Economía Mundial - Se avecina el colapso del sistema bancario moderno

Posted by Nuestra publicación: on jueves, diciembre 27, 2007

Mike Whitney
Sin Permiso

Las acciones cayeron drásticamente la pasada semana al conocerse la aceleración de la inflación, que limitará la capacidad de la Reserva Federal para seguir bajando los tipos de interés. El jueves, el Dow Jones Industrials cayó 294 puntos, tras anunciarse el recorte de un cuarto de punto en el tipo de los fondos de la FED. El viernes, el Dow bajó otros 178 puntos, cuando datos del gobierno revelaron que los precios del consumo habían subido un 0,8% el mes pasado, tras un 0,3 por cien en octubre. El mercado de valores va dando tumbos cuesta abajo, camino de convertirse en un “mercado primario bajista”. Ha habido un continuo deterioro en las ventas al detalle, en el sector comercial inmobiliario y en los transportes. La industria financiera pasa por una importante retracción, habiendo perdido más del 25% en capitalización agregada desde julio. El mercado inmobiliario está colapsado. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, anunció el viernes que declarará la “emergencia fiscal” en enero y pedirá más poderes para hacer frente al déficit presupuestario de 14 mil millones de dólares generado por la fusión del préstamo subprime.

Los economistas están comenzando a reconocer públicamente lo que muchos analistas demarcados sospechaban desde hace meses; la economía de la nación ha entrado en barrena picada.

El presidente de Morgen Stanley en Asia, Stephen Roach, observó lo que sigue en el New York Times del pasado domingo:

“Esta recesión será más profunda que la superficial contracción de comienzos de esta década. El desplome del punto.com derivó del colapso de un capital de negocios, cuyo gasto llegó a representar en el momento culminante, en 2000, sólo el 13% del producto interior bruto. La presente recesión tiene que ver con la capitulación del consumidor americano que se avecina, el gasto del tiene ahora récord de un 72% del PIB.”

La mayoría de la gente no tiene la menor idea de la gravedad de la presente situación, ni del desastre al que tendrá que hacer frente el país, cuando empiece a soplar el huracán de los billones de dólares procedentes de bonos y títulos sobreapalancados. Está extendida la creencia de que los pilotos del sistema - Bernanke y Paulson – pueden, de uno u otro modo, maniobrar para sacar a la economía de este “curso turbulento” y llevarla a aguas tranquilas. Pero no es así, y el prejuicio revela una incomprensión fundamental del modo de funcionamiento de los mercados. La FED no tiene poderes mágicos, y no se expondrá ella misma a ser atropellada por los mercados manteniéndose atravesada en el camino de una avalancha de mercado. A medida que aumenten los cierres y las bancarrotas, las acciones se desplomarán, y la FED se mantendrá circunspectamente al margen.

En estas últimas semanas, Bernanke y Paulson han ensayado varias estrategias fallidas. Paulson pergeñó un plan para ayudar a los grandes bancos inversores a consolidar y re-empaquetar su basura hipotecariamente respaldada, convirtiéndola en un “Super SIV” [SIV: “vehículo de inversión estructurada”, por sus siglas en inglés; N.T.], a fin de darles otra oportunidad de descargar en el público sus malas inversiones. El plan no era otra cosa que una táctica de relaciones públicas que ha sido ya abandonada por el grueso de los participantes clave. La implicación de Paulson es un verdadero lamparón para el Departamento del Tesoro. Tal parece como si tratara de engañar a los inversores, mientras viene en socorro de sus amigotes de Wall Street.

Paulson agregó también una congelación de los tipos “para apoyar a la industria” que, pretendidamente, habría de ayudar a los 3,5 millones de propietarios de vivienda que se enfrentan a la perspectiva de convertirse e morosos, si no reciben asistencia gubernamental. Estimaciones recientes de expertos dicen que el plan de Paulson solo ayudará a 140.000 hipotecados, abandonando en cambio a millones a su suerte. Una y otra vez, Paulson ha demostrado no estar a la altura de un desafío económico de esta magnitud.

El jefe de la FED, Bernanke, no lo ha hecho mucho mejor que Paulson. Su rebaja de tres cuartos de punto en los Fondos de la FED no ha hecho bajar las tasas de interés hipotecario, ni ha generado mayores ventas inmobiliarias, ni ha estabilizado el mercado de valores, ni ha mitigado el masivo endeudamiento de los bancos. Ha sido un pinchazo de principio a fin. Todo lo que ha conseguido es debilitar el dólar y disparar una ola de inflación. De hecho, de acuerdo con las estadísticas que presenta ahora el gobierno, los precios de la energía están subiendo un 18,1% anual. Se diría que Bernanke está siguiendo al pie de la letra la supuesto dicho de Lenin, según el cual “la mejor manera de destruir el sistema capitalista es corromper la moneda”.

