POR RICARDO KLAPP SANTA CRUZ
En Chile hemos tenido diez
textos constitucionales entre 1811 y 1980; las más importantes, la Constitución de 1833 y la Constitución de 1925. Actualmente nos rige la ContraConstitución
de 1980.
Tras el golpe de Estado anticonstitucional de 1973, el
régimen (militar civil) destruyó el ordenamiento institucional, asumió
facultades ejecutivas, legislativas y constituyentes, dictó bandos y leyes,
para la reconstrucción del sistema oligárquico anterior del gobierno de Pedro
Aguirre Cerda, que en 1938 industrializó el país.
El gobierno de Salvador Allende (1970-1973),
nacionalizó la gran minería del cobre, profundizó la reforma agraria,
nacionalizó sectores de la banca además de crear el área de propiedad social.
La dictadura creó un modelo exportador de recursos
primarios e importador de textiles y productos electrónicos. Privatizó la
energía, medios de comunicación, transporte, las pensiones, la educación y la salud
entre otros, para proletarizar la dignidad de los trabajadores.
El objetivo de la dictadura fue destruir, asesinar los
partidos de izquierda y sus direcciones nacionales e intermedias, fueron
detenidos desaparecidos o ejecutados más de un millar de militantes
socialistas, más de mil comunistas y alrededor de mil miristas.
Solo después del genocidio pudieron imponer una “contraconstitución”, al
servicio del gran empresariado, un Estado subsidiado y represivo, un traje a
medida del modelo económico neoliberal.
El
5 de octubre de 1989 se realizó el plebiscito que dio por resultado el triunfo
del NO, pero por negociaciones privadas no se cambió la contraconstitución del
80.
Chile
necesita una constitución democrática, participativa, consensuada por el pueblo,
a través una Asamblea Constituyente, con plebiscito y elección de delegados que
represente la soberanía nacional.
Actualmente
existe una gran crisis de legitimidad que apunta al parlamento y al ejecutivo a
través del conocimiento de graves casos de corrupción que envuelven a Soquimich
y Penta, entre otros consorcios; ¿Pueden ellos (la elite política e
empresarial), nombrar a dedo y construir una nueva Constitución?
La
presidenta Bachelet se ha pronunciado por una nueva constitución, sosteniendo
que el proceso se dará a conocer en septiembre, pero ya algunos de sus
ministros descartan una Asamblea Constituyente representativa del pueblo.
Se
necesita promover y unir, sin sectarismos y sin personalismos, a todos los que
queremos Asamblea Constituyente, que no solo sea reflexiones de académicos y
constitucionalista. Hay que construir fuerza social en las ciudades y comunas,
en las organizaciones sociales, sindicales, culturales, de derechos humanos,
estudiantiles, para desarrollar una mayoría nacional y tener una constitución
para todos.
No
debemos temerle a la discusión en las comunas, es un problema de correlación y
acumulación de fuerzas, ya que sólo el protagonismo popular, es garantía de
cambio y transformación social.
Desde ya en
septiembre; en Puente Alto, las organizaciones y personas nos congregaremos
para discutir y luchar por una Asamblea Constituyente, - estén o no estén -,
los iluminados, los abilletados, los jutres o los patrones.
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