Nuestras Exigencias
Es necesaria una verdadera democracia, en la que los derechos del pueblo no se limiten a votar cada cierto tiempo. Una democracia en la que sean las mayorías las que gobiernen, y su voluntad se acate en políticas gubernamentales para el bienestar de las mismas; se redistribuya el ingreso y se impida que se concentre en pocas manos, donde la Negociación Colectiva sea eficazmente la mejor herramienta de redistribución del ingreso. Un gobierno que haga realidad el que la democracia debe ser considerada no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
La democracia expresada en la soberanía del pueblo a partir de un nuevo sistema de representación popular, en el que los representantes y gobernantes funcionen bajo control del pueblo, sujetos siempre a la rendición de cuentas y a la revocación de su mandato; en un sistema que reduzca los órganos policiales, militares y judiciales— y en el que se reconozca a la comunidad, y en general a los poderes locales, como el eje articulador para el ejercicio de la democracia, y la redistribución del poder político hacia la base de la sociedad.
La lucha por un nuevo gobierno presupone el impulso decidido a la organización y movilización de todo el pueblo, comunidades, organizaciones locales y regionales, sindicales, sociales y políticas, por más modestas que éstas puedan ser o parecer, alrededor de una Asamblea Constituyente Soberana; es decir, hacia una nueva representación nacional popular que sea la expresión de la nueva mayoría que desplace a los servidores de los grupos financieros nacionales y extranjeros.
Nacionalizaciones e Industrialización del país. Se impone recuperar para el país todo lo que ya ha sido trasladado al ámbito de la explotación privada de manera parcial o total. Son necesarias las nacionalizaciones para recuperar el patrimonio nacional, entregados a la depredación capitalista local y extranjera, porque es la base de un desarrollo con independencia, soberanía, justicia social y popular. La recuperación irrestricta de la riqueza minera; la industria de telecomunicaciones; el sistema carretero, la minería, entre otras, y la nacionalización de todas las ramas estratégicas y prioritarias de la actividad económica, a las que se debe incorporar, entre otras, la informática. Los derechos a la soberanía del pueblo chileno, y a la propiedad y usufructo pleno sobre sus recursos naturales y energéticos, incluidos el espacio radioeléctrico, el agua, los bosques y las tierras. Medidas que garanticen que las empresas y ramas de la economía nacionalizadas estén al servicio del desarrollo nacional con independencia y justicia social y no del enriquecimiento privado nacional o extranjero. Entre estas medidas, es necesario asegurar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. La crisis mundial y la política de libre importación exponen a la base industrial existente, ya sea privada o pública a los peligros de desaparición a través de continuas racionalizaciones, como es el caso de Huachipato actualmente, principal empresa siderúrgica del país. O como es la situación de asfixia económica a la que está siendo llevada ENAP. Durante el gobierno actual se ha intentado privatizar los Astilleros Navales bajo la cobertura de la implementación de los gobiernos corporativos. Gobiernos Corporativos que bajo la fachada de “soluciones” administrativas para lograr “eficacia” en la dirección de la empresa no son otra cosa que una privatización encubierta. CODELCO, está sometida a la instauración de estos Gobiernos Corporativos y ha sufrido por la vía de las concesiones a empresas foráneas, la disminución en la participación de la producción de cobre.
Por una Banca al servicio del país. Se hace urgente redefinir la política crediticia de nuestro país. En estos 40 años la concentración del crédito en manos de minorías produjo una de las crisis más importantes del país, en efecto en 1982 el Estado chileno hubo de hacerse cargo de millones de pasivos de la banca privada (deuda subordinada) que a la fecha, aún algunas instituciones mantienen con el Fisco, caso Banco Chile.
