Chile - Denuncias sobre la situación de los trabajadores migrantes

Trabajadores sacan la voz y duplican denuncias por abusos laborales

Los abusos denunciados por extranjeros ante la Dirección del Trabajo se duplicaron entre 2006 y 2007. Contratos no escriturados, extensión ilegal de jornadas, descansos no respetados y cotizaciones impagas, son historias que se reiteran en los rubros de la construcción, servicios domésticos y hotelería-gastronomía.

El “perdonazo” migratorio que favorecerá a unos 30 mil indocumentados impone un nuevo desafío para las autoridades del Trabajo.

Por Pedro Ramírez, CIPER

“En Chile, cada 22 días muere un migrante, principalmente peruano, por actos de violencia relacionados con xenofobia o discriminación”.

La estadística, aportada por el Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM), impacta, además, porque sólo contempla las agresiones con resultado de muerte. César Sauñe Arias (32) es el último nombre inscrito en la nómina fatal.

Este viernes 11 el feriante peruano tuvo la mala ocurrencia de piropear a una adolescente y cuatro jóvenes le destrozaron el cráneo a pedradas en Peñalolén. “La estadística corresponde a información aparecida en la prensa.

Hicimos una presentación que llevamos al Senado donde entregamos esta cifra y causó estupor”, cuenta Diego Carrasco, director ejecutivo internacional del OCIM. Los mismos datos fueron proyectados ante el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Alejandro Goic Karmelic, hijo de inmigrantes croatas:

-Él se emocionó. Sus ojos se llenaron de lágrimas y cuando terminó de ver la presentación, recordó lo duro que fue para su propia familia asentarse en Chile. Nos dijo: “La Iglesia tiene que hacer algo” -recuerda Carrasco.

“Y alguien tiene que hacerlo”, señala el especialista, porque lo grave es que todo indica que las cifras de este año serán peores. Éstos y otros indicadores que exhibe Carrasco, hay que tomarlos en serio.

Las investigaciones del OCIM son respetadas a nivel mundial: es la institución encargada de elaborar el Informe Global de Migraciones para Naciones Unidas y su red está constituida por 135 organizaciones asentadas en 25 países.

La mirada del Observatorio es categórica: Chile firmó en 2005 el Convenio de Protección al Trabajador Migrante y su Familia, pero no ha dado pasos para adecuar sus leyes a las exigencias de ese acuerdo internacional. Dentro de las obligaciones que impone este convenio se cuentan campañas para promover la integración cultural y reducir al mínimo los brotes racistas o xenófobos que afecten a los extranjeros. Y de eso, nada.

-En 22 días más, habrá otra víctima de esta omisión -dice Carrasco. Si bien todos los especialistas concuerdan en que el proceso para regularizar a inmigrantes ilegales -que culmina el próximo 5 de febrero- es un paso adelante, también señalan que es un error aplicar “perdonazos” migratorios sin disponer en paralelo de políticas públicas sectoriales especializadas.

Inicialmente, el gobierno proyectó que unos 20 mil extranjeros podrían acogerse al beneficio, pero esa cifra se alcanzó sólo en un mes y se especula que serán más de 30 mil los inmigrantes que accederán a la residencia.

Aplicar un programa de regularización que no va acompañado de políticas de reconocimiento de derechos laborales, de vivienda, salud y educación, además de una política de integración, no va a resultar. Se lo dijimos en diciembre al presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Walker.

Le dijimos que la población migrante en Chile ya está en 2,3% y que el promedio a nivel mundial es de 0,9% a 1,3%.

La Municipalidad de Independencia dice que entre el 14% y 16% de la población de la comuna es migrante. Y eso es demasiado, ahí ya necesitan políticas concretas -afirma Carrasco.

“La gente viene a trabajar, a juntar dinero. Y donde hay más atropellos es en lo laboral”, asegura el dirigente de los refugiados peruanos, Raúl Paiba. De impecable camisa blanca, Paiba se deja caer todos los días en la Catedral para aleccionar a sus compatriotas: “Pidan el RUT del empleador, para que después puedan ir a la Dirección del Trabajo a reclamar. Vamos a colgar de las patas en este árbol a todos los peruanos que se dejen explotar”, bromea ante un grupo que está a punto de enrolarse como cargadores para un contratista.

