TPP y proceso constituyente: reflexiones sobre transparencia y participación efectiva
Por Paulina Acevedo
Menanteau*
Dos principios
básicos de la democracia son la transparencia y laparticipación; los que se fundamentan a su vez en derechos
humanos que los estados tienen el deber de garantizar a sus ciudadanos, como
son el acceso a la información y el derecho a la participación política.
Resulta, por lo
mismo, altamente preocupante que estos hayan sido transgredidos del modo más
brutal por el gobierno al negociar bajo estricto secretismo el Acuerdo
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), del que Chile es parte junto a
otros 11 países de la cuenca Asia-Pacífico.
En efecto, tanto
las solicitudes ciudadanas de acceso a la información pública -vía Ley de
Transparencia- formuladas al gobierno, como los requerimientos que de manera
transversal levantaron distintos parlamentarios exigiendo acceso al texto del
acuerdo, no encontraron la debida respuesta por parte del Estado. Conociéndose
únicamente algunos fragmentos de sus más de seis mil páginas gracias a
filtraciones de WikiLeaks, que advirtían acerca de los nocivos efectos del
tratado en ámbitos tan sensibles como la salud de población.
Por eso las
críticas al TPP no son solo de fondo frente al alcance de sus normas, más aún
desde que los textos han sido “liberados”, sino también, y particularmente, a
la forma con que vienen siendo adoptados este tipo de acuerdos internacionales;
pactados entre cuatro paredes, privando de la posibilidad de modificación o
veto y sin un debate público vigoroso, algo que debe ser rechazado de plano y
llamar a la adopción de medidas para que este tipo de prácticas no se perpetúen
en el tiempo.
Una de estas
prácticas contrarias a la democracia y fundamental de denunciar ahora que el
TPP se abrirá paso en los Congresos de los estados que le conforman, son las
limitadas atribuciones que tendrán los parlamentarios al momento de votar su
aprobación o rechazo. Siendo incomprensible que mientras las leyes sujetas a su
consideración puedan ser objeto de indicaciones, mejoras e incluso la supresión
de articulados que puedan afectar disposiciones constitucionales, estos
tratados sean tramitados y ratificados sin la posibilidad de modificar ni una
coma de su contenido. Cercenando atribuciones propias de la labor legislativa.
En relación a la
participación, el gobierno ha sostenido que en el caso del TPP ella se verifica
en la implementación del denominado “Cuarto Adjunto” y en foros desarrollados
luego de la firma del texto definitivo del acuerdo, el pasado 04 de febrero.
Frente a lo
primero, y como su nombre lo expresa, este cuarto contiguo a las “grandes
deliberaciones” no pasó de ser un espacio informativo, por lo demás parcial,
que no responde a los estándares de participación comprometidos por el Estado
chileno en el marco de los sistemas de protección de derechos humanos de
Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA). Tampoco
los foros de debate señalados, que si bien aportan al intercambio de pareceres,
no logran abarcar al conjunto de la opinión pública, sin que hasta ahora el
gobierno haya desarrollado una campaña amplia para informar acerca de los
tratados de libre comercio en general, y del TPP en particular, más aún cuando
se trata del “modelo de desarrollo” implementado durante los últimas tres
décadas, “exitoso” a juicio de quienes lo sustentan. Lo que ha concitado la
atención de UNESCO.
Al respecto, es
interesante destacar la iniciativa del gobierno mexicano de abrir espacios de
diálogo -que incorporaren la visión de distintos actores de la sociedad-
durante la tramitación del TPP por parte del Congreso de ese país, lo que si bien
no subsana el secreto impuesto a las negociaciones del tratado, permite mayor
conocimiento del mismo desde lo público. Algo que podría ser emulado por las
autoridades chilenas, o habilitar otras medidas que apunten en ese mismo
sentido, como televisar las sesiones del Congreso cuando el TPP sea discutido
por ambas cámaras.
Finalmente, en
materia de participación, es especialmente complejo que el gobierno haya
confirmado que no consultará este tratado con los pueblos indígenas, como
obliga el Convenio 169 de la OIT –vigente en Chile desde 2009- cada vez que se
adopten medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar sus
derechos. Como es, sin lugar a dudas, el caso del TPP.
Para ello se ampara
en decretos inconsultos e impuestos por el gobierno de Sebastián Piñera, en los
que se exige una afectación “directa”. No obstante la propia Relatora Especial
de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, Victoria
Tauli-Corpuz, en su informe a la Asamblea General de la ONU (agosto 2015),
centrado en los Acuerdos Internacionales de Inversión, es clara en señalar la
relación innegable entre estos acuerdos y la afectación a las tierras y
territorios indígenas y sus recursos, así como a sus derechos culturales, y al
autogobierno y la libre determinación. Tema que será objeto de una consulta
regional este próximo 25 y 26 de abril en la ciudad de Lima, donde se contará
con la presencia de la Relatora y que reunirá a representantes indígenas de los
tres países que forman parte del TPP, Chile, México y Perú, todos los cuales
han ratificado el Convenio 169 de la OIT.
A la luz de lo
expuesto, es claro que el gobierno no ha respetado ni garantizado estos
derechos y principios básicos democráticos, actuando más bien como una
dictadura que busca establecer de facto y de manera mañosa imposiciones sobre
la población. Algo que contrasta con el espíritu participativo, al menos en el
discurso, con que el mismo gobierno anunciara el inicio del “proceso
constituyente”, que si bien no remplaza la Asamblea Constituyente como
mecanismo vinculante de participación para la adopción de una nueva
Constitución, al menos contempla espacios locales, provinciales y regionales de
debate y discusión, que es más de lo que tenemos en torno al TPP.
Siendo del todo
incongruente que el gobierno desarrolle, por un parte, un proceso donde prevé
diálogos ciudadanos para cambiar una Constitución, y por otro lado negocie a
espaldas de la ciudadanía, sin acceso a los textos ni participación efectiva,
tratados que son altamente lesivos para nuestros derechos y la soberanía.
Tratados que, por lo mismo, deberían estar sujetos a un plebiscito
ratificatorio de igual modo que lo será el texto de la nueva carta fundamental,
pues así como tenemos derecho a decidir las normas que nos regirán al interior
del país, también lo tenemos para establecer aquellas que marcan nuestro
desenvolvimiento exterior y a determinar, en última instancia como pueblos
soberanos, cuál el modelo de desarrollo al que aspiramos en uno de los países
más inequitativos del mundo”.
* Periodista,
comunicadora en Derechos Humanos
Observatorio
Ciudadano
Plataforma Chile
Mejor Sin TPP
0 Responses to "TPP y proceso constituyente: reflexiones sobre transparencia y participación efectiva"
Publicar un comentario