La banca en general, incluido el Banco Estado han orientado toda su estrategia financiera a obtener tasas de rentabilidad cada vez mayores, ya no es sólo el diferencial obtenido entre la diferencia de captar y colocar dinero, sino que, con el correr de los años, especialmente bajo la Concertación, ha venido en aumento creciente los ingresos por comisiones cuya legitimidad es abiertamente inmoral. Sumado a lo anterior, la banca ha desarrollado una incursión en la venta de seguros cuya actividad le reporta gigantescas utilidades, todos estos ingresos se obtienen sobre la base de esquilmar a los sectores más pobres del país, a los trabajadores que requieren crédito y, por supuesto a la pequeña empresa que accede a fuentes de financiamientos a costos usureros imposibles de soportar.
La necesidad de una banca de Fomento y Desarrollo. Chile a diferencia de varios países de la región no cuenta con una Banca que oriente su estrategia al desarrollo de sectores económicos que por su naturaleza tienen ventajas comparativas y pueden ser, generadores de buenos empleos y generadores, al mismo tiempo de ingresos al país. Lo anterior exige nacionalizar y recuperar para el país instituciones cuya privatización fue realizada bajo oscuros procedimientos, que gozaron y se revitalizaron gracias a ingentes aportes fiscales, como ocurrió con parte importante de la banca privada.
Por el derecho a la libertad sindical, derecho al trabajo. El trabajo y el empleo se han establecido permanentemente precarios, constituyéndose en un factor determinante para empujar a la baja el valor de los salarios, lo que explica la brecha entre ricos y pobres. El 75% de la población recibe salarios inferiores a los $350 mil pesos mensuales, lo que les impiden tener una calidad de vida digna; sólo el 32,1% de las y los chilenos tienen un empleo formal, con contrato y cotizaciones al día, miles de trabajadores/as son subcontratados y se desempeñan en las condiciones más precarias, sin amparo de las leyes, por lo tanto, excluidos del derecho a la seguridad social. Esto se ve acrecentado por la política empresarial que vulnera impunemente las leyes laborales y sociales, con múltiples y escandalosas prácticas antisindicales y que externaliza actividades propias de las empresas para abaratar costos.
La vigencia jurídica y real de todos los derechos sociales deben ser consagrados en una nueva Constitución, como el derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación, al deporte, a la vivienda digna y el respeto a los derechos humanos. Plena libertad sindical, de negociación colectiva, y el fin del control estatal. Por la recuperación del poder adquisitivo mediante un aumento masivo, de emergencia, a los salarios, pensiones; por un plan inmediato y masivo de trabajo y de viviendas; contra la corrupción y la delincuencia; por la protección a los emigrados, trabajos dignos para la juventud; por la indemnización a las familias de los trabajadores muertos en accidentes de trabajo; por el establecimiento de la escala móvil de salarios y un estricto control de los precios y productos de primera necesidad, proteger la salud humana y aumentar la seguridad en el trabajo y en todos los espacios de vida humana y natural.
Fin al subcontrato. Pleno derecho a huelga. No existe libertad donde el derecho de huelga se simula, donde los sindicatos urbanos y rurales y las asociaciones profesionales están atados a una Constitución diseñada e impuesta para favorecer a una minoría. No existe libertad donde la negociación colectiva plena está prohibida, donde las luchas de los trabajadores son el blanco permanente de la represión policial.
Luchamos por sindicatos independientes del Estado, de los patrones, al igual que la independencia con respecto de los partidos políticos. Queremos los sindicatos como instrumentos históricos de los intereses reivindicativos de la clase trabajadora. Queremos una Central Unitaria de Trabajadores para los trabajadores. Estimamos que el origen y rol de una Central debe ser el de estar incondicionalmente del lado de los trabajadores, en total independencia respecto del gobierno, de los partidos políticos y de los empresarios.
Por el derecho a la Seguridad Social y la Salud Pública. Los trabajadores exigen el fin del saqueo del sistema AFP y un Nuevo Sistema de Pensiones. Se requiere la creación inmediata de una persona jurídica de derecho público autónomo del Estado, que administre los fondos previsionales de los trabajadores. Ello supone la eliminación inmediata del D.L. 3.500. Deben ser los propios trabajadores quienes determinen la forma y modo de administrar el nuevo sistema de previsión, que deberá estar sustentado en los principios de la Seguridad Social, basado en un régimen de reparto solidario y financiamiento tripartito.