Trabajadores vulnerables

La masiva regularización de al menos 30 mil nuevos inmigrantes anuncia una inminente presión sobre la Dirección del Trabajo. Aunque siguen siendo bajas en relación al total, las denuncias de inmigrantes se duplicaron entre 2006 y 2007. Las cifras oficiales sobre denuncias y sanciones aportadas por el Departamento de Inspección de la Dirección del Trabajo , indican que en 2006 se registraron 350 denuncias de infracciones laborales que afectaban a extranjeros, las que aumentaron a casi el doble en 2007, con 634 casos.

Aún así, sólo representaron el 0,4% del total de denuncias en 2006 y el 0,7% en 2007. Las denuncias que terminaron en sanción fueron aún menores en relación al total: 57 en 2006 (0,1% respecto del global) y 111 en 2007 (0,2%).

Fuentes de la Dirección del Trabajo señalan que la fiscalización sobre empleos de migrantes se topa con los mismos límites que la que se aplica a los nacionales: “Faltan personal y medios de transporte. No tenemos orden para descerrajar y muchas veces sabemos que en una construcción hay 15 ó 20 peruanos trabajando o durmiendo y no podemos entrar. Y cuando entramos los han sacado por otra puerta.

Quedan ahí sus herramientas, ropas, comida, frazadas, pero no son pruebas”. Según Diego Carrasco, el problema es precisamente que las autoridades igualan a los migrantes con los chilenos: -Los migrantes han de tener el amparo estatal porque tienen una especial condición vulnerable que obliga a adecuar toda la institucionalidad para darles prioridad.

Así lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además de la Convención Internacional de Protección al Trabajador Migrante y su Familia.

La respuesta de la Dirección del Trabajo debe ser la creación de una unidad destinada al tema, con recursos y que pueda solicitar la asistencia de la fuerza pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el Estado no puede alegar la carencia de instituciones para no garantizar el goce de los derechos que aseguren una vida digna a personas en condición vulnerable.

El ex fiscal de la Dirección del Trabajo y actual fiscal del Instituto de Normalización Previsional, Raúl Campusano, conoce el problema en detalle:

-Los migrantes también están en la escala de la informalidad laboral del país en que se alojan. En Chile, cerca del 30% de los trabajadores, más de un millón de personas, que deberían estar con contrato y cotizaciones al día, no lo están.

En ese evento, los inmigrantes están en una situación de no discriminación con esos chilenos. Pero a la incerteza de la informalidad los inmigrantes agregan que no tienen confianza en las instituciones. Y eso produce una vulnerabilidad mayor.

Con una tasa de natalidad estacionada en 1,9 a 2 hijos por mujer, en los próximo años la población de Chile sólo se mantendrá o, incluso, bajará, como ocurre en países desarrollados.

En ese escenario, dice Campusano, el aporte de los inmigrantes al crecimiento económico es vital: -La percepción de Extranjería, del Ministerio del Interior y de todos los que administran el candado de la frontera, es que el aporte de estos extranjeros es positivo (…) Si no estuviesen las miles de empleadas domésticas peruanas, el sueldo de este trabajo habría aumentado al nivel de los países desarrollados. Lo mismo podría aparecer en el sector de la construcción.

Y por primera vez veo que hay empleadores, en el sector agrícola, que dicen: “Seamos más liberales en materia de inmigrantes, porque nos está costando encontrar trabajadores de temporada y los ventajas comparativas del país pueden perderse”.

Si los inmigrantes volvieran a sus países de origen de golpe, “el sistema de salud público se paralizaría. No habría capacidad de recepcionar pacientes”, afirmó en diciembre pasado a El Mercurio el experto en desarrollo económico de la Universidad de Santiago, Víctor Salas, debido a que el 46% de los médicos de la salud primaria son extranjeros.

Tomando en cuenta que los extranjeros ya suman el 1% de los trabajadores que hay en Chile, en la misma nota el economista de la UC Claudio Sapelli agrega un dato de peso: una caída de 2% en la fuerza laboral podría provocar una baja de 1% en el PIB. “Si no te gusta, te vas” Juan Riccer está cansado. Ya son más de las tres de la tarde, no ha comido y el termómetro pasó de los 30 grados. Riccer ocupó la mayor parte de la mañana caminando para tratar de cobrar por un trabajo que hizo hace 15 días y del cual le adeudan dos días de labor.

