Chile - COMISIÓN BICAMERAL PARA GENERAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN
UNA
COMISIÓN BICAMERAL PARA GENERAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN ES UN PROCEDIMIENTO
ANTIDEMOCRÁTICO
El
anhelo de la ciudadanía por un cambio constitucional y su materialización
mediante una Asamblea Constituyente se instaló en la agenda política nacional
con inusitada fuerza a partir de las movilizaciones sociales de 2011. Esta
demanda figuró en los programas presidenciales de la mayoría de los
candidatos que participaron en las recientes elecciones de noviembre de 2013,
quienes, con más o menos matices, coincidieron en la necesidad de un nuevo
pacto social que permita dejar atrás la Constitución autoritaria de cuño
neoliberal surgida en dictadura, ratificada mediante un espurio plebiscito y
legitimada mediante un sinnúmero de reformas que han mantenido inalterado su
núcleo esencial.
Las
coincidencias antes mencionadas, sin embargo, son solo aparentes dado que la
denominada Ruta constituyente, que para algunos solo puede
cristalizar en la elección de representantes para una Asamblea Constituyente,
para la presidenta electa y las fuerzas políticas que la respaldan, debe
trasladarse al Poder Legislativo, el que debe impulsar un proyecto de reforma,
cuyos contenidos y plazos los definiría la mandataria.
Conspicuos
representantes de la otrora Concertación de Partidos por la Democracia, hoy
Nueva Mayoría, por ejemplo, Camilo Escalona, Edmundo Pérez Yoma, el
expresidente Ricardo Lagos, Andrés Zaldívar, José Miguel Insulza y Genaro
Arriagada, entre otros, desahuciaron la posibilidad de gestar una nueva
Constitución mediante Asamblea Constituyente esgrimiendo argumentos de variada
índole, coincidentes en señalar que dicho mecanismo no está previsto en
la carta fundamental y que no existe un estado de crisis
institucional que la respalde.
El
primero en demonizar la Asamblea Constituyente como mecanismo democrático fue,
el entonces presidente del Senado, Camilo Escalona, quien en septiembre
de 2012, sostuvo:
“Yo
no quisiera que el tema de la Asamblea Constituyente fuera una especie
de droga que nos haga olvidar los problemas políticos, que son los
decisivos. O sea, que nos pongamos a fumar opio en un escenario
ficticio, inexistente, de una crisis institucional que no existe, de una
Asamblea Constituyente que no se va a constituir nunca”.
Del
mismo modo, el ex ministro del
Interior Edmundo Pérez Yoma coincidió con Escalona y se manifestó “en
principio, absolutamente opuesto a todas las asambleas constituyentes”,
sentenciando que “No necesitamos una refundación de la
República”. Asimismo, el ex presidente Ricardo Lagos fue más allá, y
propuso una Comisión Bicameral para cambiar la Constitución “(ocho a diez
diputados y ocho a diez senadores) y que esa comisión bicameral se abra a la
ciudadanía, junte una gran comisión asesora con las ONG, con los sindicatos,
con los empresarios, con todas las fuerzas vivas de un país, representantes de
regiones, los alcaldes, los gobernadores" descartando la posibilidad de
crear una Asamblea Constituyente. En el mismo
sentido se pronunció el senador Andrés Zaldívar, quien propuso retomar la
senda de una Comisión Bicameral propiciada mediante el Proyecto de Acuerdo (S
1411 -12), del año 2012, advirtiendo:
“…
que la única posibilidad de que exista una Asamblea Constituyente es
si acaso el propio Parlamento delegara sus facultades constituyentes en
una asamblea y determinara esa delegación, quienes compondrían esa asamblea,
cómo funcionaría, con qué facultades podría hacerlo…” (Diario de
Sesiones del Senado, Legislatura 359º, sesión 86º, miércoles 4 de enero de
2012).
A
su vez, el ex ministro del Interior José Miguel Insulza señaló en agosto de
2012 que “Una Asamblea Constituyente es una confrontación y eso no
lo queremos; yo no lo quiero por lo menos”. Por su parte, el ex ministro Genaro
Arriagada, sostuvo respecto de la Asamblea Constituyente, que si bien
“puede haberla”, debe realizarse a través de la vía institucional:
“Esto
quiere decir que para que ella exista, el actual Congreso debe aprobar una
reforma constitucional por los dos tercios de sus miembros; vale decir, con un
acuerdo que supone una participación importante de la derecha.
Ahora, proceder saltándose la Constitución, es un salto al vacío, una
torpeza que ningún gobierno sensato va a hacer”.
Declaraciones
de este tipo no pueden, sino ocasionar estupor. Confunden el poder
constituyente concebido desde Sieyès (1789) en adelante como un poder soberano,
desvinculado de toda norma jurídica previa, extraordinario y autónomo, radicado
en el pueblo por antonomasia, con los poderes constituidos, radicados en el
Congreso Nacional, que adquieren su poder y legitimidad del poder constituyente
que crea la carta fundamental y deben actuar con sujeción a esta. Más aún, olvidan
que, no obstante los cambios cosméticos sufridos, la Constitución de 1980 y sus
cerrojos antidemocráticos han permanecido incólumes. El cambio por etapas
–particularmente el conjunto de reformas efectuadas en 1989 y 2005- pertenecen
al oscuro e inacabado paréntesis de la transición que nos merecemos dejar
atrás.
Resulta
imperioso, entonces, destacar que opiniones como aquellas que ocultan el hecho
de que el actual Congreso Nacional -que designaría la Comisión Bicameral- tiene
un origen no democrático, en la medida que sus miembros han sido electos por un
sistema electoral binominal que distorsiona completamente la voluntad popular y
que, por su carácter aberrante, no existe en ningún otro país del mundo. Por lo
mismo, tampoco tendría legitimidad que el actual Congreso aprobara una reforma
constitucional que le permitiere designar tal Comisión.
Luego,
surgen cuestiones como las siguientes:
¿Por
qué solo podrían participar en la elaboración de la nueva Constitución las
fuerzas políticas con representación parlamentaria? o ¿por qué se tiene que
aprobar con los quórum que la antidemocrática Constitución establece?
El
procedimiento institucional, democrático y participativo que el programa
presidencial de Bachelet promete mediante una reforma total efectuada a través
del ejercicio del Poder Constituyente derivado es falaz, dado que el Congreso
elegido mediante sistema binominal solo puede reformar la Constitución, mas no
darse una nueva.
En
relación al tan bullado mecanismo “participativo” en el que se funda el
programa, no es tal, porque postula una fórmula de simple consulta a las
organizaciones sociales que -como lo vimos en el caso de la Comisión convocada
por Bachelet para modificar la LOCE- no tendría influencia efectiva en la
decisión política final.
Lo
anteriormente expuesto, nos lleva a concluir que, aquellas fórmulas propiciadas
por los líderes de la Concertación, conducen a reconocerle ilegítimamente al
Congreso Nacional el poder constituyente originario, sustituyendo la voluntad
popular y negando al pueblo la legitimidad política para dotarse de una nueva
norma fundamental, reeditando la práctica histórica de la élite política chilena
que ha perpetuado la génesis de constituciones políticas de base cupular desde
los albores de la Independencia.
El
nuevo orden institucional de Chile necesita la eliminación de los dispositivos
contramayoritarios como el Tribunal Constitucional y el Banco Central, así como
la modificación de los quórum supramayoritarios y el sistema electoral
binominal, se mantendrán inalterados mientras nos sometamos a las reglas de
chantaje impuestas en la Constitución actual (Ver http://www.convergenciaconstituyente.cl/?p=474).
La
ciudadanía debe movilizarse para impedir que una vez más, su soberanía sea
expropiada por la casta política. Debemos evitar que el poder constituyente
original, que nos pertenece a todos, sea usurpado por las elites económicas y
políticas que han gobernado a lo largo de nuestra historia, arrebatándonos el
derecho a decidir nuestro destino de manera libre y soberana. De nosotros
depende abrir, de una vez por todas, las grandes Alamedas de la soberanía
popular.
Foro
por la Asamblea Constituyente
Santiago,
1 de marzo de 2014.
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