Chile - LA REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR: LA MENTIRA DE LA GRATUIDAD
Hace muchos años que en Chile se está discutiendo sobre la
educación superior. En relación a este tema, todas y todos han llegado a
manifestar su opinión y exigencia, ya que se entiende que la educación es el
bien superior de la nación y que, a su vez, es la herramienta fundamental sobre
la cual se construirá el futuro de nuestro país.
Pero cuando hablamos de educación, debemos asumir que ésta
debe ser examinada desde diferentes perspectivas. Una de ellas es la antes
mencionada, una educación para el futuro de la nación, lo que nos enfrenta a
las siguientes preguntas ¿Para qué estamos educando a nuestros jóvenes? ¿Para generar
sus propias fuentes de trabajo? ¿Para ser empleados en una empresa productiva?
¿Para ser sujetos conservadores, que busquen mantener y reproducir el modelo
político y económico imperante? ¿O los educamos para ser sujetos
revolucionarios, que tendrán la misión de transformar la realidad? En síntesis,
es necesario preguntarse si estamos educando a nuestros jóvenes, para desarrollar
e industrializar el país o sólo para transformarse en vendedores de materias
primas y servicios.
Por desgracia, esta discusión no es la que se está dando en
el país, pues aquella gira en torno a dos tópicos fundamentales: calidad y
gratuidad de la educación. Despejaremos el primero de ellos de forma inmediata,
ya que nosotros, Los Hijos de Mafalda, hemos planteado majaderamente que cuando
se habla de “educación de calidad”, sólo hacemos referencia a un producto que
se transa en el mercado, un bien que se compra y vende, y se obtiene según la
cantidad de dinero que tengamos, por lo mismo, se podrá comprar educación de
mejor o peor calidad según nuestro salario, y si los recursos son limitados, nos
veremos en la obligación de endeudarnos, para conseguir educación de mejor
calidad, situación que ocurre en la actualidad con el CAE. Sobre el segundo
tópico (educación gratuita) nos referiremos en los siguientes párrafos.
¿QUÉ
ES LA EDUCACIÓN GRATUITA?
Lo
primero que debemos exponer es que la educación es un derecho humano,
consagrado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), acuerdo firmado y
ratificado por nuestro país. Desde esta perspectiva, que sea un derecho implica
necesariamente que aquella debe estar asegurada por el Estado, ente responsable
de hacer cumplir las leyes y los acuerdos internacionales. Si seguimos la
lógica del derecho, podemos establecer que es el Estado y no el sector privado,
el responsable de la educación, ya que se entiende que, cuando los empresarios
intervienen en un sector del quehacer económico, lo hacen específicamente para
obtener ganancias, por lo tanto, los empresarios no pueden ni deben ser
responsables de la educación de un país, puesto que sus objetivos entran en
directo conflicto con la entrega de educación no pagada o gratuita.
La ONU
establece que toda persona tiene derecho a la educación, como se especifica en
el [Capítulo
X, Inciso Y]:[C1]
1.
La educación
debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2.
La educación
tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz.
3.
Los padres
tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a
sus hijos.
Lo expuesto por
la declaración de las Naciones Unidas, confirma la afirmación de que el
responsable de la educación es el Estado y no los empresarios privados. Ahora
bien, se nos produce la siguiente pregunta ¿Por qué los empresarios nacionales
de la educación le están exigiendo al Estado chileno ser considerados en el
proyecto de gratuidad de la educación? La respuesta es muy fácil, la educación
en Chile en ningún caso es gratuita, sino por el contrario, ésta es pagada por
la riqueza que genera nuestro trabajo y los impuestos que pagamos, afirmación
que porfiadamente seguiremos repitiendo.
Entonces, la
educación gratuita es exclusivamente aquella asegurada y entregada por el
Estado, ya que éste no persigue lucro o ganancia. Producto de aquello, una de
las cualidades de la educación gratuita es la inexistencia del pago de
matrícula, mensualidad o arancel anual.
Los anteriores
son cobros que se pueden examinar de distintos puntos de vista. El primero de
ellos es que tal exigencia de dinero tiene un objetivo claro y preciso, cual es
la discriminación, ya que, según el valor de estos, se determina quién ingresa
a un establecimiento y quién no. Por ejemplo, una matrícula de $180.000 y una
mensualidad de $200.000, dejará fuera a todas las familias que perciban el
ingreso mínimo, es decir, $250.000. El mensaje directo es que en dicho
establecimiento no entrarán los pobres y la clase media baja. Un segundo
mensaje que entregan estos establecimientos es que las personas que estudian en
ellos son mejores que los otros, ya que casualmente exponen, a través de
diversos medios de comunicación, que ellos obtienen mejores resultados que los
demás. Como tercer elemento, se instala la idea que los dueños de dichos establecimientos
tienen el derecho a ganar dinero, gracias a sus mejores resultados educativos. En
síntesis, el mensaje que entregan, es que a este lugar no entran pobres y
personas con poco dinero.