Este es el segundo trabajo en menos de un mes en el que le sucede lo mismo: -Ahora tengo la visa temporaria por este beneficio de la regularización. Pero la verdad es que no nos está beneficiando, porque nos están haciendo laborar sin contrato.

Apoyados en la pared de la Catedral, un par de paisanos de Juan que esperan alguna oferta de trabajo, se suman al reclamo: “Nos llevan a trabajar por diez días y nos pagan seis o siete.

Los contratistas se quedan con nuestro dinero. Es lo mismo que si estuviéramos ilegales. La regularización de nada nos ha servido”.

-Nos ofrecieron trabajar diez días -relata Riccer- en una empresa de almacenamiento y embalaje en la que dicen trabajar para Lider. Nos venía a buscar un bus a la Plaza de Armas como a las 22 horas, embalábamos cajas con mercadería toda la noche y en la mañana nos dejaba en Mapocho. Yo trabajé cinco días, y cuando fuimos a cobrar, comenzaron con el paseo: que no había plata.

Me quedaron debiendo 30 mil pesos, dos días de trabajo, y la contadora me los ha anotado al pie de la boleta. Esta empresa está en el Parque Industrial de Pudahuel. Tengo que tomar un bus y después caminar como 25 minutos desde Américo Vespucio, arriesgando que no me paguen… Es dinero perdido y ellos lo saben.

“Ahora estamos poniendo cerámicas en un edificio. Nos lleva un contratista que nunca nos paga completo. Nos paga bien el primer día y el segundo, pero ya el tercero lo queda debiendo y el cuarto día paga el tercero, y así. Si no te gusta, te vas. Y yo necesito el dinero”, dice César, un joven peruano que vive con su mujer y dos hijos en Recoleta y que prefiere la reserva de su nombre para no arriesgar su precario empleo.

Paiba se enoja con estas explicaciones: “La gente necesita el dinero y se deja explotar. Yo les digo que denuncien porque sino, esto no va a cambiar. Pero la culpa no es del que necesita trabajar, sino del Estado que no es capaz de garantizar que las leyes laborales se cumplan”.

Riccer también ha caído en manos de los contratistas de la construcción: -En una empresa que trabaja para Transantiago hemos estado haciendo hoyos y poniendo postes para luz en Huechuraba y Recoleta.

Nos pagaban dos mil pesos por hoyo y teníamos que llevar colación. Nos habían ofrecido de 20 hoyos para arriba diarios lo que entre dos personas dejaba entre 16 mil y 18 mil pesos por día. Pero nos encontramos con cuatro o seis hoyos por día. No daba ni para sacar 4 mil pesos y aún así no nos han pagado.

Paiba dice que el tema de los sueldos impagos se ha agudizado en los últimos meses. Los peores, dice, son los contratistas de la construcción. El abuso no es novedad para Esteban Tumba, quien encabezó hasta fines de 2006 la oficina de Extranjería de la Región Metropolitana:

-Desde hace seis años, más o menos, notamos que en la construcción es donde más se producen infracciones a la normativa laboral, básicamente por los contratistas y el subempleo. Toman a un grupo en la Plaza de Armas, les ofrecen ciertas condiciones para trabajar unos pocos días y les van pagando día a día. El “trabajo negro”, como le llaman en Argentina.

Para la OCIM, además de la construcción, los rubros donde más se abusa de los extranjeros son hotelería-gastronomía, trabajadoras de casa particular y temporeros de la fruta. “Maldita, vete de mi casa” Diego Carrasco dice que “hay pocos reclamos en la Dirección del Trabajo porque el inmigrante siente temor de recurrir a las autoridades.

No va a la municipalidad y no le hace preguntas a un policía ni en Chile ni en ningún país del mundo. Si está irregular, teme la deportación; y si está regular, teme perder esa calidad porque no conoce bien la legislación y cree que pudo haber infringido una norma y lo pueden deportar”. La historia de J.V.Z. grafica lo dicho por Carrasco.

