Posted by Nuestra publicación: on miércoles, enero 23, 2013
Luis Mesina
Bajo el Mandato de Frei Ruiz Tagle y con la complicidad de la mayoría de la
Concertación se privatizó parte de Codelco. Más de 300 mil hectáreas de
yacimientos menores fueron traspasadas gratuitamente a empresas extranjeras. Además
se privatizó el Puerto de Ventanas y la Termoeléctrica Tocopilla. El Gobierno
de Frei, también, privatizó Colbún, Edelnor, Edelaysen, que representaban cerca del 40% de la generación
eléctrica del país.
Fue bajo su gobierno cuando
se dio inicio a la más grande destrucción
del patrimonio público, concretamente a la enajenación del agua. Su
gobierno comenzó la privatización de las empresas sanitarias que eran
abastecedoras de agua potable. La
empresa de Servicios Sanitarios de Valparaíso (Esval) licitó la venta del 35% de sus derechos, adjudicándoselos el consorcio Enersis-Anglian Water.
Posteriormente se enajenó las distribuidoras de la región metropolitana, Emos, (Aguas
Andinas), la del Biobío (Essbio)
y la de los Lagos (Essal).
El agua es esencial para la mayoría de las formas de
vida animal y vegetal en nuestro planeta. Es sobre todo fuente indispensable para
la vida humana. Es un bien escaso y fuente de conflictos en el futuro. La
Concertación, en menos de veinte años se puso a la tarea de privar a los
chilenos de este vital producto. Hizo, ha hecho y tratará de hacer todo lo
imposible por hacernos cada vez más difícil el acceso a este bien fundamental.
En la Patagonia chilena, donde se ubican las mayores reservas de agua dulce del
planeta, los gobiernos de la Concertación enajenaron en sus 20 años de gobierno
millones de hectáreas, muchas de las
cuales limitan el borde costero de los más grandes lagos del país, como el Lago
General Carrera y de importante ríos, como el Baker, impidiendo en el futuro el
acceso a la mayoría de los chilenos.
Ayer, los chilenos de
las regiones centrales del país fuimos notificados y alertados al mismo tiempo
de que no siempre tendremos “Derecho al Agua”. Ya no depende de nosotros. El
Estado chileno no está obligado, y no es su responsabilidad
garantizarnos a los chilenos el acceso a este preciado bien. Sólo importa el carácter privado sobre este
bien, poco importa el daño ocasionado a millones de compatriotas a quienes se
les negó este derecho fundamental. Entonces, ¿quién nos garantizará mañana el
acceso fundamental a este recurso vital?. Por cierto que la concertación ni la
derecha lo hará.
Es hora de ponernos a
caminar en la búsqueda de una salida, que por cierto no vendrá ni de la derecha
ni de la concertación, pues no creen en los bienes públicos como derecho a ser
usado por las personas
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