El miércoles, la Reserva Federal comenzó un “esfuerzo coordinado” con el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo, a fin de afrontar las “altas presiones a que está sometido el aprovisionamiento monetario a corto plazo de los mercados”. La FED hizo una declaración, conforme a la cual “pone a disposición del Banco Central Europeo y del Banco Nacional Suizo 24 mil millones de dólares para incrementar la oferta de dólares en Europa” (Bloomberg). La FED añadirá otros 40 mil millones por vía de subastas, a fin de incrementar la liquidez en EEUU. Bernanke trata de aflojar el nudo con que el Libor (London Interbank Offered Rate) ha ceñido los tipos en Inglaterra, reduciendo el préstamo interbancario. El declive ha hecho cojitranco el ritmo de crecimiento, y podría meter al mundo en una espiral de recesión. El “plan maestro” de Bernanke es poco más que inyección de efectivo en bancos a pique de hundirse. Son ínfimas sus posibilidades de éxito. La FED está ofrciendo 0,85 dólares por dólar atrapado en los títulos hipotecariamente respaldados (MBS, por sus siglas en inglés) y obligaciones de deuda colateralizada (CDO, por sus siglas en inglés), que se vendían la semana pasada en la E*Trade liquidation a 0.27 dólares por dólar. Al mismo tiempo, la FED ha prometido mantener secretas las dentidades de los bancos que toman prestados esos fondos de emergencia. La FED está llevando sus negocios como un vulgar corredor de apuestas.
Desgraciadamente, la operación de salvamento de la FED no ha conseguido nada. Los tipos Libor –que están ahora en su valor más alto de los últimos siete años— no han bajado. Eso causa gran preocupación entre los dirigentes de los Bancos Centrales de todo el mundo, pero nada pueden hacer al respecto. Los bancos están hacienda acopio de efectivo para subvenir a las necesidades de capital. Tratan de contrarrestar la pérdida de valor de sus activos (hipotecariamente respaldados) incrementando sus reservas. Al mismo tiempo, el sistema está obturado por billones de dólares de malos títulos, lo que ha paralizado el crédito. Las gigantescas inyecciones de liquidez realizadas por la FED no han hecho nada por mejorar o rebajar los tipos interbancarios. Ha sido un pinchazo. El mercado es el que dirige ahora los tipos de interés . Si la situación persiste, el mercado de valores se desplomará.

Mirar el abismoUno de los principales economistas británicos, Peter Spence, lanzó una advertencia el sábado:
“El gobierno tiene que suspender un conjunto de regulaciones bancarias que están en el núcleo de la presente crisis financiera, o arriesgarse a ver cómo la economía entra en una espiral, cuyo final podría hacer aparecer el crack de 1929 como un paseíllo por el parque.”

LLeva razón Spencer. Los bancos no tienen el dinero necesario para prestar a las empresas o a los consumidores, porque tratan de hacerse con más efectivo para subvenir a sus necesidades de capital en activos que continúan en declive. (La FED puede pagar 0,85 dólares por dólar, pero los inversores no están dispuestos a pagar nada.) Spencer supone fundadamente que la razón de que los bancos hayan paralizado el préstamo no es porque “desconfíen” de otros bancos, sino porque están pillados de capital a causa de todas sus engañosas hojas “fuera de balance”. Si no se modifican las regulaciones de Basilea, los mercados monetarios seguirán congelados, el PIB menguará y habrá una oleada de quiebras bancarias.

Spencer dijo:
El Banco [de Inglaterra] está mirando al abismo. La Autoridad de Servicios Financieros tiene que hacer una ronda y comprobar que todos los bancos son solventes, y luego tiene que rebajar el nivel de capital requerido por Basilea, pasando de 8pc a 6pc. (“Call to Relax Basel Banking Rules, UK Telegraph) Spencer confirma lo que ya sabíamos: que los bancos están gravemente subcapitalizados y severán sometidos a creciente presión, a medida que cientos de miles de millones de dólares de títulos hipotecariamente respaldados (MBS) y de obligaciones de deuda colateralizada (CDO) sigan perdiendo valor y tengan que ser sostenidas con capital adicional. Los bancos simplemete no tienen los recursos, y llegará el día en que tendrán que echar cuentas.Bill Gros, de Princo, lo pone así: “En substancia, estamos asistiendo al derrumbre de nuestro actual sistema bancario”. Lleva razón Gros, pero con eso cubre sólo una pequeña porción del problema.

El economista Ludwig von Mises fue en su día más lacónico:
“No hay modo de evitar el colapso final de un boom fundado en la expansión crediticia. La cuestión es sólo si la crisis llegará pronto, como resultado de la interrupción voluntaria de una ulterior expansión crediticia, o más tarde, como catástrofe final y total del sistema monetario en cuestión.”

El problema básico trae su origen en la FED, cuando el anterior jefe Alan Greenspan bajó los tipos por debajo de la inflación durante 31 meses seguidos, lo que inyectó billones de dólares de crédito a bajo interés en el sistema financiero y encendió un frenesí especulativo en el sector inmobiliario. Greenspan ha dedicado mucho tiempo últimamente a descargarse de toda culpa por la catástrofe que engendró. Es un “pasa-culpas” de primera. En el Wall Street Journal del pasado viernes, Greenspan pergeñó una defensa en 1500 palabras de su acción como jefe de la Reserva Federal, señalando con el dedo a todo y a todos, desde el “bajo coste de la fuerza de trabajo” en China a “la caída Delmiro de Berlín”. El opúsculo está escrito en la habitual prosa confusionaria de Greenspan. Con su opacidad marca de la casa, Greenspan pasa de puntillas por encima de hechos bien documentados de la época de su jefatura en la FED, para absolverse a sí mismo de cualquier responsabilidad personal por el desastre subsiguiente.

La apología de Greenspan es una obra maestra de lógica viciosamente circular, de liberada evasión y patente negación de la realidad.

Dice: “No dudo de que unos tipos bajos federales en respuesta al desplome del punto.com, y especialmente el tipo del 1% alcanzado a mediados de 2003 para contrarrestar la potencial deflación, bajaron los tipos de interés hipotecario variables y pueden haber contribuido al aumento de precios de la vivienda en EEUU. En mi opinión, sin embargo, el impacto sobre la demanda de vivienda financiada con hipotecas variables no fue grande.”

¿Qué ”no fue grande? 3,5 millones de embargos potenciales, un acúmulo de oferta no vendida de 11 meses, desplome de los precios inmobiliarios, todo un sector hundido en una angustia terminal que arrastra a la economía global, ¿eso “no es grande”?