La chica limeña tiene 19 años y ya lleva dos en Chile como empleada de casa particular. No conoce bien las leyes, y sus patrones, una pareja de profesionales, le han dicho que si los deja ellos darán cuenta a Extranjería de que ya no tiene el trabajo que le permitió acceder a la visa y quedará ilegal.

-Mis jefes me han traído de Lima con un sueldo de 200 dólares, como 108 mil pesos, pero acá me enteré que el sueldo mínimo es otro. Me trajeron sólo para cuidar al niño, pero al llegar me dijeron que además tenía que hacerme cargo de la casa, de cocinar y limpiar.

Me dan el domingo libre pero debo volver antes de las 20:30. Todo se agravó el día en que se quedó mi diario junto al teléfono y la señora lo leyó. Yo había escrito, de cólera, que la señora es así, loca. Y la señora empezó a gritar… Como a las dos de la mañana el señor me tocó la puerta. Yo estaba asustada.

Fuimos a la sala y él me estaba hablando tranquilo, pero viene la señora y me dice “¡maldita, vete de mi casa ahora mismo!”. El señor me dice “quédate y mañana alista tus cosas”. Pero al otro día se fue a trabajar y yo no sabía qué hacer. Me fui donde una amiga que trabaja como a dos cuadras, la única conocida.

La señora me llamó. Me pidió que regresara. Acepté, pero les dije que iba a trabajar sólo hasta que se cumpliera la fecha de mi contrato, en febrero. El señor ha dicho que cuando termine el contrato va a ir a la migratoria a decirles que ya no trabaja conmigo y que voy a quedar ilegal.

Rodrigo Saavedra está a la cabeza de la Clínica Jurídica de la Universidad Bolivariana, la que en virtud de un convenio con el Consulado de Perú presta asesoría legal a inmigrantes. Saavedra afirma que si hay pocas denuncias laborales de inmigrantes es un efecto de la desconfianza que éstos tienen de las instituciones, y en especial, del sistema de justicia.

-Las normas de extranjería están pensadas para poblaciones más estructuradas que nosotros, como los europeos. No ha habido una reflexión profunda respecto de los procesos migratorios que provienen de países con cultura jurídica menos estatal que la nuestra. Si ese tema no se incorpora en la discusión, las políticas públicas van a estar en los códigos, pero sin efecto en la vida misma. Saavedra cuenta que le tocó compartir una mesa de trabajo con varios peruanos y uno de ellos le decía: “Hoy en Perú la gente que cree en el Poder Judicial es sólo el 9%”.

-Acá también es baja esa credibilidad, pero es tres veces eso. Los inmigrantes no llegan a resolver conflictos de manera judicial no sólo porque no hay institucionalidad o la que hay es mala, aunque ambas cosas son insuficientes en Chile -señala el abogado. El rasgo cultural que describe Saavedra es refrendado por una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Lima, publicada en noviembre pasado.

El estudio indica que la mayoría de los peruanos prefiere arreglar sus conflictos “por las buenas” antes que acudir a un tribunal y que sólo el 5% califica como “muy bueno” o “bueno” el funcionamiento de su sistema judicial. Nanas cibernautas Las regularizaciones masivas aumentan drásticamente la población que está en condiciones de ejercer sus derechos laborales. Lo que se suma a que en Chile son cada vez más los inmigrantes informados sobre las leyes.

Un proceso que corroboran las abogadas María Luisa Bravo y Maritza Hervia, de la Corporación de Asistencia Judicial, quienes trabajan en conjunto con la Clínica Jurídica de la Universidad Central, la que suscribió un convenio con el consulado peruano:

-Es muy distinto cuando atendemos a una persona que llegó hace tres meses y ha sido embaucada en varios trabajos, que el que lleva más de un año y ya se maneja. Ahora las trabajadoras de casa particular vienen más instruidas. Existe una red de información entre ellas, porque llegan con conocimiento de que tienen que exigir la “Ley Bustos” (que declara nulo el despido si hay cotizaciones impagas).

