Chile - Embarazo infantil y derecho al aborto.
Comité por una Internacional de Trabajadores
Un nuevo caso de embarazo infantil, de una niña abusada reiteradamente desde los siete años, ha vuelto llamar la atención sobre la ilegalidad del aborto en Chile.
Consideramos que en primer lugar es la mujer la que debe decidir sobre su propio cuerpo. En este sentido, son ellas las que deben decidir si quieren poner fin voluntariamente a un embarazo no deseado, que ponga en riesgo su salud, que sea inviable, o en caso de violación. En los casos de niñas muy menores – de 9, 10 y 11 años que han quedado embarazadas tras abusos y violaciones, está claro que estas niñas tienen grave riesgo para su salud, incluso para su vida, y debería poder practicarse un aborto.
En Chile el aborto terapéutico era legal, desde 1931. Fue la dictadura militar la que lo ilegalizó. Durante el funcionamiento de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, encargada de discutir el anteproyecto de la nueva Carta Fundamental chilena, promulgada por la dictadura militar, el ideólogo del régimen de Pinochet, Jaime Guzmán Errázuriz, trató de introducir una prohibición constitucional del aborto. Su discurso consta en las actas oficiales de la Comisión Constituyente del día 14 de noviembre de 1974:
"La madre debe tener el hijo aunque este salga anormal, aunque no lo haya deseado, aunque sea producto de una violación o, aunque de tenerlo, derive su muerte".[1] Finalmente la prohibición en el texto quedó menos brutal, estableciendo en su Artículo 19, número 1, que "la ley protege la vida del que está por nacer".
La ilegalización del aborto, apunta a criminalizar a las más desvalidas, a las mujeres pobres, a las niñas y adolescentes. Todos sabemos que la gente con recursos, se practica abortos en clínicas privadas, con toda seguridad. Es una doble moral que repugna, y que ocasiona mucho dolor y muertes innecesarias.
Nosotros estamos por el derecho a la vida buena, garantizando un buen embarazo deseado, con los cuidados médicos, psicológicos y la nutrición necesaria, al tiempo que la sociedad debe comprometerse también con asegurar condiciones de vida dignas y felices para los niños y sus madres. Seguramente de paso estas garantías también reducirían el número de embarazos interrumpidos, por chicas embarazadas y desesperadas porque saben que no pueden mantenerse a ellas y al futuro hijo, mucho mejor que leyes castigadoras.
Las leyes contra el aborto causan más muertes que las que desean evitar. En abril de 2013 murió Savita Halappanavar, fallecida en un hospital irlandés después de que los médicos se negasen a practicarle un aborto, Savita, de 31 años y embarazada de 17 semanas, falleció el 28 de octubre de 2012 de septicemia después de que los médicos del Hospital de Galway se negaran a practicarle un aborto, tras alegar que la ley impedía hacerlo mientras latiera el corazón del feto, pese a que la salud de la mujer se deterioraba.
Los datos demuestran que en países como Nicaragua, donde el aborto está completamente prohibido, se ha producido un aumento de muertes de mujeres embarazadas, tanto por abortos ilegales, como incluso por el temor de los médicos de ser juzgados por tratar otro tipo de emergencias ginecológicas. Bien conocido es también el caso de la salvadoreña Beatriz, a la que se le denegó el aborto a pesar de que su vida corría serio peligro y de que su feto tenía una malformación incompatible con la vida. Su vida valía menos que la de este feto para las autoridades de El Salvador, incluido el Tribunal Constitucional, a pesar de tener un hijo de 14 meses del que ha estado separada durante todo su periplo hospitalario, y que podría haber perdido a su madre por esta prohibición. Solamente con la presión internacional se consiguió que Beatriz pudiera tener un parto inducido (se encontraba ya entonces en una gestación bastante avanzada) para salvaguardar su salud.
Además, otros estudios realizados en EEUU indican que las mujeres que solicitaron interrumpir su embarazo y se les denegó sufren mayores porcentajes de pobreza, desempleo y empleo precario, y mayores posibilidades de tener que recurrir a los servicios sociales para sobrevivir. También, en un mayor porcentaje, permanecen con sus parejas, incluso si son víctima de violencia machista. Y si bien las mujeres que abortaron no sufren mayores porcentajes de depresión, las mujeres a las que se les denegó sufrieron mayores niveles de ansiedad durante el año siguiente.
Ideológicamente limitar el derecho al aborto significa el control sobre la sexualidad y sobre el cuerpo de las mujeres, como hemos visto antes hasta el extremo de poner en peligro su vida. Además, los embarazos no deseados pero que se llevan a término pueden llevar a situaciones de discriminación, de estigmatización en zonas conservadoras e incluso a situaciones de violencia machista. La ideología también está detrás de las palabras de Gallardón el año pasado en las que aseguraba que "La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres" (El Mundo, 28/03/2012). Este pensamiento pone a todas las madres, sea el embarazo deseado o no, en situaciones de desigualdad con respecto al hombre, ya que considera el valor de las mujeres solamente desde el punto de vista reproductivo, y justifica que caiga la carga de trabajo doméstico sobre la mujer, al igual que el cuidado de niños y dependientes.
Por último, el mayor trabajo doméstico y de cuidados se refleja en la desigualdad también económica de las mujeres: una mujer embarazada muy probablemente perderá su empleo, o intentará acceder a uno de tiempo parcial, normalmente más precarizado y con peores sueldos, que a la larga suponen también peores pensiones o prácticamente de subsistencia. A su vez, estas peores condiciones empujan las condiciones a la baja de los empleos de los hombres. Todo esto juega a favor de la clase capitalista para seguir aumentando sus beneficios, como siguen haciendo las grandes empresas en la actual situación económica.
Socialismo Revolucionario defiende el derecho universal de las mujeres a interrumpir el embarazo, si así lo deciden, de forma segura, gratuita y a través del servicio público de salud.
Pero además, debemos reclamar el derecho de tener el número de hijos que deseen, si deciden ser madres, y cuando lo deseen, derecho que está ahora claramente coartado por razones económicas y laborales. Para esto es necesario políticas completamente contrarias a los recortes y privatizaciones en sanidad y educación, que solamente sirven para aumentar la pobreza y cargar con más trabajo no remunerado a las familias en general, y a las mujeres en particular. En su lugar se deben fortalecer los servicios públicos, incluyendo medios anticonceptivos, reproducción asistida, atención a los dependientes, guarderías públicas y gratuitas, y una renta universal y pensiones dignas para todos que garanticen la independencia económica de las mujeres.
Fuera de la lógica capitalista, tomando en manos públicas y organizando democráticamente los recursos, se podrá acabar con la discriminación y con la explotación tanto de hombres como de mujeres, y garantizar estos derechos.
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