Pero Greenspan está parcialmente en lo cierto. Las cuitas inmobiliarias no pueden atribuirse totalmente a las políticas monetarias de “crédito barato” desarrolladas por la FED. También fueron alimentadas por una Doctrina de la Desregulación que ha penetrado, perneándolos, en los mercados norteamericanos de capitales desde la era Reagan. Las ideas de Greenspan sobre el modo en que los mercados deberían funcionar estaban –en buena medida— moldeadas por esa ideología no-intervencionista/no-supervisadora que ha creado enormes burbujas en los mercados de valores y no menos enormes desequilibrios. El apoyo dado por el anterior jefe de la FED a las hipotecas de interés variable y al préstamo subprime muestra que Greenspan se entendía a sí mismo más como un animador de los grandes jugadores del mercado que como un árbitro imparcial, cuya tarea era controlar los comportamientos temerarios o poco éticos.

En su artículo, Greenspan añade también esta reveladora pieza de información:
“El valor de los títulos comerciados en el mayor Mercado de valores del mundo ha subido hasta alcanzar los 50 billones de dólares, el doble que en 2002. La drástica subida de los precios de la vivienda generó una erupción de grandes burbujas inmobiliarias a escala mundial, siendo Japón y Alemania las únicas excepciones.”("The Roots of the Mortgage Crisis", Alan Greenspan, Wall Street Journal)

Admisión que prueba la culpabilidad de Greenspan. Si sabía que los precios de las acciones habían doblado su valor en apenas 3 años, también tenía entonces que saber que los títulos no subían a causa de incrementos de productividad o de demanda (fuerzas del mercado). La única explicación razonable para la inflación de activos, pues, era la política monetaria. Como dijera famosamente su propio mentor, Milton Friedman: “La inflación es siempre y dondequiera un fenómeno monetario”. Cualquier economista capaz habría sabido que la explosión de los precios de la vivienda y de las acciones era un signo de inflación irregular. Ahora que ha estallado la burbuja, la inflación se propaga desatada por la economía toda.

Greenspan es un hombre muy listo. Es absurdo pensar que no sabía lo que estaba pasando. Es teoría económica elemental. Claro que sabía por qué las acciones y los precios inmobiliarios se disparaban. Fue él quien puso la cadena del dominó en marcha con la ayuda de su imprenta. Pero el crédito a bajo interés de Greenspan solo es una parte de la ecuación. La otra parte tiene que ver con el modo en que los mercados han sido alterados por las “finanzas estructuradas”.

Lo que resulta tan destructivo de las finanzas estructuradas es que permiten a los bancos crear crédito “de la nada”, arrebatando a la FED su papel de controladora de la oferta monetaria. David Roche explica cómo funciona eso en extracto de libro New Monetarism aparecido en el Wall Street Journal:

“La causa del crecimiento exponencial del crédito, pero no de la moneda en general, fue simplemente que los bancos dejaron de registrar sus préstamos en sus libros, y los que figuran en las hojas de saldo del banco, cuentan como dinero. Ahora, tan pronto hacen los bancos un préstamo, lo “securitizan”, y lo sacan de su hoja de saldo. “Sólo había dos maneras de hacer eso. Una era vender el préstamo segurizado como bono. La otra era proceder a una segurización “sintética”: por ejemplo, usando derivados para escapar al riesgo de morosidad (con cambios de créditos fallidos) y aferrarse al tipo de interés debido al préstamo (con cambios de tipo de interés). Ambas formas de segurización significan que el banco prestador queda en libertad para realizar nuevos préstamos sin que se vea afectada su capacidad prestamista, una vez los préstamos realizados han sido “segurizados”.

“Así, para redefinir la liquidez bajo lo que yo llamo Nuevo Monetarismo, a la tradicional definición de la moneda en general, hay que añadir todo el crédito creado y movido por las hojas de saldo de los bancos hacia las hojas de saldo de los intermediarios no-financieros. Esa nueva forma de liquidez ha alterado la naturaleza misma de la bestia que es el crédito. Lo que ahora determinaba el crecimiento del crédito era el apetito de riesgo: la disposición de las empresas y de los individuos a llevar sus negocios con mayores niveles de endeudamiento.” (Wall Street Jornal.)

Los bancos han estando creando billones de dólares de crédito (por la vía de originar seguridades respaldadas hipotecariamente, obligaciones de deuda colateralizada y títulos comerciales respaldados por activos), sin mantener las reservas de capital proporcionales para respaldar ese crédito. Eso explica por qué los bancos estaban tan prontos a proporcionar crédito hipotecario a millones de solicitantes sin documentación, sin ingresos, sin colateral y con una mala historia crediticia. Creían que no había riesgo, porque estaban haciendo enormes beneficios sin comprometer en lo más mínimo el propio capital. Era, literalmente, dinero por nada.

Ahora, desgraciadamente, el mecanismo generador de nuevos préstamos (e ingresos) se ha derrumbado. La fuentes principales de la renta bancaria, o han sido gravemente dañadas o se han secado completamente. Una de esas fuentes de renta, los títulos comerciales respaldados hipotecariamente (ABCP, por sus siglas en inglés), han experimentado un decremento de un tercio (400 mil millones de dólares) en sólo 17 semanas. También la segurización de las seguridades hipotecariamente respaldadas murió antes de ingresar en el hospital. El mercado para MBSs y CDOs y otros complejos bonos se ha unido a los pterodáctilos en los libros de historia. Lo mismo vale para los “vehículos de inversión estructurada” (SIV, por sus siglas en inglés) y otros timos “fuera de hoja de saldo”, que o se han desplomado por completo o se están ahora marchitando salvajemente en bonos respaldados hipotecariamente. No hay vía de salida. Vendrán bancarrotas y quiebras de bancos. Las “finanzas estructuradas” han usurpado la autoridad de la FED para generar crédito nuevo, poniéndolo en manos de los bancos.