Además, el ciudadano peruano es mucho más educado que el chileno, tiene la curiosidad de comprar el Código del Trabajo y lo entiende mucho más que los chilenos -dice María Luisa Bravo. El diagnóstico de Bravo es avalado por la encuesta Casen 2006 que indicó que los inmigrantes peruanos tienen un promedio de años de estudios más alto que los chilenos: 12,1 años versus 10,1 para mayores de 15 años de edad.

-Los peruanos se manejan mejor en internet que los trabajadores chilenos que desempeñan las mismas labores. La “Pequeña Lima” (el barrio Catedral-Puente) está lleno de cibercafés y es más factible ver a una nana peruana en internet que a una chilena -grafica la abogada. Contratos no escriturados, extensión de la jornada laboral, cotizaciones impagas, descansos no respetados, inexistencia o vacíos en el libro de asistencia, son las principales causas de denuncias presentadas por trabajadores extranjeros. -Los inmigrantes son empleados generalmente por pequeños y medianos empresarios con escaso conocimiento de las normas laborales que regulan el trabajo de extranjeros.

Muchas veces tratan a los regulares como indocumentados sin derechos. Los despiden de manera injustificada pensando que no podrán denunciarlos porque serán deportados, y se equivocan -señala un alto funcionario de la Dirección del Trabajo.

Durmiendo en la calle Decenas de historias de inmigrantes indocumentados explotados y que desistieron de reclamar por temor a la deportación registra el Comité de Refugiados Peruanos. Entre ellos destaca el caso de una decena de peruanas que trabajaron durante dos meses para una contratista de Puente Alto haciendo aseo a departamentos de edificios recién construidos: No les pagaron y cuando reclamaron, la mujer les dijo “vayan a denunciarme y las deportan” -cuenta Paiba. Raúl Campusano, ex fiscal de la Dirección de Trabajo, advierte a quienes contratan a irregulares que si el inmigrante se decide a denunciarlos, el costo mayor siempre es para el empleador:

-Lo que hace la Dirección del Trabajo no es distinto a lo que sus similares hacen en el resto del mundo: adoptan una decisión pro-trabajador, independiente de lo que diga la legislación (de extranjería) y aun cuando no tenga título legal para trabajar.

Si bien deberían comunicarle a Extranjería que se está incumpliendo la legislación, la experiencia comparada de los ministerios de Trabajo y de Salud indica que no acusan a los inmigrantes. Tratan a ese trabajador como si fuera un nacional y le dicen al empleador que tiene que cumplir las obligaciones laborales y previsionales.

Campusano explica que es imposible que la deuda previsional sea cubierta por el empleador si el inmigrante no tiene RUT. Y como la visa requiere un contrato de trabajo previo, han surgido formulas intermedias para regularizar al trabajador: -Extranjería ha dicho “conforme, vamos a regular y la persona en paralelo puede venir con una oferta de trabajo y con eso le empiezo el trámite.

Mejor que la gente esté en regla a que no lo esté, así que le doy un RUT provisorio y un carné habilitándolo para realizar estos pagos”. Margarita Núñez es sostenedora de una escuela en Recoleta y reconoce que su “pecado” fue no escriturar el contrato de trabajo con el peruano Luis Poquioma.

Tal como lo describe Campusano, la Dirección del Trabajo multó a la empresaria y Poquioma recibió el amparo del Estado. De hecho, el inmigrante rehusó el avenimiento propuesto por la empresaria (un pago de 600 mil pesos) y le anunció una demanda por más de cuatro millones de pesos. Poquioma había ingresado a Chile hace dos años mediante el salvoconducto que permite a los peruanos viajar desde Tacna sólo hasta Arica.

Burló la norma y se embarcó a Santiago para reunirse con su esposa y sus dos hijos. Dice que Margarita Núñez lo empleó como rondín del colegio desde fines de 2006, pero que dejó pendiente el contrato.

-En febrero de 2007, ella me ofreció una pieza dentro del colegio para que me fuera a vivir con mi familia. Yo le insistía con el contrato, pero ella dijo que en agosto lo firmábamos. La sostenedora dice que le cedió la habitación como un gesto humanitario porque la familia no tenía dónde vivir, pero que no le dio empleo.

Asegura que le ofreció trabajo como rondín recién en agosto de 2007 y que si le dio dinero antes de esa fecha fue sólo a título de “adelantos del futuro empleo”.

