se haya derrumbado en las elecciones del 25 de mayo, con el espectacular avance de una candidatura creada ad hoc cuatro meses antes?¿O que los bancos –ese sistema bancario tan saneado y ejemplar, nos decían- reciban millones en ayudas cuando ellos son los principales responsables de la crisis, con cientos de desahucios todos los días y mientras nada menos que una cuarta parte de la población está en peligro de exclusión social? Si no fuera por la tragedia que esto significa en vidas lastradas y arruinadas, sería digno del mejor teatro del absurdo.

            Juan Carlos I ha sido el árbitro de todo esto, el símbolo –él y su regia familia- de una nueva España que, no obstante, hoy nos sabe a añeja. Seis millones de desempleados, un aumento espectacular de la precariedad y la pobreza, varios miles de españoles forzados a la emigración, niños con desnutrición, la pérdida de derechos sociales, la privatización de la sanidad, cuyo acceso se restringe no sólo a extranjeros sin permiso de residencia sino también a los españoles que no coticen lo suficiente en vez de un sistema de sanidad universal, un modelo de educación que empeora curso tras curso, una universidad pública inaccesible para miles de estudiantes que no pueden pagar las matrículas o los cursos de posgrados, imprescindibles para acceder a ciertos puestos de trabajo vinculados con los estudios… Hablamos sólo de algunas consecuencias de una intensa crisis económica, una crisis que afecta a ese país donde fue tan fácil hacerse rico –Solchaga dixit-, el de la burbuja inmobiliaria, las obras públicas faraónicas e inútiles, los kilómetros de AVE pero cierre de cercanías y medias distancias.

            Crisis económica, pero también crisis política, como lo ha demostrado el derrumbe del sistema de partidos. Más de seis millones de personas dejaron de votar a los dos partidos principales del Estado, el PP y el PSOE, pero también ha afectado a CiU, la que fue la principal expresión política del nacionalismo catalán. Por cierto, estas tres fuerzas políticas han sido hasta ahora claramente juancarlistas, sustentadoras del sistema constitucional del 78, aun cuando CiU se desmarque ahora del consenso de otrora, mera cuestión de oportunidad (¿oportunismo?) político cuando ha estallado la cuestión soberanista. Pero ya ni siquiera IU ha sido capaz de canalizar el descontento social ni la frustración ante este lamentable estado de cosas, ha sido una nueva fuerza política, Podemos, quien se ha llevado el gato al agua y EHBildu ha obtenido unos resultados más que notables en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, convirtiéndose en la segunda fuerza política.

¿Y qué decir de la corrupción? Nadie parece escapar a los cantos de sirena de la corrupción, alcaldes y concejales, ayuntamientos dirigidos por distintos partidos, altos funcionarios autonómicos, tesoreros del PP, cuadros del PSOE, de CiU e incluso de los dos grandes sindicatos, hasta el fútbol está afectado, en un país en el que no eres nadie si no dispones de una buena cuenta en Suiza. También la familia real se ha visto afectada por lo que parece ya toda una cultura de la corrupción, un yerno del Rey abdicado en el punto de mira judicial por turbios negocios que han sido la seña de identidad de la marca España.

También estalla la cuestión de las nacionalidades. Cataluña y el País Vasco siguen planteando su relación con el resto del Estado, pero esta vez además la discusión se dirime en el ámbito de la participación. Porque de lo que estamos hablando, más allá de la cuestión de la independencia o no, del interés o del oportunismo de la derecha nacionalista a la hora de poner el tema sobre la mesa, es del grado de participación popular en esta cuestión, la posibilidad de resolver el asunto en una u otra dirección mediante un referéndum y el reconocimiento de la soberanía popular para establecer esta relación, sin que la legalidad sea un obstáculo, porque no estamos hablando de los cauces legales, sino de los mecanismos democráticos.

No en vano fue la cuestión de la participación lo que se planteó con mayor intensidad en las movilizaciones del 15M. El grito de «¡No nos representan!» se convirtió en el lema principal de aquella amplia protesta que llenó las plazas de las principales ciudades españolas. La crisis había colocado al sistema en un lugar complicado y fue un aviso a navegantes, esto es, a los políticos del país, a los empresarios, a los banqueros, a los poderosos, para que se dieran cuenta del hartazgo de una población irritada ante un modelo de sociedad que nos ha excluido a la mayoría. Han pasado tres años y a todas luces estamos mucho peor y la revuelta adquiere otro tono, más contundente, como hemos visto estos días en Barcelona con el desalojo de Can Vies, que desató una semana de incidentes en la ciudad.

Este es el marco político, social y económico en el que debemos entender la abdicación del Rey Juan Carlos. No se trata en absoluto de una cuestión de salud o de cansancio físico del Monarca, lo que sería comprensible desde un punto vista humano, de modo alguno este factor ha sido determinante en el cambio de Monarca, sino que se cierra esa etapa de la transición –curiosamente hace bien poco moría otro artífice de este proceso político, Adolfo Suarez, quien presidió el cambio político tras la muerte del dictador- y con el cambio de Rey, con la entronización de Felipe VI, se intenta dar algo de luz al sistema, lanzar un mensaje esperanzador, calmar los ánimos y anunciar una nueva etapa, una nueva transición hacia la estabilidad.

El que el día mismo del anuncio de la abdicación se concentraran miles de personas en la mayoría de las ciudades para reclamar la República, o cuanto menos para que la forma de Estado se pudiera decidir democráticamente, indica que este gesto de timón llega ya tarde y que hay una población que no sólo exige cambios, sino que aboga ya de manera clara por una transformación social. Intentarán ganar tiempo, pero resulta evidente que el tiempo y la crisis juegan en contra del sistema.