Ahora todo el mundo pagará el patoLos inversores han perdido su apetito por el riesgo y huyen de todo lo que tiene que ver con propiedad inmobiliaria y bonos hipotecariamente respaldados. Eso significa que unos 3 billones de deuda segurizada (CDOs, MBs y ASCP) se estrellarán en tierra ocasionando una violenta sacudida a la economía. No sólo los bancos sufrirán un revés.

Como señala el profesor Nouriel Roubini, los intermediarios financieros, los bancos de inversión, los fondos de mercados monetarios, los fondos de derivados financieros y los prestamistas de hipotecas están igualmente en el punto de mira:
“Las instituciones no bancarias carecen de acceso directo al apoyo en liquidez de la FED y de otros bancos centrales, y corren ahora el riesgo de un colapso de liquidez, en la medida en la que tienen responsabilidades a corto plazo pero su activos son a largo plazo y no líquidos; de modo que el riesgo de algo equivalente a una quiebra bancaria está creciendo en el caso de estas instituciones financieras no bancarias. Y no hay posibilidades de que instituciones de depósitos presten a su vez a esas instituciones no bancarias los fondos que les prestan los bancos centrales, porque ellas mismas tienen problemas liquidez y no acaban de fiarse de las instituciones no bancarias. Así pues, en resolución, la política monetaria es ahora totalmente impotente para enfrentarse a problemas de liquidez y a los riesgos de quiebra ante las responsabilidades líquidas de una buena parte del sistema financiero.” (Nouriel Roubini, Global EconoMonitor)

A medida que se acelera el declive de los CDOs y los MBSs, los inversores emprenderán un “febril vuelo” hacia la liquidez, como se acaba de ver con el reciente incremento en la demanda de bonos del Tesoro de EEUU. A eso podría seguir una serie de quiebras bancarias y no bancarias espectaculares. Los billones de dólares de “capital virtual” milagrosamente creados por la segurización cuando el mercado estaba henchido de optimismo se desvanecerán en un instante en cuanto el mercado se deje llevar por el miedo. De hecho, la burbuja accionarial ya ha pinchado, y el proceso está en marcha.

Mike Withney es un analista político independiente que vive en el estado de Washington y colabora regularmente con la revista norteamericana CounterPunch.

Chile - LA REALIDAD NO ES LA VERDAD

Posted by Nuestra publicación: on martes, diciembre 18, 2007
“La vida no permite hacer balances contables,
Pues con ellos no hay sentido que se salve”
(José A. Pérez T.)

Por Juan Varela Reyes
De alguna manera – y desde nuestro propio rincón – hemos apostado durante este año a señalar, a poner en escena aquellos problemas que como sociedad enfrentamos; a visibilizar aquellos encantamientos con que el poder nos va girando la vista hacia los rincones oscuros de nuestra existencia, hacia aquellos sin sentido que justifican una vida, individual y colectiva fundada, en últimas, en una loca carrera hacia un abismo en el que inevitablemente caeremos sino desarrollamos ni nos hacemos de las capacidades de construir los puentes para cruzarlo o al menos poner la tabla de salvación, sabiendo y asumiendo que sin ello nos enfrentamos a lo ineludible.

Llegados a esta altura de nuestro tiempo – calendario, en que se sigue escamoteando la verdad de lo que ocurre, de los consabidos recuentos neoliberales, de logros y objetivos supuestamente alcanzados, estamos ante el reto de pensar desde nuestra lógica en la otra cara de la moneda, en aquello que se oculta y concluir, en una primera mirada, que, a pesar de todos los esfuerzos realizados no hemos avanzado mucho en la construcción de sentidos para nuestro que hacer.

Asumimos que los sentidos no se nos instalan sólo por la vía de la reflexión que de ellos hacemos, sino por la necesidad que hay de vivirlos, ellos no son evidentes intelectualmente, se viven, se sienten; nos hacemos cargo de ellos para seguir avanzando en las rupturas con lo establecido, con las búsquedas de nuevas y genuinas formas de convivencia humana.

Si quisiéramos sumarnos, aunque sea brevemente, a los recuentos neoliberales, habría que decir que ciertos “avances” sólo han permitido un aumento en las desigualdades y las inequidades, aumentó la brecha entre los más ricos y los más pobres de nuestro país. Decir que los acuerdos en materia de educación significan la consagración de la privatización de la enseñanza. Que los trabajadores sub contratados seguirán siendo explotados y sus derechos vulnerados. Que la exclusión social, económica y política de las mayorías sigue aumentando.

Pero es en otro plano en donde se ubican con más fuerza y urgencia las preguntas por los sentidos que tienen nuestros quehaceres, es en el plano de la búsqueda de lo que estamos desafiados a aportar para la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, cuyo requisito y condición necesaria es la apuesta por un horizonte que ilumine de alguna manera la denuncia de aquello que no permite vivir plenamente y pregone y anuncie lo nuevo, atreverse a pensar lo imposible ya que con ello se abre el paso a lo posible. En este plano se ubican dos de los elementos o componentes fundamentales de toda convivencia, como son la democracia y la educación. Democracia y educación, que, para ser verdaderamente tales deben estar guiadas por la construcción de la esperanza y el rescate de la memoria.