El inmigrante sostiene que por las noches era rondín en la escuela y que en el día trabajó como jardinero, empleo donde fue contratado y así pudo tramitar su visa. En noviembre de 2007 presentó su caso a la Dirección del Trabajo.

Ante el fiscalizador, Margarita Núñez afirmó que en agosto Poquioma rehusó firmar el contrato de rondín porque no estipulaba el pago de los pasajes a Perú: “Eso le correspondía a su primera empleadora en Chile, no a mí”, dice.

Instalado en el par de piezas en un altillo de la población Santa Anita de Recoleta y, a falta de sillas, sentado sobre un balde, Luis Poquioma esboza una sonrisa cuando escucha la explicación de su ex empleadora:

“El día que fue el fiscalizador laboral, el esposo de ella me dijo que nos teníamos que quedar encerrados en la pieza porque habían llegado los de la subvención escolar. El contrato me lo ha mostrado por primera vez ese mismo día y no lo firmé porque no era un contrato para extranjeros. Ella entonces me despidió”.

Poquioma, su esposa y sus tres hijos (la tercera nació hace ocho meses en Chile), terminaron con sus muebles en la vereda:

-Cuando estábamos en la calle llegó la gente a preguntar. Los de la junta de vecinos pidieron ayuda a la municipalidad. Al ver a mis niños durmiendo en la calle, una vecina llamó a la prensa porque dijo que no había que aceptar estos atropellos. Le dijeron que iban para el lugar.

Nunca llegaron… Explotación en la intimidad

La Clínica Jurídica de la Universidad Central es un buen barómetro para conocer los principales problemas laborales de los inmigrantes peruanos. Atiende entre 250 y 300 inmigrantes por año y “la mitad concurre denunciando abusos laborales”, señala la abogada María Luisa Bravo.

Las principales consultas: despido injustificado y nulidad de despido por cotizaciones previsionales impagas. Otra causa de consulta permanente es la ausencia de contrato escriturado: “Y esa figura legal no es necesaria (para reclamar los derechos). Se entiende que existe contrato cuando voy todos los días; cumplo una función determinada, horarios y órdenes. Casi toda la gente viene en esa situación”, afirma Bravo. -Las trabajadoras de casa particular -agrega la abogada Maritza Hervia- se quejan de maltrato y sobreexplotación, porque no se cumplen sus horarios de descanso.

“No tenemos cultura de que el trabajador que presta servicios directos en nuestra casa debe ser valorado como cualquier trabajador. Hay relatos de personas que empiezan a las siete de la mañana dando desayunos y terminan a las 12 de la noche planchando”, señala María Luisa Bravo. Su colega Hervia complementa: -Tampoco se les respeta el descanso de día domingo y se les da otro día, lo que es ilegal. El domingo libre, además, debe iniciarse a las 21:00 del día anterior, a más tardar.

Si bien los reclamos de las trabajadoras de casa particular abundan, las abogadas tienen claro que “el área de la construcción es la más sensible”: -Se constituye una empresa para construir cada edificio. Terminan el edificio y la empresa no existe más.

Tenemos enfierradores, mamposteros, electricistas que se contratan por obra y terminado el edificio es difícil recuperar lo que no se pagó. Se acredita la relación laboral, pero no tenemos a quien perseguir. Entre sus resultados, señalan que en un 25% de los casos, los trabajadores -inmigrantes y nacionales- llegan a acuerdo con los empleadores: -Sucede que los empresarios dejan la relación con el trabajador en manos de los contadores.

Pero en el momento en que se presenta la demanda, aparece el empleador, conoce la situación y llegamos a acuerdo. En el caso de la trabajadora de casa particular hay pocos acuerdos. Es casi como un problema de familia, porque la persona entró en la intimidad de la casa. Generalmente se sigue la vía judicial hasta última instancia. Es común que la empleadora diga “no la conozco, nunca estuvo en mi casa”. Y resulta que la trabajadora tiene hasta fotos con ella, abrazada en los cumpleaños. Y los niños de la casa habitualmente las quieren. Es un drama familiar. Exigencias para abrir fronteras El Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes (OCIM) ya tomó contacto con la Sofofa para sondear la posibilidad de desarrollar un programa destinado a promover el respeto a los derechos laborales de los migrantes.

