Los recientes anuncios realizados por la presidenta Michelle Bachelet en el marco de la cuenta pública dejaron detrás de síuna amplia lista de demandas sociales no resueltas. En medio de la profunda crisis política e institucional que enfrenta el país, organizaciones y colectivos extrañaron un discurso más sintonizado con los objetivos y necesidades que ha planteado la ciudadanía organizada.

La Nueva Mayoría volvió a decepcionar, esta vez por la ausencia de profundidad en reformas que crearon altas expectativas entre los movimientos sociales. Específicamente, en materia de educación y ante la promesa de un proceso constituyente que, a todas luces según lo anunciado el pasado jueves por la Mandataria, no contemplará un plebiscito ni parecer acercarse a la ansiada asamblea constituyente exigida por algunos sectores.

La sensación de ambigüedad e insatisfacción que dejó en el ambiente la segunda cuenta pública de Bachelet se evidencia incluso entre los miembros de oficialismo e invita a responder a una necesaria interrogante en esta coyuntura: ¿Cómo habría sido el tradicional discurso republicano en la voz de los actores que hoy se organizan para hacer escuchar a las mayorías?

La decepción de los estudiantes

“Buenos títulos y malas bajadas”, así se resumió desde la vocería de los universitarios los anuncios de Bachelet en materia educacional. La Mandataria se comprometió a otorgar gratuidad completa y efectiva al 60% de los estudiantes más vulnerables del país, pero la propuesta no logró satisfacer a la Confech, que acusó la ausencia de elementos nuevos y de profundidad en la idea de fortalecer al sistema público.

Para la presidenta de la FECh, Valentina Saavedra, pese a que el anuncio genera expectativas sobre cómo se va a financiar y efectuar dicha gratuidad -sin becas ni créditos- “nos parece que la cobertura es similar a lo que existe hoy y dejará fuera del sistema a más de un millón de estudiantes”.

Los universitarios recalcaron que la propuesta del Ejecutivo no resuelve la falta de regulación en las instituciones privadas, pese a que la mayoría de los estudiantes “está en los CFT, los IP y los planteles privados”, recordó Nicolás Fernández, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales y recién electo vocero de la Confech en el zonal metropolitano.

Cada vez más lejos de la Asamblea Constituyente

Luego del discurso de Bachelet, algunos políticos del oficialismo manifestaron su insatisfacción ante el alejamiento del gobierno de la propuesta social sobre el mecanismo de cambio de la Constitución. Mientras la parlamentaria comunista Camila Vallejo señaló que esperaban “que hubiese una mención al Plebiscito como posibilidad como herramienta”, el diputado del Partido Socialista, Juan Luis Castro, fue más enfático y declaró que la Presidenta “ha sido clara en señalar que va a haber luego del proceso constituyente un acuerdo nacional y político que va a tener que ser zanjado en el Congreso Nacional. Por lo tanto, con esto se disipa la idea de una Asamblea Constituyente”.

En efecto, en su anuncio, la Mandataria recalcó que la nueva Constitución será “legítima y actualizada” y formulada en un “acuerdo político amplio” , aunque ésta debe garantizar “un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable”.

En la horas previas al discurso, el historiador y académico de la Universidad de Chile, Sergio Grez, había señalado que esperaba que Bachelet lograra anunciar “con tono decidido y sin las ambigüedades que la han caracterizado, que el proceso constituyente se hará del único modo plenamente democrático: a través de una Asamblea Constituyente libre y soberana”.

Sin embargo, la imprecisión de Bachelet en la materia no augura una pelea fácil para los defensores de la asamblea constituyente. Los más optimistas, en tanto, aseguraron que la alternativa aún es posible y llamaron a todos a defenderla. “El proceso constituyente se disputa por la ciudadanía, no es un regalo. Nuestro trabajo es incidir”, recalcó el movimiento Marca AC desde su cuenta en Twitter.

Una reforma laboral sin autocríticas

Uno de los anuncios más destacados de la Presidenta en materia laboral fue el término, antes de que culmine su administración, con los trabajadores a honorarios que se desempeñan como funcionarios públicos, argumentando que “al finalizar el período presidencial, no habrá trabajadores desempeñando funciones permanentes en el gobierno central a honorarios. Se propone, en una primera etapa, la implementación de un plan de traspasos de 8.800 trabajadores, que actualmente están contratados a honorarios, a la modalidad de contrata”.

Además, Bachelet defendió el actual proyecto de reforma laboral en trámite, recalcando que es “tiempo de ponernos al día y asegurar el pleno ejercicio de los derechos colectivos del trabajo”, aunque desde sindicatos y diversas organizaciones de trabajadores se ha recalcado que es insuficiente.

Así lo manifiesta Lucas Cifuentes, asesor de la Unión Portuaria, quien recalcó que añoran la propuesta de “una reforma laboral verdadera, con negociación ramal, con derecho a huelga efectivo y sin burocracia, donde los y las trabajadoras decidirán el rumbo de sus acciones”.

En opinión de Cifuentes, la comunidad portuaria también exige que se elabore una “ley larga”, en conjunto con los sindicatos, que busque construir una institucionalidad portuaria acorde a las necesidades de los trabajadores y sus familias.

Medioambiente: Las aguas como un bien público

Pese a las diversas manifestaciones registrada durante los últimos meses respecto a la demanda de recuperación de las aguas, Bachelet no hizo referencia a la idea de modificar el Código de Aguas existente, formulado en dictadura. En cambio, la Presidenta reforzó el rol del Delegado de Recursos Hídricos y destacó la inversión que se realizará en materia de riego, nuevas fuentes de agua potable y abastecimiento de agua para consumo humano.

Tampoco hubo propuestas definitorias en materia de contaminación, un problema que ha ocasionado el levantamiento de comunidades en distintos puntos de Chile durante la última década. Al respecto, el historiador Sergio Grez recalcó que le hubiese gustado percibir alguna señal de arrepentimiento por “haber autorizado numerosos proyectos termoeléctricos que han contaminado y arruinado la vida a decenas de comunidades”.

Desde el Movimiento Defensa por el Derecho del Agua y Protección del Medio Ambiente (Modatima), Rodrigo Fáundez recalcó que “la desmercantilización de las aguas es urgente, debido a los graves efectos que ha provocado en los territorios del país esta situación, a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1980 y el Código de Aguas de 1981, instrumentos que definen las aguas como una propiedad privada”.

El coordinador metropolitano de la organización recalcó que es necesario redactar una nueva Constitución, vía asamblea constituyente, donde “declaremos las aguascomo un Bien Común y Derecho Humano inalienable”. Asimismo, destacó la necesidad de redactar “un nuevo Código de Aguas que consagre la propiedad colectiva de éstas; asegure la prioridad para el consumo humano, el saneamiento básico y la producción de alimentos frente a cualquier otra actividad; protega las fuentes de agua estratégicas y ambientes fragilizados (ecosistemas glaciares y bosques), restituya el agua a la tierra, y otorgue al Estado la facultad de entregar aguas de forma temporal, con gestión comunitaria. Esto último implica una profunda reestructuración institucional, que democratice su gestión y garantice un buen uso de las aguas”.

Acceso gratuito y total al aborto y nueva política de drogas 

A un año del anuncio sobre la despenalización del aborto en tres causales, la presidenta Bachelet mencionó escuetamente el tema para asegurar que el proyecto de ley abrirá para las mujeres la posibilidad de tomar una decisión respecto a la gestación.

Desde la vereda de algunas de las organizaciones feministas, sin embargo, se manifestó que hubiesen esperado el “anuncio de un proyecto de ley que despenalice totalmente el aborto, de manera que su eventual práctica quede sujeta a la decisión de las mujeres. Junto con ello, lo esperable sería que dicho proyecto incorporara la posibilidad de acceder de manera gratuita y segura a su realización“, recalcaron Hillary Hilner y Paola Arroyo, miembros de la Coordinadora de Feministas en Lucha.

En su opinión, el actual proyecto no profundiza en el reconocimiento a la autonomía de las mujeres y es “un pequeño avance frente a la actual ilegalidad total del aborto“. Además, recalcaron que el aborto terapéutico sobre cubrirá un mínimo porcentaje del total de abortos que acontecen todos los años en Chile.

“El hecho de no contemplar la posibilidad de que una mujer tenga total control sobre su cuerpo y su vida, de tomar autónomamente sus decisiones, es un fiel reflejo del conservadurismo que gobierna a Chile y del permanente silencio de la clase política ante la desigualdad económica y de trato de la inmensa mayoría de las mujeres chilenas”, enfatizaron.
Otras demandas ciudadanas también brillaron por su ausencia durante el discurso de la Mandataria. Por ejemplo, las propuestas respectivas a posibles cambios sobre la actual política de drogas, cuestionada desde hace años por un grupo creciente de la sociedad civil. En específico, en iniciativas que incluso fueron comprometidas por Bachelet durante su campaña presidencial: “No bajar cannabis de lista uno sigue demostrando que la calidad de vida de miles de familias no le importan, ya que muchos seguiremos siendo tratados como delincuentes”, recordó Paulina Bobadilla, miembro de la organización Mamá Cultiva, que aboga por el uso terapéutico de la planta en casos de epilepsia refractaria de menores.

Bobadilla criticó el reciente nombramiento de Mariano Montenegro en la dirección del Servicio Nacional Para la Prevención y Rehabilitación de Consumo de Drogas y Alcohol, recalcando que “existen muchos prohibicionistas en este Gobierno que solo privilegian a las grandes farmacéuticas. No se dan cuentan del alivio que esta planta entrega a usuarios con diferentes patologías, pero nosotros no bajaremos los brazos”.
La lectura del historiador Sergio Grez: “Hay que desechar las ilusiones”

Para algunos, como el historiador Sergio Grez, sólo “un arrebato de nostalgia por sus años mozos, cuando vestía una camisa verde oliva de la Juventud Socialista y creía que era posible cambiar el mundo”, permitiría el giro necesario del gobierno de Bachelet en dirección a lo que han planteado los diversos frentes organizados de la sociedad civil.

“Sueño con verla prometer reformas de la educación y del Código del Trabajo de acuerdo con las demandas de los movimientos sociales. Esperamos el anuncio de una verdadera Reforma Tributaria que incluya a la gran minería del cobre en manos de empresas transnacionales y que haga pagar impuestos a los grandes empresarios al nivel de cualquier país “normal”. Sueño con escucharla prometer que revertirá la privatización del mar, del cobre, el agua, la salud y la Previsión Social“, señaló Grez dejando en manifiesto la altas expectativas de la ciudadanía ante un escenario que, por estas fechas, da cuenta de una serie de demandas insatisfechas para construir un país mejor.

Por ello, recalca el académico, “no hay razón alguna para ilusionarse y que lo único sensato y realista es desechar las ilusiones y confiar sólo en las fuerzas de los movimientos sociales y la ciudadanía critica”.