La esperanza que alienta a las personas es el oxigeno de la democracia. Como sistema político, la democracia, siempre está tensionada por la facticidad de las condiciones políticas y los ideales de justicia que la sustentan y necesita de la esperanza como motor que la dinamice, de lo contrario corre el riesgo de verse reducida a pálidos procedimientos que siempre acaban de ser asumidos por los tecnócratas que se han hecho del poder. Es pues esa esperanza lo que permite trastocar su carácter procedimental y formal y hacerla vivir como democracia participativa. Habría que decir, entonces, que si ello no está lo suficientemente claro podemos continuar cayendo en la trampa de afirmar y sostener un sistema político que por mucho que corramos tras de él, nos va a dejar exactamente en el mismo lugar.

La educación, por su parte, está obligada a plantearse el rescate de la memoria, sin esa memoria no hay identidad, ni proyectos, ni utopías posibles, ni esperanza que tenga algún valor salvo el encandilamiento con un futuro que es potenciado y alimentado por los mecanismos ideológicos que encubren y vacían de contenidos la existencia humana. Debemos preparar una educación que mire al futuro, sabiendo que “un futuro sin memoria es un futuro injusto” [1]. Para que la tarea de educar sea de verdad debemos tener presente que no es suficiente el conocimiento y las habilidades si ello no se acompaña del recuerdo y la memoria. La memoria de lo que nos ha ocurrido como país, como sociedad, ha sido ocultada bajo el manto de las historias “oficiales” y con ello sólo se ha potenciado la desmemoria que, para decirlo de algún modo, es el mejor abono que permite cultivar el sin – sentido.

Se nos plantea como imperativo moral, como una razón de justicia, como una cuestión de dignidad trabajar por hacer posible la esperanza, abrirle un espacio en medio de los desastres que han jalonado nuestras historias personales y colectivas.

La esperanza de una sociedad verdaderamente democrática va a germinar desde los alcances de la memoria, de aquello que no debe ser olvidado; “la chispa de la esperanza”, viene del pasado, su fortaleza es activada y movilizada gracias a “la imagen de los antepasados oprimidos” 2 Y ello no debe ser olvidado en las prácticas educativas.

Necesitamos como humanidad tener todos nuestros sentidos puestos en lo que ocurre, en las injusticias, en los purgatorios de hambre y de sed que nos habla Benedetti. No podemos caer en la trampa neoliberal de mirar toda nuestra realidad bajo los fríos números y las estadísticas, en donde hasta la dignidad la queremos cuantificar para determinar sus grados y con ello caer en el absurdo de aspirar a una “dignidad para todos”, ambigüedad que encierra una falsa neutralidad que sólo sirve para afianzar el poder de unos pocos.

Necesitamos recuperar uno de los principales sentidos, aquél que está relacionado con nuestra capacidad de asombrarnos y sentir que nuestra suerte está unida a la de los otros, de los cuales formamos parte. Nuestros sentidos deben remecer hasta nuestros hombros que no pueden seguir encogiéndose ante tanta mediocridad y sin sentido.

“Pero en cambio es atroz
Sencillamente atroz
Si es la humanidad
La que se encoge de hombros”
(Mario Benedetti)

Ley de Subcontratación.

Posted by Nuestra publicación: on martes, diciembre 18, 2007
Los trabajadores no tenemos mas opción que luchar

La situación que se ha creado con la negativa de CODELCO a aplicar la Ley de Subcontratación en la empresa, apelando a los tribunales con el apoyo de Bachelet, viene a demostrar una vez mas el doble discurso y el cinismo de los dirigentes de la Concertación y sus gobiernos, como es el caso del actual gobierno encabezado por Michelle Bachelet (supuestamente socialista).
El discurso oficial cuando se lanzó la ley de subcontratación, era que esta ley se estaba implementando para proteger a los trabajadores y terminar con los abusos a que eran sometidos los trabajadores con las políticas de subcontratación aplicadas por la mayoría de los empresarios de este país, para hacer aun más precarias las condiciones de trabajo de sus empleados y los empresarios aumentar sus sobreganancias.

Codelco y la judicialización de los contratos.
La principal empresa del Estado, que es Codelco, es la que se esta oponiendo a la aplicación de esta ley para los trabajadores subcontratados de esta empresa, desconociendo el dictamen de la Inspección del Trabajo.
La excusa utilizada por los ejecutivos de Codelco, es que la Dirección del Trabajo (otro organismo de gobierno, dependiente del Ministerio del Trabajo) ha hecho una interpretación "errónea" de la ley, que ellos no comparten y por lo tanto lo han llevado a los Tribunales de Justicia, para "hacer que se cumpla la ley", por esto decimos que el cinismo no conoce limites entre los personeros de la Concertación. La idea de judicializar este tema tiene como único objetivo no cumplir con la ley, y la medida tomada por los ejecutivos de Codelco cuenta con el total respaldo de la presidenta "socialista" Michelle Bachelet, un hecho francamente vergonzoso.

Los trabajadores no tienen mas opción que movilizarse.
Ante la provocación de los ejecutivos de Codelco y el gobierno, los trabajadores subcontratistas de esta empresa, no tienen más alternativa que movilizarse para presionar y hacer que se cumpla la ley y se termine con esta burla maquinada por los ejecutivos y el ministro de Hacienda Andrés Velasco y que sentara un pésimo precedente para los demás trabajadores subcontratistas de las empresas privadas del cobre.
La Confederación de Trabajadores del Cobre ha denunciado maniobras intimidatorias, como la presencia de personas ajenas al sindicato en las asambleas, y el aumento importante de guardias de seguridad y carabineros.
Como el gobierno sabe que inevitablemente los trabajadores tendrán que movilizarse frente a la farsa que han levantado las autoridades, están preparando un plan de represión en contra de las futuras movilizaciones, como siempre la única respuesta del gobierno será el uso de la violencia contra los trabajadores.

El rol de la CUT frente a este conflicto y la necesidad de un paro nacional.
Los dirigentes de la cúpula de la CUT se felicitaron cuando se promulgo la actual ley de subcontratación y ayudaron al gobierno para crear falsas ilusiones, de que esta vez si el gobierno empezaba a tomar medidas en favor de los trabajadores.
Lo que esta claro es que no se puede tener ninguna confianza en el gobierno y menos pensar que bastan las negociaciones con él, para solucionar los graves problemas que aquejan a los asalariados de nuestro país.

Si la CUT se comporta como una verdadera central de sindicatos que responde a los intereses de los afiliados, y no de los partidos comprometidos con el gobierno y la Concertación, no se puede limitar a apoyar de forma simbólica las movilizaciones y protestas de los trabajadores subcontratistas, sino que debe entrar de lleno en el conflicto y movilizarse para que otros sectores se sumen a la lucha, como seria el caso de los forestales, los salmoneros y del área de servicios, que sufren los mismos abusos, de trabajo precario sin seguridad.

Esta mas que claro que este es el momento de hacer un llamado a un Paro General para defender los intereses del conjunto de los trabajadores y dejar de crear ilusiones en que negociando tranquilamente con el gobierno se solucionaran los problemas que hoy tenemos, porque en la raíz de los problemas están las políticas en favor de la clase empresarial del actual y de los anteriores gobiernos de la Concertación.
La CUT debe dejar de jugar un rol de arbitro de los conflictos y ponerse claramente la camiseta de lo que realmente debería ser, o sea, los representantes de todos nosotros, del conjunto de los trabajadores chilenos. En caso contrario deberemos sacar las conclusiones del caso, y construir una nueva Central de Trabajadores que no tenga ninguna dependencia con el gobierno, ni con los partidos políticos que gestionan el Estado al servicio de los empresarios.

El neoliberalismo ya tocó techo.
El capitalismo(neoliberalismo) ya toco techo en todo el mundo, tanto en los países capitalistas "avanzados", como en los mal llamados "emergentes", las luchas de los trabajadores contra las políticas de contrarreformas del neoliberalismo son el pan de cada día, en prácticamente todos los continentes y claramente la clase trabajadora de América Latina es la punta de lanza de estas luchas y los trabajadores chilenos inevitablemente estamos siendo obligados a tomar la misma senda.
Los trabajadores no tenemos mas alternativa que luchar en contra del actual sistema y plantearnos la necesidad de construir una sociedad socialista democrática.

Celso Calfullan
Socialismo Revolucionario, Comité por una Internacional de Trabajadores, CIT.

No más alzas y sueldos bajos.

Posted by Nuestra publicación: on martes, diciembre 11, 2007
Los productos y servicios de primera necesidad siguen subiendo, pero no pasa lo mismo con los sueldos, que son lo único que no sube.

De los sueldos cada mes nos descuentan alrededor de la quinta parte (un 20%) para salud y las AFP, y además un 19% de IVA en cualquier compra. Así nuestros sueldos se reducen mucho, porque en Chile como los empresarios pagan pocos impuestos por sus grandes ganancias, el gasto social lo tenemos que financiar los propios trabajadores y los pobres, con impuestos al consumo y descuentos obligatorios.

¿Cuánto es la inflación?
La inflación está aumentando, según el Instituto Nacional de Estadística la inflación acumulada en los últimos doce meses llega a 7.4%
El alza de precios que tenemos que soportar los trabajadores y los pobres es mucho mayor.
Lo que más ha subido son los productos y servicios de primera necesidad, los que más afectan los bolsillos de los trabajadores y los pobres. La inflación ha sido impulsada por el alza de los alimentos, los combustibles y la electricidad. De allí en cascada las alzas siguen afectando a los demás artículos.
La luz ha subido un 46% en once meses el año 2007. De acuerdo con El Mercurio “Según los valores vigentes publicados mensualmente por Chilectra la variación de una cuenta tipo -consumo promedio de 150 KWh- ha sido de 46%, pasando de $10.718 a $15.643 entre el 1° de enero y el 1° de diciembre de este año, según los datos de la empresa.”
Ahora además están el gobierno y los empresarios están discutiendo subir el valor del pasaje del Transantiago a principios del próximo año.

Las familias trabajadoras están cada vez más endeudadas.
Para acceder al consumo las familias están cada vez más endeudadas, las tarjetas de crédito y otras posibilidades de crédito aparentemente son una ventaja para las familias trabajadoras. Nos permiten adquirir cosas inmediatamente que de otra manera demoraríamos mucho, o simplemente nunca podríamos comprar. Pero la parte mala es que los intereses que tenemos que pagar reducen más todavía nuestros ingresos, además el negocio más rentable de las empresas que se dedican a dar créditos viene de los intereses y gastos que cobran por atrasos y morosidades. El grueso de los chilenos estamos sobre-endeudados, con deudas hasta el cuello.

La razón de esto es muy sencillo, los sueldos no alcanzan.
Estudios serios indican que para pagar su consumo de primera necesidad – o sea lo imprescindible - una familia promedio en Chile necesita $188.470 al mes, si a esto agregamos la locomoción, el gas, el dividendo o arriendo mínimo, la luz, y el agua, los descuentos de AFP y salud, una familia necesita ingresos de por lo menos $326.387 al mes, y esto sin considerar gastos como vestuarios, educación, imprevistos y algo de recreación.