En este Sistema de Seguridad Social hay que considerar derechos como la salud , el subsidio al desempleo, los subsidios temporales por maternidad o desempleo, los planes de pensiones y jubilaciones y otras medidas para asegurar unos niveles mínimos de ingresos y dignidad de vida a todos los habitantes de la república e intentar corregir desequilibrios de riqueza y oportunidades, mediante políticas sociales redistributivas.
La Seguridad Social en Chile, fue destruida por la dictadura militar, que impulso el lucro a través de la privatización. Los sucesivos gobiernos civiles han hecho suya la lógica privatizadora y subsidiaria del estado. Cambiando derechos sociales por supuestas libertades, reales solo para los que puedan pagarlas.
Mediante los Decretos Ley 3500 y 3501, se puso fin al sistema previsional de seguridad social chileno, conquistas sociales construidas durante décadas en Chile. Así se liquidaron las Cajas de Previsión reemplazadas por las AFP.
Bajo la dictadura se inició el proceso de privatización de la Salud Pública. El año 1981 se promulgó el Decreto Ley 3/1981 con el que se crean las ISAPRE, y se cambio el carácter a las Mutuales de Seguridad de instituciones sin fines de lucro, a empresas que funcionan con la misma lógica de las empresas privadas de salud, es decir con fines de lucro.
El sistema de fondos privados de pensiones, las AFP, no es un sistema de Seguridad Social. Se trata de un seguro privado de carácter obligatorio, basado en multifondos de capitalización individual, que expone a los afiliados y los riesgos de los mercados de inversión especulativos. Este sistema no tiene como fin otorgar las pensiones prometidas cuando fue instaurado, y que según la propaganda debían fluctuar entre un 70% y un 75% de las remuneraciones durante la vida activa del trabajador. Su fin es otorgar pensiones que transforman a los jubilados en pobres. Pero en cambio, ha servido para que los grandes grupos económicos acumulen capital. Es un mecanismo de redistribución regresiva de la riqueza nacional, que hace a los muy ricos cada vez más ricos.
Respecto de la Salud, actualmente tenemos un sector público que comprende FONASA en su aspecto financiero y el SNSS en su componente de prestación de servicios. Por otra parte, el subsector privado principalmente representado por las ISAPRE y mutuales en su aspecto financiero previsional y los profesionales y centros asistenciales privados en su componente de prestación de servicios. Aunque en los gobiernos civiles hubo un aumento importante del gasto en Salud, sus propuestas centrales han sido traspasar las prestaciones de salud, inclusión las que deben ser garantizadas por el sistema de salud pública, a las empresas privadas.
En 1980 se dictó el Decreto Ley 1/3063, que transfirió los establecimientos asistenciales de nivel primario a la administración municipal. El proceso se realizó entre 1981 y 1988, quedando en manos de la administración municipal la mayoría de los Consultorios Generales Urbanos y Rurales, Postas Rurales de Salud y Estaciones Médico Rurales. El derecho igualitario a la salud pública exige el fin de la municipalización y presupuestos nacionales destinados exclusivamente a la Salud Pública.
En cuanto a los sistemas de Salud laboral, la prevención y tratamiento de Accidentes de Trabajo y Enfermedades profesionales (Ley 16.744), nuestra demanda es que el seguro de salud que actualmente es financiado básicamente con el aporte del 7% de las remuneraciones del trabajador, debe incorporar obligatoriamente un aporte equivalente del empleador, ambos aportados al Fondo Nacional de Salud.