Como se podrá
entender, mientras en los establecimientos educacionales exista el pago de
matrícula, mensualidad o arancel anual, es imposible que pueda existir
educación gratuita, ya que el precio de esa educación la debe pagar alguien. En
la siguiente sección profundizaremos sobre este punto.
LA
EDUCACIÓN SUBVENCIONADA NO ES GRATUITA
La educación subvencionada no es gratuita, porque
la subvención es una “cantidad de dinero que se concede a una persona, una
entidad o una institución, como ayuda económica, para realizar una obra o para
su mantenimiento, especialmente la que se recibe del Estado o de un organismo
oficial”. También es considerada como “una ayuda de tipo económico percibida
por una persona o un grupo de personas desde un organismo público, con el
objetivo de ayudar a ejecutar una actividad que necesita una inversión alta o a
la que la persona en cuestión no podría hacer frente en solitario[1]”.
Podemos continuar exponiendo definiciones, pero todas ellas aseguran que es una
cantidad de dinero que aporta el “Estado” a privados y particulares, por lo
tanto, si la educación es subvencionada, se está pagando por ella y, en
consecuencia, no es gratuita.
Ejemplo de ello
es la ley 20.845, publicada el 8 julio de 2015, que establece, en su artículo
N°3, letra B, que: “El Estado implantará progresivamente la enseñanza gratuita
en los establecimientos subvencionados o que reciben aportes permanentes del
Estado”. Esta ley se traduce en “un aumento mensual promedio de la subvención
de 33,47 dólares por niño, equivalente a $20.500, considerando la matrícula
2013 y una asistencia promedio de 93 por ciento”[2].
Lo anterior significa que la educación básica y media municipal y subvencionada
hoy cuentan con dos subsidios diferentes, el tradicional, que se paga desde sus
inicios, y el nuevo monto de $20.000, que paga el Estado, por cada estudiante,
dinero que sale sistemáticamente de nuestros impuestos.
Si nos
remitimos particularmente a la educación universitaria, nos encontraremos con
que todas las universidades cobran matricula y un arancel mensual, lo que
quiere decir que, los alumnos y alumnas que estudian sin pagar en ellas son
subsidiados por el Estado, o sea, por nuestros impuestos. Tomemos como ejemplo
la carrera de Administración Pública en la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, que es una de las más baratas del país. Para el año 2015, esta
carrera consideraba un arancel anual de $1.899.000[3].
Si multiplicamos esta cantidad por el total de alumnos que han accedido a la
gratuidad en el año 2016, que son un total de 125.392, nos arroja un total de
$238.119.408.000 (doscientos treinta y ocho mil, ciento diecinueve millones,
cuatrocientos ocho mil pesos), y si lo medimos en dólares, esto nos arroja un
total de $365.213.816[4]
(trecientos sesenta y cinco millones, doscientos trece mil, ochocientos quince
dólares al año), y esto sin contar el valor de la matrícula, que si la
consideramos solamente en $150.000 al año, nos da un total de $18.808.800.000
(más de 28 millones de dólares) y aún no hemos incluido los cobros asociados a
documentación y titulación.
Según el
Ministerio de Educación, del total de las y los alumnos que han obtenido el
beneficio de la “gratuidad”, o el subsidio del Estado, “El 50,2% (62.932) cursa
una carrera en universidades estatales; 35,1% (44.013) está matriculado en una
universidad del CRUCH no estatal (G9) y un 14,7% (18.447) es alumno de alguna
de las cinco universidades privadas que adscribieron a gratuidad en 2016[5]”.
Como se puede observar, el 50% de los recursos destinados a la educación
universitaria pasan directamente a las empresas privadas de educación.
Lo primero que
debemos establecer es que, no nos engañemos cuando hablamos de universidades
estatales, ya que ellas también cobran matrícula y arancel mensual, pago que
hace directamente el Estado por cada alumno o alumna beneficiada con esta
“gratuidad o subsidio”, y estos en ningún caso son más baratos que el de las
universidades privadas, hecho que las ha transformado en universidades privadas
con título de estatales. Lo anterior se debe específicamente a que los
gobiernos han dejado de financiar directamente a la educación estatal, y la han
obligado a salir a competir en el mercado, para obtener los recursos necesarios
que les permita subsistir, pues de otra forma, las universidades estatales ya
habrían desaparecido.