Mienten cuando dicen que no se puede aumentar los salarios. En nuestro país el 20% de la población recibe el 60% de los ingresos. En Chile hay dinero, los defensores del capitalismo no se cansan en repetir lo bien que estamos, lo mucho que crece el país... Pero lo que hay es mucha desigualdad, mucha injusticia. Mientras el salario mínimo es de $ 144.000, los senadores ganan $7 millones aproximadamente y los diputados $5 millones mensuales, y las personas llamadas “ABC1” reciben $4 millones o más por mes.

Estamos cansados de vivir mal, con dificultades para llegar a fin de mes, sin que nuestros hijos reciban educación de buena calidad, preocupados de que cualquiera en nuestra casa se enferme. Estamos cansados de la mala calidad de vida que tenemos que soportar, de las largas jornadas laborales a las que hay que sumar los tiempos de traslado a nuestros lugares de trabajo.

Lo que proponemos es muy simple:

Congelar los precios.
El estado tiene que congelar los precios de los artículos y servicios de primera necesidad durante dos años.

Subir los salarios.
El sueldo mínimo tiene que ser de $250.000.


¿Qué hacer?
Los que se enriquecen a costa de nuestras malas remuneraciones, y especulando con las alzas de precios, no van a mejorar los sueldos de buena voluntad. Los empresarios capitalistas siempre quieren ganar más. Nosotros tenemos que organizarnos y pelear por nuestros derechos. El papel de los dirigentes sindicales y sociales honestos debería ser ayudar a que nos organicemos y movilicemos. Los trabajadores somos los que movemos el país, sin nosotros y nuestro trabajo los empresarios no podrían ganar nada, por eso si nos organizamos dispuestos a luchar por lo que es justo, nuestra fuerza es muy grande, y podemos ganar.

Es necesario un paro nacional.
Tenemos que preparar un paro y una protesta nacional para exigir el congelamiento de los precios de primera necesidad y el sueldo mínimo de $250.000.

Patricio Guzmán
Socialismo Revolucionario
Comité por una Internacional de Trabajadores - CIT

Los conductores de trenes en Alemania se unieron a la huelga de sus colegas franceses

Posted by Nuestra publicación: on martes, diciembre 11, 2007

La primera vuelta la ganan l@s conductor@s - preparar desde ahora la segunda!

L@s conductor@s de tren y su sindicato GdL lograron su primer victoria importante en el conflicto por mejores salarios y jornadas de trabajo más cortas. La concesión por parte de la Empresa de Ferrocariles Alemán, DB (Deutsche Bahn AG), de darles un contrato generál autónomo, da a la GdL la posibilidad de negociar independientemente por la conquista completa de sus reivindicaciones, que son un salario básico de por lo menos 2.500 EUR y la reducción de las horas de trabajo semanales en una hora, o sea a un nivel de 40 horas.

por Sascha Stanicic, vocero federal de la SAV [sección alemana del Comité por una Internacional de Trabajadores - cit]
Traducción Johannes Ulrich

Este éxito sólo fue posible porque l@s conductor@s aumentaron constantemente la presión a los empleadores, con huelgas cada vez más largas, y no cedieron a la presión por parte de los capitalistas, de dirigentes de otros sindicatos, y del gobierno.

Las 62 horas de huelga en el sector de transporte de carga y la huelga total de 48 horas fueron decisivas. En éstas, también hubo iniciatives desde abajo, por ejemplo un@s coleg@s en Berlín organizaron acciones de protestas públicas que tenían muy buena recepción por la población berlinense. Entonces, después de meses de conflicto de tarifas, la primera vuelta la ganaron l@s conductor@s. Ahora es crucial preparar la segunda vuelta, asegurando que la capacidad de lucha de l@s coleg@s sea usado al máximo, para imponer las reivindicaciones claves de esta lucha. En este contexto también se trata de aprender y tirar lecciones de los eventos de los últimos meses.

Este éxito de l@s conductor@s de tren da un señal importante al movimiento sindical y a tod@s l@s trabajador@s: Luchar vale la pena! Los sindicatos no existen para organisar el abandono, sino para luchar por los intereses de sus miembros.

En unos medios alemanes hubo especulaciones sobre un posible acuerdo, ya que la situación fue parecida a la del agosto, cuándo el resultado de una "mediación" fue interpretado en forma diferente por los dos lados (GdL y DB) y la burbuja de esperanza se había reventado rápidamente. Pero parece que esta vez, el acuerdo se basa en los sigiuentes datos: En el cuadro de un contrato general para toda la DB (o sea, que también se aplica para tod@s l@s demás trabajador@s), l@s conductor@s serán uno de seis grandes grupos manteniendo una cierta independencia en asuntos de pagos y condiciones laborales. Se asume que unos 80% de las reglas se aplicarán a tod@s, así que los 20% serán negociados entre DB y GdL directamente (cabe recalcar que hasta ahora, la GdL tuvo que aceptar los resultados de las negociaciones entre el sindicato Transnet, mucho más grande y más conservador, pero que no representa a much@s de l@s conductor@s). Además, habra un pago extraordinario de 800 EUR en diciembre, para compensar los meses de no aumento de salarios desde julio.

Más detalles concernando otros asuntos que se podrían incluir en la parte independiente, van a ser acordados hasta mediados de diciembre. Si el señor Mehdorn otra vez hiciera trampas con la GdL y el público alemán, la única respuesta por parte de la GdL podrá ser: No más negociaciones, huelga indefinida.

Lo que queda claro: La lucha laboral no se acabó, sino que entra en la siguiente vuelta. Ahora se trata de sacar verdaderos mejoramientos materiales para l@s conductor@s de tren.

