Patricio Guzmán S.
Los escándalos de corrupción y vinculación de políticos y grandes
empresarios, se suceden a diario, desde hace siete meses en Chile, demoliendo
las confianzas en las instituciones incluyendo las más altas autoridades. Uno de los más sonados es el caso del crédito
del Banco de Chile a CAVAL, empresa de propiedad del hijo y nuera de la
presidenta de la república, Michelle Bachelet.
En el caso CAVAL, no se ha destacado suficientemente la gravedad de la
participación de Andrónico Luksic, principal propietario y controlador del
Banco de Chile, el más importante del país. Este banco concedió un crédito de
$6.500 millones a una Pyme, sin patrimonio ni flujo permanente para justificar
el préstamo de acuerdo con las prácticas bancarias. El principal activo que podía mostrar
Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon para conseguir el dinero para su negocio
especulativo era que eran el hijo y la nuera de la presidenta que acababa de
ser elegida.
Se ha escrito mucho sobre las aristas políticas, de corrupción y nepotismo,
de la operación. Sin embargo, desde el punto de vista de la economía y el
sistema financiero, tanto o más importante son las malas prácticas bancarias que
quedaron develadas al conocerse la operación, por los riesgos que supone para
el funcionamiento de la economía.
Por su parte, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
SBIF, que debería velar por el buen funcionamiento de los bancos, ha destacado por su no intervención. “La SBIF no ha detectado infracciones legales y
normativas”. Fue la declaración de Eric Parrado, el titular de la superintendencia del sector.
Este caso, nos recuerda la debacle del sistema financiero chileno entre 1981 y hasta
mediados de 1986, cuyas consecuencias fueron demoledoras para el conjunto de la
economía. Los costos fiscales para
superar la crisis hasta finales de los años 80 fueron superiores al 41% del
PIB, una de las mayores crisis financieras en América Latina. Los costos
sociales fueron enormes, el desempleo se disparó hasta más del 22% en 1983, según
las cifras oficiales maquilladas, la inflación que en 1981 había sido de 9.5%
escaló a más del 20% en 1983, una generación en medio de la dictadura, vivió
“pateando piedras”.
Las razones de la crisis de los 80% fueron múltiples, y no es nuestro
propósito analizarlas aquí. Junto al deterioro de las condiciones externas y el
sobre endeudamiento interno, el error de mantener encadenado el tipo de cambio
del peso chileno con el dólar de Estados Unidos, lo que explica la profundidad
de la crisis financiera fueron las malas prácticas de los banqueros. Desde
1975, el estado estableció una política de dejar hacer y auto regulación de la
banca. La supervisión era permisiva y en
ese contexto los propietarios de los bancos pasaron a llevar las normas
legales, no se cuidaron los riesgos del crédito, se sobrepasando los límites
individuales de crédito con las empresas. El mayor problema provino de los
llamados préstamos a empresas vinculadas, la llamada cartera relacionada. En
otras palabras los grupos económicos propietarios de los bancos se hicieron
abundantes préstamos a sí mismos, para sus empresas industriales o comerciales.
De acuerdo con el Banco Central, estos préstamos relacionados llegaron a
representar el 20% de total.
La consecuencia en el sector bancario, es que entre 1981 y 1983 el estado
tuvo que abandonar su política de “dejar
hacer”, y debió intervenir 22 instituciones, que representaban el 60% del
crédito al sector privado, y 16 fueron terminadas, y otras 6 después de ser
rescatadas con dinero público, fueron reprivatizadas.
Hay un adagio que dice “el ser humano es el único animal que tropieza dos
veces con la misma piedra”. Vemos con preocupación que varias condiciones que
estuvieron en la base del colapso de la primera mitad de los años 80 están
reapareciendo en el panorama actual. Un escenario internacional que no acaba de
recuperarse de la recesión global de 2008, la economía china que es el
principal mercado y destino del cobre chileno continúa desacelerándose, y los
otros países llamados emergentes, han
entrado en un periodo de lento crecimiento e incluso recesión. La economía de
Estados Unidos muestra cifras de recuperación de la actividad menores que las
esperadas, y por el contrario la inflación es mayor a la estimada. El caso
CAVAL ha mostrado la vigencia de malas prácticas bancarias, aunque ignoramos la
extensión que ellas tienen. La Superintendencia de Bancos por su parte no ha
actuado con determinación y públicamente en el asunto, no ha investigado y
sancionado.
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