05/03/2013

Esta fue una de las consignas de protesta de este lunes 4 de marzo ante la sede del ministerio público, la fiscalía general, en repudio al vil asesinato del líder del pueblo Yukpa Sabino Romero, por el derecho a sus tierras en la Sierra de Perija al occidente del país en frontera con Colombia, estado Zulia.

Socialismo Revolucionario (CIT en Venezuela)

Con Sabino ya son 8 los compañeros y compañeras Yukpas asesinados en los últimos 3 años, ante total impunidad y criminalización de su lucha por el propio estado que tuvo privado de libertad a Sabino por casi 2 años, ¿podemos confiar en que habrá justicia?

Declaración Política de SR-CIT Venezuela, ante el cobarde asesinato, uno más, del luchador social indígena sabino Romero, en la Sierra de Perija, Estado Zulia.

La noche del domingo nos enteremos del asesinato de Sabino Romero, líder del pueblo originario de la etnia Yukpa, que sostienen una lucha con los latifundista, ganaderos de la sierra de Perija, por el derecho a sus tierras que les han sido arrebatas por siglos de colonialismo y de opresión.

Desde hace 3 años, diversos sectores de la izquierda hemos estado denunciando la situación de criminalización de los Yukpas, pero sobre todo de la persecución que estaba siendo sometido Sabino Romero, que fue encarcelado y tardo casi 2 años para lograr a través de la movilización  de las organizaciones sociales y populares de izquierda de base, que lograra su libertad.

Pero esta lucha data de décadas, la organización “Homo et natura” liderada el compañero Luisbi Portillo, reconocido luchador social y defensor de los derechos de los pueblos originarios, han venido denunciando con pruebas lo que está ocurriendo en la sierra de perija, donde se reflejan todo los elementos de las contradicciones políticas del gobierno y en carne viva la lucha de clase.

No solo es la cuestión de la tierra, y  de quien debe poseerla, si no también, los intereses económicos que se han incrementado producto de la existencia de minerales ricos y codiciados por el capital internacional como son el carbón y el coltan.

Aunque el gobierno ha reconocido en sus discurso oficiales la legitimidad de  la lucha Yukpa, y ha puesto en práctica un proceso de demarcación de las tierras; que si bien ha sido recibido como una respuesta positiva por parte de los yukpa y las organizaciones sociales que le apoyan, también han sido cuestionada por su proceso burocrático y la exclusión de los principales interesados que son el pueblo yukpa.

Son estos hechos aislados o son ya la expresión objetiva de una política de clase apoyada directa o indirectamente por el estado.

Hoy lunes, diversas organizaciones nos presentamos a expresar nuestra rabia, impotencia, solidaridad con el pueblo yukpa y el asesinato vil y cobarde de Sabino, pero no ha sido este el único caso y ya no se pueden seguir viendo como hechos aislados, como todavía algunos movimientos sociales y organizaciones de izquierda aun lo hacen ver.

Es difícil explicar y sostener esta teoría, cuando ya son 14 años de proceso revolucionario bolivariano, donde, dicho y denunciado por las propias organizaciones campesinas, ya son más de 300 campesinos muertos en manos del sicariato patrocinado por los latifundista, por la lucha de la tierra, estimulada por la ley de tierras que promovió el gobierno de Chávez. Que si bien no acaba con el latifundio en todas sus formas, abren un proceso de reforma agraria que sigue siendo agenda política y social pendiente en este país desde la época de la post guerra de independencia contra el coloniaje del imperio español.

En julio del 2009, nuestra organización y otras más, juntos con organizaciones de derechos humanos lideradas por PROVEA, iniciamos una campaña contra la criminalización de las luchas populares y el sicariato, fuimos juntos con las otras organizaciones que estaban sumada a la campaña, los primeros en dar un paso al frente; y contra el chantaje de la polarización política de no denunciar las “fallas del gobierno”, denunciamos la escalada de sicariatos y la política consciente desde el estado venezolano de criminalizar la luchas populares y responsabilizarse por el sicariato a través de la impunidad que se estaba desarrollando en el poder judicial.

Leyes que contienen artículos que implícitamente criminaliza el derecho a huelga como la de Soberanía Alimentaria y Seguridad Nacional, aprobadas por el parlamento nacional, que en su momento era totalmente controlado por el partido oficial del gobierno PSUV.  Y  los asesinatos en manos de sicarios de dirigentes sindicales en pleno proceso de lucha contra la patronal, daban elementos concretos y objetivos de los que denunciábamos.

El 29 de enero 2009 asesinan en el estado Anzoátegui en manos de la policía del estado, bajo la administración de un “ex luchador de los derechos humanos” y dirigente del PSUV Tarek William Saab. Dos trabajadores, uno de la transnacional Mitsubishi, y otra de la conexa MACUSA, en un acto de represión policial que intentaba romper con una huelga y toma de la empresa por parte de los trabajadores.