La legislación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Ley 16.744), tiene que ser actualizada incorporando las nuevas enfermedades y patologías profesionales, aparecidas junto con la actual organización del trabajo, la flexibilidad, la polivalencia, el trabajo por metas y el incremento de los ritmos de trabajo. En especial las patologías de carácter mental y psicológico, y las derivadas de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Reconstrucción del Sector Público. La evidencia muestra que la reducción del Estado y los Servicios Públicos en materias de servicios, regulación y fiscalización, ha generado recurrentemente situaciones de abuso y desprotección que afectan a importantes segmentos de la población, impidiendo el ejercicio de sus derechos más esenciales, como salud, trabajo, vivienda, educación, justicia, entre otros, creándose brechas de inequidad, daño y exclusión social.
El empleo público en Chile, está basado en el principio de la flexibilidad, la temporalidad y la precariedad. Un reclutamiento de funcionarios sujetos a contratos que caducan anualmente y de trabajadores a honorarios sin protección laboral ni social. El personal que labora en estas condiciones alcanza a un 60% de la dotación de la Administración Central del Estado.
Estas condiciones de inestabilidad, desprotección y precarización en el sector público, afecta a más de 100.000 funcionarios. El personal denominado de “planta” que se aproxima al 40% de la dotación, tiene condiciones de mayor estabilidad, pero carece de un sistema de carrera funcionaria eficiente, que fomente la inversión en formación y promueva el desarrollo del personal. En materia de salarios, la política que se utiliza es funcional al modelo económico, replicándose las brechas que se producen en todas las áreas productivas del país: quienes laboran en las instituciones públicas vinculadas al sector económico y financiero tienen mejores salarios que aquellos que trabajan en las instituciones o ministerios del sector social en el Estado, con un fuerte componente de remuneración variable para ambos sectores. El sistema de relaciones laborales se sustenta en la práctica de hecho y no de derecho, en la negociación anual de las condiciones generales de empleo público. No se reconoce en el derecho laboral, a pesar de que el Estado chileno ratificara el Convenio Nº 151 de la OIT, que reconoce el derecho a la Negociación Colectiva para el Sector Público. Por su parte, el derecho a la Huelga, considerado como constitutivo de los derechos básicos de los trabajadores y sus organizaciones en la defensa de sus intereses laborales, se encuentra prohibida a los trabajadores públicos por la Constitución, persistiendo este enclave antidemocrático que vulnera un derecho fundamental.
La reconstrucción y fortalecimiento del sector público requiere la regularización del empleo público, traspasando el personal a contrata hacia la planta de las instituciones públicas. El traspaso a los trabajadores a honorarios, que cumplen funciones permanentes y regulares a la condición de contrata. Un Seguro de Cesantía con financiamiento Estatal. Rediseño de plantas y de estructura orgánica de los servicios públicos, adecuándolas a los nuevos desafíos y exigencias de la ciudadanía. Un Estatuto Administrativo, que garantice la Carrera Funcionaria, con condiciones de ingreso transparentes, de desarrollo real para el personal, con protección social y un egreso digno. Que asegure la promoción y respeto de los derechos fundamentales en el trabajo. Que propicie la excelencia en la función pública, fundada en el mérito y la experiencia.
Reforma Agraria y pueblos originarios. Una verdadera reforma agraria, que considere la inmediata devolución de los territorios usurpados a partir de la dictadura, especialmente a los pueblos originarios; que establezca una política de apoyo a la producción del campo, a través de obras de infraestructura, créditos oportunos y baratos, asistencia técnica y subsidios que permitan elevar su productividad. Nuestra producción rural, igual que la industrial, no deben ser diseñadas para las necesidades de mercados extranjeros, sino para que garanticen el desarrollo de nuestras fuerzas productivas nacionales y los intereses de la clase trabajadora y el pueblo. Medidas que acaben con la cruel explotación a la que se somete a los trabajadores agrícolas y les aseguren condiciones de vida digna y decorosa. Los pueblos y comunidades indígenas deben disponer de sus plenos derechos y una vida digna y decorosa, sin discriminaciones de ninguna especie y con respeto y fomento a sus culturas. Nada puede existir en la base económica y jurídica de la sociedad, que disminuya las condiciones de vida de un pueblo, de una comunidad ni de grupo alguno de la población, con respecto de otros.