Volviendo a los
$238.119.408.000 (ó 365.213.815 millones de dólares), éstos son un monto nada
despreciable, más aún cuando nuestros cálculos son recatados, ya que el
gobierno reconoce que para financiar la “gratuidad o subvención” para el
presente año han destinado $593 millones de dólares, cifra muy superior a
nuestras estimaciones, lo que se traduce en un mayor interés de los empresarios
de la educación en participar de este proceso, ya que este dinero se transforma
en ganancia o lucro directamente. Pero como en la repartición de esta torta, se
está discutiendo a quien le toca y a quién no, las universidades privadas, que
representan el 85% de todas las instituciones de educación superior, sacaron “una
declaración pública emitida por la Corporación
de Universidades Privadas, el Consejo de Instituciones Privadas de Formación
Superior (Conifos) y el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de
Formación Técnica acreditados (Vertebral)[6]”,
donde alegan que se les está discriminando, ya que ellas, gracias a la
acreditación, no pueden acceder a estos recursos del Estado.
Esto es muy cómico, ya que estamos viendo a los empresarios luchando por la
educación pública, y estableciendo que sus negocios, o sea, la educación
privada, ahora es pública. En definitiva, lo que se está peleando es quién se
queda con más lucas del Estado o,
dicho de otra forma, esta es una pelea que persigue quedarse con un porcentaje
importante de nuestros impuestos.
Por si no ha
quedado claro, la gratuidad es una mentira, ya que el Estado le pagará a cada
universidad el arancel mensual, por cada estudiante que reciba este beneficio, y
nuestro Estado sacará ese dinero de las arcas fiscales, que son llenadas
principalmente por el pago de impuestos, los que han aumentado gracias a la
reforma tributaria, realizada hace un par de años. Esto quiere decir que el Estado
aumentó nuestros impuestos, con la finalidad de entregar más dinero a los
empresarios de la educación.
Que los
empresarios de la educación hoy estén defendiendo la educación pública, no es
más que un reflejo de la esquizofrenia en la que estamos viviendo, el problema
es que desgraciadamente todos están bailando la misma música. Lucas más o lucas
menos, aquellas en definitiva se transformarán en ganancias para los
empresarios de la educación, recursos que pagamos todos nosotros, es decir, el
pueblo.
Otro elemento
esquizofrénico, es la situación de los estudiantes universitarios ya titulados,
quienes, para poder estudiar, tuvieron que endeudarse. Ellos y ellas, a la
fecha, se encuentran pagando su deuda educacional, la que producto de
diferentes modificaciones legales, se ha acortado a un periodo de pago de sólo
15 años. Pero como son ciudadanos que consumen, ellos están pagando impuestos,
lo que significa que por medio de esta tributación ellos y ellas están
financiando hoy la nueva “gratuidad subsidiada” por nuestro Estado. Con esto
sólo queremos establecer que los estudiantes endeudados que están pagando su
deuda, al mismo tiempo están subsidiando la nueva educación gratuita, que
enriquece a los empresarios privados.
Para que exista
educación gratuita, lo primero que debe ocurrir, es que la educación en todos
sus niveles sea considerada como un derecho social asegurado por el Estado, lo
que significa directamente el fin del pago de matrícula, mensualidad, aranceles
y subsidios de todo tipo. De esta forma, la educación dejará de ser un negocio
seguro y rentable, para los empresarios nacionales y extranjeros.
Finalmente, Los
Hijos de Mafalda postulamos que la discusión sobre educación en Chile, debe
estar destinada a establecer qué tipo de sociedad queremos construir para el
futuro, si educaremos a nuestros jóvenes para que desarrollen e industrialicen
el país o sólo prepararemos profesionales tecnócratas que no sepan nada fuera
de su profesión, los que se vean obligados a auto-emplearse o transformarse en
vendedores de materias primas y servicios.
Mario Paz Montecinos
[2] Eyzaguirre, S.
& Ochoa, F (2015). Fortalecimiento de la carrera docente.
Centro de Estudios Público CEP, pp. 42.
[3]
http://portales.mineduc.cl/usuarios/becasycreditos/doc/201501231555220.arancelesref_UES2015(3).pdf
[4] Dólar considerado al 20 de julio de 2016. Valor $652 pesos.
[5] http://www.gob.cl/543-los-estudiantes-primer-ano-accedera-gratuidad-2016-las-universidades-adscritas/
[6] http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/educacion/universidades/gratuidad-en-educacion-superior-instituciones-privadas-alegan/2015-07-21/151800.html
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