Ese mismo año el 05 de mayo, el dirigente sindical de la TOYOTA en Cumana, estado Sucre, también al oriente del país, administrado por un gobernador militante del partido de gobierno PSUV, el compañero Argenis Vásquez, es asesinado por sicarios cuando se disponía salir de su casa para hacer actividades que estaban relacionadas con la lucha que encabezaban los trabajadores de la TOYOTA por su contratación Colectiva.
En Junio del mismo año 2009, trabajadores de PDVSA GAS eran criminalizados y llevados a juicio por liderar una lucha por sus derechos laborales, sometidos a recibir condenas de hasta de 10años de prisión.
En este mismo años 2009, se encontraba ya en lucha por su liberación Sabino Romero, pero también fueron emblemáticos los caso del estudiante William Sanguino de la Universidad Bolivariana de Venezuela del estado Táchira y de Rubén González dirigentes sindical privado de libertad y encarcelado, por liderar una huelga y toma de la empresa (Ferrominera) junto a los trabajadores de la misma.
Pero antes el 27 de noviembre del 2008 se dio lo que se puede catalogar, el primer caso de sicariato y de criminalización política, que luego como ya lo hemos descrito se profundizaría en el 2009. Que fueron los asesinatos de los 3 dirigentes sindicales de la UNETE en el estado Aragua en manos de sicarios horas después de asistir a una convocatoria de huelga hecha por los trabajadores de la transnacional de alimentos colombiana ALPINA. Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, compañeros que perdieron su vida defendiendo los intereses de la clase trabajadora.
Fueron estos y muchos más casos, y el ahora asesinato del compañero Sabino Romero que nos deben poner a reflexionar profundamente cual es el carácter de este proceso “revolucionario”. Si es sostenible la tesis de que hay infiltrados; y que es parte de una política contrarrevolucionaria para hacer frenar la revolución.
No negamos el elemento contrarrevolucionario dentro del proceso revolucionario, pero son 14 años, que mas hace falta para hacer la revolución.
Es cierto que en la mayoría de los caso el gobierno se ha pronunciado y ha rechazado los asesinatos, pero no ha sido suficiente, como hemos visto los sicariatos continúan al igual que la criminalización. No dudamos que dentro de la dirección política del gobierno haya elementos que están desde hace un buen tiempo están haciendo la contrarrevolución. Pero repetimos, son 14 años, y los hechos son contundentes y objetivos, como explicar que solo son hechos aislados.
Como decía el titular de este artículo y una de las consignas de la protesta de este lunes ante la fiscalía, “¡De que socialismo estamos hablando si matan al pueblo yukpa!”. De que socialismo estamos hablando cuando se criminaliza la protesta social y popular; y por la corrupción y el burocratismo dentro del estado y la poca acción efectiva del gobierno, la impunidad sigue campante y estimulando el sicariato.
En el caso de los yukpa ya son 8 los muertos, 8 los asesinatos, desde el papa de Sabino hasta el propio Sabino. Es público que Gadema, la asociación de los latifundistas y ganaderos del estado Zulia cuenta con apoyo de un sector de las fuerzas armadas y del estado, por esos han actuado con total impunidad durante todos estos años.
Es, tan objetiva la situación, que ni la derecha que se ha mostrado oportunista e hipócritas en capitalizar las debilidades del gobierno, en el estos casos no ha podido emitir ninguna opinión fuerte, y no puede hacerlo pues ellos son los principales actores intelectuales de estos crímenes, y desde el gobierno, ya queda cada vez más claro que no es suficiente con sus declaraciones de rechazo y manifestación de solidaridad, que queremos hechos concretos.
Nos basta con críticas al gobierno y atacar la hipocresía de la derecha, es urgente la articulación de las fuerzas revolucionarias de base y en lucha.
Desde la izquierda revolucionaria, mas allá de las diferencia, Creemos que está claro que la demanda histórica de buscar los mecanismos de articulación y acción unitaria están cada vez más vigente. El proceso de transición post Chávez que estamos viviendo de manera solapada, encubierta, abre grandes riesgos entre los que está la derechización del proceso como lo expresa las políticas económicas del gobierno. No es necesario, no será necesario presenciar una vuelta al poder de la derecha tradicional, si no hay acción concreta de la izquierda revolucionaria, veremos, sin darnos cuenta, la derecha, otra vez en el control político total del estado y sepultando poco a poco los avances sociales y políticos.
Es hora compañeros y compañeras, que con las diferencias que tenemos, golpeemos juntos. La clase trabajadora, el pueblo pobre y explotado necesita dotarse de su propia dirección revolucionaria, de su propia alternativa política. No podemos seguir teniendo ilusiones y confianza en la dirección del gobierno y menos con la clara ausencia de su principal referente y líder, Chávez.
No se puede confiar, seguir dando apoyo incondicional al gobierno.
Si durante el 2009 vivimos esta escalada de sicariatos y criminalización con Chávez en pleno ejercicio de su liderazgo y poder, que podemos esperar ahora en su ausencia. Esta pregunta se las dejamos a los compañeros y compañeras que aun mantiene confianza en la actual dirección de gobierno y del PSUV.
Mientras exista el estado burgués, aun cuando esté en manos de “revolucionarios”, seguirá siendo el principal policía e instrumento opresor de la burguesía contra su enemigo histórico, la clase trabajadora y el pueblo pobre y explotado.
Por ello, la lucha no solo es demandar justicia, y reivindicar derechos, es también tomar conciencia y vocación de toma del poder político para transformarlo y acabar con el actual sistema de opresión y explotación.

¡Socialismo no es impunidad ni criminalización de la lucha social y popular!
¡Socialismo no es censura!
¡Socialismo no es burocratismo y corrupción!
Por una comisión independiente con participación de las organizaciones sociales en lucha para investigar los casos de sicariatos y criminalización de la protesta.
¡Yukpas somos todos!
¡Sabino, y todos los que han muerto en lucha por un mundo mejor, aun viven… y la lucha sigue!