La defensa del medio ambiente. La crisis ambiental no tiene solución si no se resuelve la crisis social. No habrá justicia ambiental sin justicia social. Este colapso responde a la manera en que la producción y el consumo están organizados en función del lucro por el capitalismo mundial. Los mecanismos de mercados han sido diseñados para que las transnacionales, las que más han contribuido a la crisis ambiental, sigan ganando dinero y realizando especulaciones financieras en medio del caos y la destrucción, de ahí la perversa necesidad que tienen de mantener en pie e incluso incrementar los peligrosos niveles de contaminación actuales. La tecnología no es una simple cuestión de objetividad científica. Su desarrollo y empleo está guiado por intereses; En este momento la lógica capitalista es la predominante. Así, las fuerzas productivas crecientemente se han transformado en fuerzas destructivas; de recursos para la vida en recursos para la muerte. Por ello, la ciencia y la técnica deben perder su carácter privado, convertirse en patrimonio de la humanidad para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos y los peligros de su desarrollo y el uso incontrolado de materiales nucleares, químicos, genéticos, tecnologías reproductivas, nanotecnologías y armas biológicas. El acceso y el dominio de la ciencia y la técnica son primordiales para romper con la subordinación a las Multinacionales y todas las visiones y prácticas que reproducen los procesos de enajenación y deshumanización, incluidos los nacidos de prejuicios pseudo científicos.
La mujer en la construcción de la nueva sociedad. La desigualdad entre los sexos es la opresión más generalizada en la historia humana. Se remonta al origen del Estado y ha perdurado hasta hoy. Por su condición las mujeres han resentido con más crudeza los efectos de la crisis económica: pobreza, desempleo, falta de vivienda y explotación. La plena equidad en los derechos y oportunidades para todas las mujeres, especialmente la absoluta garantía para que ellas sean las que decidan sobre sus cuerpos, sus vidas, sus destinos, frente al Estado y ante los varones de sus familias. Se requieren leyes de protección para la mujer trabajadora. Programas de acción positiva para garantizar la igualdad plena de hombres y mujeres y el derecho pleno a disponer de su cuerpo y sexualidad. Por la implantación de programas para impulsar la educación, la formación y la integración profesional de las mujeres y las jóvenes; por una legislación que garantice una remuneración igual por trabajo de igual valor; por el establecimiento de servicios de salud y de educación adecuados para que ellas definan sobre sus derechos reproductivos y sus relaciones personales; por la existencia de servicios dignos de cuidado y atención infantil; por una participación plena y en términos de igualdad de la mujer en las actividades sociales y políticas de, mediante la adopción de medidas positivas para garantizar la representación de la mujer en todos los ámbitos de toma de decisiones. Las mujeres son algo más de la mitad de la población de nuestro país. La justicia y la igualdad para ellas son condiciones necesarias para que exista justicia e igualdad a nivel nacional.
Somos hijos de esta tierra. Por el presente y el futuro de las nuevas generaciones debemos ver lo que existe como realidad: De una parte; una minoría que ha saqueado las riquezas de esta tierra, que ha expoliados nuestras fuerzas creadoras. De otra; una clase trabajadora que no ha tenido más riquezas que su propia fuerza de trabajo. Una clase trabajadora que ha luchado desde su nacimiento por un destino digno para ella y sus hijos.
Creemos firmemente que es hora de la transformación de este país, como parte de una obra humana colectiva. En la historia de la humanidad, de las luchas sociales, han existido hombres y mujeres que han mostrado la capacidad de interpretar los sentimientos y aspiraciones de millones de trabajadores, juventud, campesinos. Creemos que uno de estos hombres es actualmente Marcel Claude, porque levanta la lucha por el país de los derechos, que es ofrecer a las nuevas generaciones un futuro digno de una nación rica como la nuestra. Una nación de derechos. Por ello es que es necesario trabajar por lo que reivindicamos en términos de programa y reivindicaciones:
