Estado español - ¡NO A LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO!

 ¡POR EL ABORTO DESPENALIZADO, GRATUITO, Y PÚBLICO!

Viki L, Socialismo Revolucionario Gran Canaria

Recientemente Ruiz-Gallardón anunció por enésima vez su intención de aprobar una restrictísima ley del aborto, y además le ha puesto fecha para el mes de octubre. Todas y todos tenemos que unirnos el 28 de septiembre contra este nuevo ataque a los derechos de las mujeres trabajadoras que el gobierno del PP nos quiere imponer.

Durante casi dos años, las mujeres nos hemos visto amenazadas por la reforma de la ley del aborto que planea el gobierno del PP, o más concretamente, por las continuas declaraciones del ministro de Justicia, RuIz-Gallardón. Recordemos aquella famosa frase de "La libertad de maternidad es lo que a las mujeres les hace auténticamente mujeres" o las referencias a la "violencia estructural" que obligaría a la mujer a abortar, obviando que la presión no es para abortar si no para no quedarse embarazada. El ministro voluntariamente también omite que a ésta situación no se le pone freno sino todo lo contrario por medidas como la Reforma Laboral, y que una ley restrictiva del aborto sería simplemente una nueva vuelta de tuerca en esta violencia estructural, al no dejar a la mujer decidir sobre su cuerpo. También el ministro ha mostrado su hipocresía al mencionar los derechos de las personas con minusvalías como razón para restringir la ley del aborto, cuando los recortes en la Ley de Dependencia las está dejando en muchos casos en la estacada.

En estas declaraciones el ministro nos ha mostrado la verdadera ideología que impulsa su reforma: retrógrada, machista, que solamente valora a las mujeres por su maternidad (una especie de máquinas produce-niños) e inmaduras para tomar decisiones sobre su propio cuerpo a partir de sus propios principios morales. Por esta razón el estado se erige como juez de estas decisiones, para velar por que las mujeres que solicitan un aborto lo hagan por una causa "justificada" y que los supuestos no se utilicen como "coladeros".

Detrás de la palabrería del ministro se perfilan las restricciones concretas que propondrá su proyecto de ley:

Se trataría de una ley de supuestos, similar a la que rigió sobre el derecho al aborto entre 1985 y 2010, pero aún más restrictiva. El aborto estaría penalizado, excepto en algunas circunstancias o supuestos. Este supone por regla general la eliminación del acceso al aborto de forma segura, igualitaria y por decisión de la mujer en las primeras 14 semanas de gestación. Naturalmente, esto no significa que los abortos que no se ajusten a la ley vayan a dejar de producirse. Las mujeres que puedan permitírselo viajarán al extranjero, ya que al fin y al cabo la mayoría de los países de la Unión Europea establecen leyes de plazos, en lugar de leyes de supuestos. Pero la nueva ley dejará en la cuneta a aquellas que no puedan pagarse este "lujo", y éstas serán cada vez más debido a la crisis económica y el paro galopante. Por esta razón, previsiblemente se producirá un incremento de abortos clandestinos que podrían poner la salud o incluso la vida de las mujeres en riesgo. Este último punto parece no inquietar al ministro, que solamente se muestra preocupado por la vida del embrión.

Ruiz-Gallardón ha anunciado su intención de incluir los supuestos de violación y de riesgo para la salud o para la vida de la mujer, pero se elimina el supuesto de malformación grave del feto, que ya existía en la ley de 1985 y recogida en la famosa "doctrina del Tribunal Constitucional" que el ministro siempre invoca. Como mencionamos anteriormente, el ministro se ha escudado en los derechos de las personas con minusvalías para eliminar este supuesto, pero esto no casa con los enormes recortes que se han dado en la Ley de Dependencia, sanidad y educación, que han dejado sin prestación o teniendo que afrontar copagos a miles de dependientes, incluyendo niños con minusvalías o enfermedades congénitas graves. Naturalmente, todos estos recortes recaen especialmente sobre las familias de la clase trabajadora.

Las últimas declaraciones del ministro señalan que la interrupción del embarazo sí estará despenalizada en aquellos casos en los que el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida. Sin embargo, por lo señalado en el párrafo anterior, se abre la puerta peligrosamente a que los médicos, por miedo a ser culpados de cometer irregularidades, retrasen el acceso al aborto en situaciones que después podrían demostrarse como irreversibles.

El gobierno no ha anunciado sus intenciones en cuanto a otros aspectos de la actual ley, como el acceso a los anticonceptivos. Los antecedentes de propuestas del gobierno de marginar a mujeres solteras y lesbianas del derecho a la maternidad, al denegarles el acceso público a tratamientos de fertilidad, no auguran nada bueno en este sentido, y parece que de nuevo se impondrá una ideología disfrazada de recortes económicos.

Como vemos la ley propuesta está completamente en consonancia con el resto de "reformas" o recortes de derechos, que ha ido realizando este gobierno desde que llegó al poder: se establecen copagos o tasas para derechos básicos como el acceso a la justicia, servicios sanitarios y medicinas, matrículas universitarias, etc y recortes que están mermando servicios tan básicos como la sanidad y la educación.

Mientras tanto, algunos sectores siguen prosperando en medio de la crisis, como la sanidad privada, a los que acudirán los que puedan costeárselo; y parte de los servicios públicos se privatizan para poder seguir engrosando las cuentas de resultados y los bolsillos de unos pocos. Igualmente, los recortes de derechos en la ley del aborto supondrán de facto la instauración de abortos de primera (aquellos practicados en el extranjero) y abortos clandestinos de segunda o tercera, que podrían tener incluso consecuencias fatales.

La desigualdad entre hombres y mujeres ya era patente antes de la crisis. A igual trabajo, las mujeres percibían porcentualmente menores salarios, y eran las que trabajaban mayoritariamente a tiempo parcial o en condiciones precarias debido a que el mayor peso de los cuidados y tareas domésticas recaen sobre ellas. Esto se debe a que las condiciones de trabajo no favorecen, o de hecho son completamente incompatibles con la conciliación. Sin ir más lejos, el derecho a la maternidad de las mujeres, del que el ministro Gallardón quiere aparecer como campeón, está indefinidamente coartado para las millones de mujeres que saben que las despedirán o no las volverán a contratar si se quedan embarazadas.

La crisis, paradójicamente, ha reducido las diferencias de salario entre hombres y mujeres de las que hablábamos anteriormente, pero no lo ha hecho mejorando las condiciones laborales de las mujeres sino empeorando y precarizando las de los hombres. Medidas como la Reforma Laboral, de éste y del anterior gobierno, ha lanzado a millones de trabajadores, hombres y mujeres, al paro, a trabajos precarios o a pérdidas de salarios, con el empobrecimiento de la clase trabajadora en su conjunto, pero sobre todo de los hombres que hasta antes de la crisis solían tener los puestos de trabajo más protegidos y mejor pagados. Aún así, de media las mujeres tendrían que trabajar 80 días al año más que los hombres para percibir el mismo salario, según datos recogidos en 2010 (La Nueva España, 08/03/2013).

La crisis además ha afectado especialmente a las mujeres en el sentido de que ellas asumen mayoritariamente nuevas cargas derivadas de los recortes. Como ejemplo, los recortes en la Ley de Dependencia, según informaciones recientes, suponen que cada 10 minutos un beneficiario se quede sin atención, y que cada media hora se pierda un puesto de trabajo relacionado con la dependencia. Tanto los trabajadores en el sector de la dependencia como los cuidadores son en su mayoría mujeres. Éstas últimas suelen hacerse cargo dentro de la familia de las personas dependientes mientras llegan las ayudas económicas o asistenciales, y éstos cuidados son muchas veces incompatibles con un empleo. Dejando al margen las diferencias de género, los beneficiarios se están reduciendo en números de miles al año. Es decir, muchos beneficiarios fallecen (la mayoría de los beneficiarios son personas mayores) pero la lista de espera sigue sin avanzar porque no se reponen los servicios. Como sentencian los expertos "los fallecimientos de personas dependientes financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del Sistema" (Público.es, 12/09/2013).

Otros recortes en sanidad y educación también afectan principalmente a las mujeres como los copagos en servicios de ambulancia, o de material necesario para los cuidados del enfermo en el hogar, además de los aumentos de precio o copagos en comedores escolares. También en estos casos recae una mayor carga de cuidados sobre las mujeres. Además, los recortes en tratamientos de fertilidad no afectan solamente a mujeres lesbianas o solteras, sino a todas las mujeres trabajadoras ya que por primera vez este año se estableció el copago de estos tratamientos en varias Comunidades Autónomas.

Todas estas desigualdades e injusticias se deben al capitalismo, un sistema asesino de hambre, guerra y explotación, en el que prima el enriquecimiento de unos pocos a costa de las condiciones de vida de la mayoría. En el estado español, por ejemplo, hemos presenciado recientemente los suicidios producidos por las crisis económicas y los desahucios, e incluso la muerte documentada de un inmigrante en las Islas Baleares debido a que se le había retirado la tarjeta sanitaria. Muchos otros han caído en la pobreza e incluso el hambre, siendo especialmente sangrante la gran proporción de niños en esta situación.

Las condiciones más precarias de determinados colectivos (inmigrantes, diferentes grupos étnicos, mujeres, etc.) favorecen al capitalismo ya que acaban ejerciendo una presión a la baja sobre las condiciones de trabajo o derechos del resto de la población. Solamente un cambio de sistema puede cambiar esta situación de explotación y desigualdad, donde una pequeñísima minoría controlan la gran mayoría de la riqueza. Este cambio debe ser hacia una sociedad donde la propiedad no sea privada sino pública y gestionada democráticamente, para poder garantizar para todos el acceso trabajo, vivienda, servicios públicos y, en definitiva, una vida digna.

Aborto libre, gratuito, público y seguro.

Verdaderos derechos reproductivos: derecho a decidir si se tendrán hijos, cuándo, y el número de éstos. Acceso gratuito a los métodos anticonceptivos para las mujeres que lo demanden.

Derogación de las Reformas Laborales de PP y PSOE que han recortado nuestros derechos laborales.

El fin de todos los recortes en servicios públicos como la sanidad, la educación, ayudas a la dependencia y servicios sociales. Al contrario éstos deben fortalecerse para hacer frente a las necesidades de la sociedad.

¡No al pago de la deuda de los especuladores! ¡Nacionalización y gestión democrática del sector bancario! Los recursos así liberados deben ponerse al servicio de la sociedad para garantizar los servicios públicos, pensiones, etc.

Por el cambio de la sociedad desde el capitalismo en beneficio de una minoría hacia una sociedad socialista para el fin de las desigualdades y para el beneficio de tod@s.