Según las encuestas el gobierno es mal evaluado

La popularidad del gobierno Bachelet no deja de caer, a pesar del salvavidas que le lanzó la derecha.
Patricio Guzmán

El 25 de octubre se entregó el resultado de la encuesta Adimark, que mes a mes ha venido midiendo la caída de popularidad del gobierno. Al cumplirse 18 meses de su mandato el gobierno de Bachelet, llegó al mínimo histórico de cualquier gobierno de la Concertación. 39.1% de aprobación y 42.7 de desaprobación.

Entretanto en los mismos días el gobierno ha obtenido un segundo millonario subsidio para garantizar el plan de transporte en la capital, el Transantiago. En realidad, una transferencia directa a los grandes empresarios privados del transporte y de la banca que controlan un sistema que ha implicado una disminución notable del nivel de vida de los habitantes de la capital. A pesar de todas las promesas, medidas que no se implantan y se vuelven a anunciar como novedad, y fechas de solución, nada serio acontece en este sentido, y los santiaguinos que nos movilizamos en transporte público hasta añoramos los viejos buses “amarillos” del caótico y contaminante sistema anterior dividido en cientos de pequeñas empresas, pero que dicho sea de paso prestaban mejor servicio y no requerían subsidios estatales. No es de extrañar entonces que, de acuerdo con el sondeo de Adimark, la evaluación de la gestión del Transantiago está en a su nivel más bajo (9%) y el ministro de transportes Cortázar, ahora se desploma al peor nivel en los 5 meses que lleva en el cargo (17%), después de asumir en medio de la crisis del Transantiago. Incluso políticos neoliberales como el ex presidente Frei, han intentado capitalizar popularidad proponiendo un sistema de transportes estatal en Santiago.[1]

Cuando fue electa, Bachelet llegó con enormes expectativas de la población. La gente esperaba “ahora sí” un gobierno socialista. Pero rápidamente una gran decepción ha venido a reemplazar esas expectativas. El gobierno ha profundizado el curso neo-liberal del gobierno de Lagos, incumpliendo sus promesas de equidad social, y profundizando la alianza con el gran empresariado.

La derecha pinochetista arroja un salvavidas al gobierno.
Parece paradójico que cuando el respaldo al gobierno llega a su mínimo histórico, los principales líderes de la UDI como Lavín y Longuerira y algunos menores de RN, que hasta hace poco atacaban agresivamente a Bachelet acusándola de incapacidad y falta de liderazgo, y denunciaban múltiples escándalos de millonarias corruptelas ahora se declaren “Aliancistas Bacheletistas”[2].

No es tan extraño si se piensa que han sido los sucesivos gobiernos de la Concertación los que han consolidado y legitimado el modelo neo-liberal chileno, instaurado por la dictadura gracias a una brutal represión, y que los grandes grupos económicos que hoy dominan la economías nunca ganaron tanto dinero.

La derecha, especialmente la UDI, que además no ha conseguido aprovechar en su beneficio la caída de popularidad de Bachelet decidió dejar de presentarse como oposición dura, para situar a sus líderes como socios colaboradores de la presidenta.

Los capitalistas ven con horror la creciente rabia[3] que se extiende en sectores de la sociedad, y las inéditas movilizaciones sociales que amenazan desestabilizar la paz social. Asegurar el mantenimiento de la “estabilidad” y la “gobernabilidad” como bases del “crecimiento económico” son metas centrales de la clase dominante chilena, que todavía no olvida que hace 30 años estuvo a punto de perderlo todo frente al alza del movimiento obrero y popular. Esto es particularmente inquietante para los empresarios cuando se vislumbra la posibilidad de una recesión producto de la “turbulencias financieras” internacionales[4].

Esta tranquilidad social, para ellos base del crecimiento económico, ha permitido enriquecerse a los grandes empresarios al tiempo al tiempo que crecía la brecha de desigualdad social sufrió un duro revés, con la organización y huelgas de los trabajadores precarizados – los “subcontratistas” - en algunos de los sectores más dinámicos de la economía como la explotación forestal y la mayor minera de cobre – CODELCO – desde donde se extendió a otros sectores como el agro-alimenticio. Por lo mismo los grandes capitalistas que financian y controlan a los partidos políticos de la derecha no ven con buenos ojos la perspectiva de un gobierno debilitado por luchas de los trabajadores y los pobres organizados.

Para responder a la erosión de popularidad y autoridad el gobierno ha diseñado un pacto político y un pacto social. El pacto político con la derecha se ha expresado en la apertura hacia un co-gobierno con la supuesta oposición. Con la apertura explicita del gabinete a las iniciativas legislativas de la Alianza, en temas como “seguridad ciudadana”, a su inclusión en las comisiones que discuten las reformas de previsión, salud y educación, y ahora en la “Comisión de Equidad”. Y con otros gestos relevantes como la designación de un hombre de la derecha como Fiscal Nacional.

Pacto Social.
El Pacto Social es lo medular de todo este diseño para bajar la conflictividad social, alimentada por décadas de abusos patronales y humillaciones, bajos sueldos y en el último periodo también alzas de precios, especialmente de los artículos de primera necesidad[5].
Fue la jerarquía de la Iglesia Católica la que abrió el debate sobre los bajos sueldos en Chile, cuando la Conferencia Episcopal solicitó públicamente un “sueldo ético” de $250.000 pesos chilenos, muy por encima del salario mínimo actual de poco más de $100.000 pesos chilenos.
La reacción del gobierno fue montar la Comisión de Equidad, se suponía inicialmente que para discutir el “salario ético” rápidamente relegado al olvido por un “ingreso mínimo familiar”, lo que es muy distinto. La Comisión le ha servido al desgastado gobierno para ganar tiempo, recomponer sus filas y proponer un Pacto Social. Este acuerdo fue prontamente saludado como positivo por sectores que van desde el empresariado al Partido Comunista.

La dirección de la CUT[6] tomó la iniciativa de sentarse con la gran patronal de la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio) para “dialogar y buscar solución al problema de los trabajadores”. No han faltado voces que ya han propuesto que los acuerdos a los que lleguen los interlocutores deberían incorporarse a las propuestas de la Comisión de Equidad para darle legitimidad social. No es esto lo que nos sirve a los trabajadores en Chile. Los trabajadores necesitamos direcciones sindicales que encabecen efectivamente las luchas y las reivindicaciones de las familias trabajadoras, y que entiendan que lo único que pueden hacer con los capitalistas es sentarse negociar, defendiéndolas, las reivindicaciones concretas de los trabajadores desde una posición de fuerza.

Entre las propuestas del Consejo de Equidad “ya se ha acordado terminar con algunas normas legales impulsadas por los propios gobiernos concertacionistas y aplaudidas en su momento por la dirigencia de la CUT, y que ahora este Consejo ratifica que no eran más que normas regresivas para los trabajadores. Hablamos de las normas que aceptaron los reemplazos de trabajadores en huelga y las que dieron amplias facultades los grupos negociadores de trabajadores (fácilmente manipulables por el capitalista) en desmedro de los sindicatos. Al otorgar a estos grupos negociadores capacidades para firmar acuerdos colectivos, se entregó a los empresarios una herramienta clave y con el amparo de la ley para debilitar a los sindicatos y a su principal arma legal: la negociación colectiva”[7], algo similar puede decirse de otra de sus propuestas, como de hecho los trabajadores contratistas impusieron mediante la huelga la negociación con la empresas mandantes[8], lo que no es legal, el Consejo de Equidad propone legalizar la negociación supra-empresas, pero tratando de acotar el daño y evitando la aspiración de los trabajadores a una negociación garantizada con las empresas mandantes, lo que supondría modificar la definición de empresa contenida el artículo Nº 3 del Código del Trabajo, la que en la practica ha impedido negociar al grueso de la fuerza laboral, precarizada en un 70% en el Chile actual.

Se propone acabar con el derecho de los capitalistas a contratar rompe-huelgas, y a reemplazar la negociación colectiva sindical, por negociación “con grupos de trabajadores”, reformas anti-sindicales introducidas en el gobierno de Ricardo Lagos, pero ello a cambio de introducir mayor flexibilidad laboral, reduciendo la indemnización por años de servicio con el pretexto de mejorar el seguro de desempleo.

Así mediante, un Pacto Social, que no altere nada importante del modelo de acumulación capitalista neo-liberal chileno, se pretende poner fin al incipiente proceso de recomposición sindical y retornar al dialogo y al consenso que en el pasado han servido para bloquear las aspiraciones de los trabajadores.

La dirección de la CUT se ha hecho eco del estado de ánimo de sus afiliados, anunciando un futuro Paro Nacional. De momento no pasa de la retórica, pero justamente ese es el camino para ganar nuestras reivindicaciones, necesitamos el Paro Nacional y la Protesta Popular. Necesitamos que los dirigentes sindicales convoquen a la Huelga General.



Notas:
[1] El metro, que es una empresa estatal, aunque deteriorado y saturado por el impacto del Transantiago, es lo que mejor funciona de todo el sistema.
[2] UDI (Unión Demócrata Independiente) y RN (Renovación Nacional) son los dos partidos de derecha herederos de la dictadura militar, juntos forman la “Alianza”.
[3] Otro estudio de opinión reciente mostró que la aprobación del modelo sigue muy alta, por sobre el 65% de la población. Sin embargo, al mismo tiempo consultados por sus principales problemas del país, los chilenos mencionan la posibilidad de quedar cesantes o enfermar, posibilidades catastróficas en el Chile actual, y la desigualdad social. Los propagandistas del capitalismo neo-liberal han sido bastante exitosos en invisibilizar el carácter social de estos problemas, pero el pensamiento único pro-mercado comienza a tener fracturas.
[4] Una recesión, o una simple desaceleración de la economías norteamericana, y como consecuencia de China, tendría un impacto brutal sobre la economía exportadora chilena, porque son - junto con Europa Occidental - los principales mercados de las empresas basadas en Chile.
[5] Aunque la inflación anual se ha disparado a una proyección de un 7% este año, se calcula que la canasta de consumo de los pobres ha aumentado cerca de un 30% anual.
[6] La dirección de la Central Unitaria de Trabajadores, está en manos de dirigentes de la Concertación y del PC. Su presidente Arturo Martínez es miembro del Comité Central del PS en el gobierno.
[7] Una pormenorizada crítica al Pacto Social y a las propuestas de la Comisión de Equidad está contenida en la declaración de la Coordinadora Sindical Clasista, que puede leerse en nuestro blog “Un Mundo Socialista Es Posible” http://correosemanal.blogspot.com , del 25 de octubre de 2007.
[8] La empresas mandantes son las verdaderas empleadoras, puesto que contratan y pagan a las empresas contratistas para externalizar funciones de producción y servicios. Muchas veces esas empresas contratistas no pasan de ser una ficción jurídica, empresas de papel para eludir impuestos y atomizar a los trabajadores, reduciendo la afiliación sindical..