-Le dijimos que teníamos denuncias sobre vulneración de legislación laboral de empresas identificadas y que si hay migración irregular en Chile es porque hay empresarios que la están empleando -dice Diego Carrasco.

El director de OCIM, destaca que este año hubo un hito en el que muy pocos repararon: por primera vez un gremio empresarial pidió abrir la frontera para favorecer la llegada de trabajadores. Los exportadores de fruta solicitaron que en temporada de cosecha se permita a las empresas del sector superar el límite legal de 15% de temporeros extranjeros. Aunque en su momento la respuesta del ex ministro de Agricultura, Álvaro Rojas, fue negativa, OCIM no se opone, pero exige condiciones: -Se deben agregar buenas prácticas que ya se hacen en otros países, donde el Estado junto a los núcleos empresariales que han requerido migrantes crean programas integrales: especies de bolsas de trabajo acompañadas de información en los consulados sobre los derechos de los migrantes.

En España, Nueva Zelanda, Canadá, Corea y Australia existen centros de atención donde se enseña la cultura del país y el idioma. Promueven seguros médicos para migrantes, orientación para que sus familias se puedan naturalizar, asesoría sobre los bancos que cobran comisiones más bajas por enviar remesas a sus países de origen y se forman unidades en los ministerios del Trabajo que protegen sus derechos.

En marzo, OCIM espera hacer público un informe con los 73 puntos de la legislación chilena que limitan la migración: “Vamos a pedir que se deroguen”, promete Carrasco. Y agrega otro compromiso: -En el primer semestre de este año, Chile debe entregar un informe a Naciones Unidas sobre la situación de los migrantes. Vamos a estar vigilantes de ese informe y ya estamos construyendo el contrainforme”.

Las mafias de los “tramitadores”

La organización ProAndes trabaja en convenio con el Consulado de Perú en Santiago y atiende mensualmente a unos 350 inmigrantes, no sólo peruanos. “Ha aumentado mucho el número de ecuatorianos y colombianos”, dice Carolina Huatay, su presidenta.

Uno de los principales problemas que ProAndes ha detectado en el ámbito laboral radica en la exigencia de contar con contrato para solicitar la visa:

-Esta visa -explica Huatay- exige al migrante tener un empleador dispuesto a firmar un contrato con cláusulas especiales que le obligan a pagar los pasajes de regreso al trabajador y su familia, además de esperar tres meses, que es lo que demora la visa, para que el extranjero pueda trabajar.

Entonces, los migrantes que entraron como turistas o con salvoconducto (que les permite llegar sólo hasta Arica) buscan una persona que les consiga un contrato y pagan hasta 30 mil pesos por ello.

Hemos descubierto casos como el de una señora de 70 años que tenía como 20 empleados extranjeros en su casa. Le pagarán unos cinco mil pesos por cada firma y el “tramitador” se gana el resto.

Pero como ya son muchos los extranjeros empleados por una persona que no tiene empresa, las visas comienzan a ser rechazadas y Extranjería le pide a los migrantes que abandonen el país en 10 días.

Pero a la persona que está en el tráfico de personas no se le sanciona. Y Extranjería sabe quién es. Según ProAndes, los “tramitadores” -mayoritariamente peruanos- cobran hasta 300 mil pesos por legalizar a un trabajador ilegal. Aunque el proceso de regularización en curso ha neutralizado en parte a estas mafias, volverán a operar apenas termine este periodo:

-Los “tramitadores” han surgido por la gran cantidad de personas con ingreso clandestino que no pueden regularizar su situación. Entonces, aparecen personas que les ofrecen hacerlo por una cantidad que va de 200 mil a 300 mil pesos. Algunos han venido acá con su cédula de identidad y nos dicen “bueno, pagué las 300 lucas, pero era la única forma”.

Pero otros pasan el primer proceso y después son rechazados. Entonces, la persona que cobró les dice “yo ya hice mi trabajo, te saqué tus papeles y ya no es culpa mía que te los hayan rechazado”. De acuerdo al Protocolo de Palermo, eso es tráfico de personas.