Un éxito máximo sólo será posible cúando se movilize la máxima fuerza de lucha. Mehdorn y Suckale (el jefe de la DB y su vice de recursos humanos) mostraron tantas veces que les importa una mierda lo que trabajan o ganan l@s conductor@s y l@s demás trabajador@s que esperar que ceden a los reivindicaciones justas de la GdL, sería como esperar a los Reyes Magos. Por eso, la GdL ya debería preparar a sus miembros para una reanudación de la huelga durante las siguientes negociaciones. ¿Hay una "obligación de paz" durante tales negociaciones? No, no hay - Manfred Schell [el líder de la GdL] lo dijo personalmente en una conferencia de prensa, en fines de noviembre. No hay por qué mantener la paz auto-impuesta; por el contrario: La presión de unas huelgas pondría en una posición más fuerte a la comisión de negociaciones de la GdL, aumentado de forma masiva la presión a la junta directiva de la DB.

¿Qué tipo de huelga necesitamos en la actual situación? Much@s coleg@s no estuvieron de acuerdo con la „táctica de frenar y avanzar“ del directorio de la GdL, considerando las interrupciones de huelga y la reanudación de negociaciones una deferencia innecessaria hacia el empleador. La SAV compartió este punto de vista. Este tipo de táctica alargó al forcejeo, además dificultó mantener el nivel muy alto de apoyo por parte de la población alemana, así que la organización de la solidaridad práctica de otr@s activist@s sindicales, que hubieran aumentado la presión a Mehdorn & Co. Otro asunto es que la convicción de l@s coleg@s - que se encuentran bajo una enorme presión - de entrar en huelga, no simplemente puede ser "encendido y apagado" como un conmutador de luces. Cada vez que vuelven a trabajar, son presionados por los superiores, la dynamica se pierde, y una otra vez se tiene que iniciar la movilización para la próxima huelga. Por eso, el directorio de la GdL debería preparar una huelga indefinida para cuándo no sean aceptadas sus reivindicaciones. La última oferta de un aumento de salarios der 8% y una semana de 41 horas no es aceptable ni siquiera cómo base de negociaciones.

Para tener máximo éxito, se necesita la participación activa de un máximo de coleg@s. Pero l@s miembr@s sólo serán convencidos de la necesidad de su partipicación si están informados del curso de los negociaciones, si podrán intercambiar opiniones y si estarán seguros de que todos los decisiones son tomadas democráticamente por la afiliación. En las últimas dos semanas en particular, much@s coleg@s sentían una falta de comunicación en cúanto al estado de las negociaciones. Entonces, algunos pasos que llevarían a esta lucha laboral a un éxito y que podrán ser decididos por asambleas de la GdL en todos los niveles de la afiliación, son:

- Reuniones semanales de todas las células, a más tardar desde principios de Enero, para informar a l@s miembr@s sobre el estado de las discuciones internas de la dirección de la GdL y su comisión de tarifas, así que sobre los progresos en las negociaciones.

- Durante una huelga: Reuniones de huelga diarias para informarles a l@s huelgist@s y para elegir comités de huelga para la coordinación y organización de acciones públicas y piquetes.

- A nivel nacional, a mediados de Enero, organizar una conferencia de la dirección, de la comisión de tarifas y de un/a delegad@ de cada célula, para organizar medidas de lucha por la conquista completa de las reivindicaciones.

- No aceptar resultados de negociaciones, ni una interrupción de huelga, sin discusiones minuciosas en asambleas de miembros y votaciones de huelga siguientes.

También será crucial para un éxito verdadero de l@s conductor@s, que la simpatía de los demás empleados de la empresa, así que de la población, podrá ser mantenido alto y transformado en solidaridad práctica. Para lograr esto, la GdL debería tomar medidas concretas en favor de acciones comunes con los otros sindicatos y los movimientos sociales: Especialmente en contra de la privatización de los ferrocariles, pero también para el resto de la plantilla y para l@s trabajador@s en general.

Much@s coleg@s también se preocupen por el destino de los asistentes de trenes y del personal gastronómico, quienes no son incluidos en el acuerdo actual sobre un contrato general. Est@s coleg@s desempeñaron un papel importante en las huelgas y por eso no deben simplemente ser "olvidados". La dirección de la GdL es responsable de abrir espacio para que ell@s también disfruten de aumentos de salarios y mejores condiciones laborales, así como un acortamiento de su tiempo semanal de trabajo adecuado a su carga laboral especifica. Nosotros de la SAV estamos convencidos que las reivindicaciones originales de obtenir un contrato general autónomo, con acortamientos de las horas de trabajo y aumentos de los salarios, para tod@s quienes trabajan en los trenes, pueden ser impuestos mediante una huelga consecuente.

No cabe ninguna duda que la junta directiva de la DB, durante las negociaciones, intentará obtener una compensación por la derrota sufrida. Es otra razón para asegurar que el contrato general acordado por los otros dos sindicatos, Transnet y GDBA, no signifique ningun empeoramiento para l@s coleg@s. La GdL debería usar el enfrenamiento por su contrato general autónomo, para proponer una lucha común a tod@s l@s coleg@s y los demás sindicatos ferrocariles. Porque incluso si el jefe de Transnet, Hansen, lo niega ahora, es importante acordarse de que la claúsula en el contrato de Transnet y GDBA, todavía está en vigor - allí dice que si la GdL obtiene más que los 4,5% (lo que está practicamente seguro ahora), los Transnet y GDBA pueden reanudar la lucha por salarios más altos. Estó sería el camino para lograr la unidad de tod@s l@s trabajador@s ferrocariles, imponer mejoramientos para tod@s, y darle el golpe mortal a los planes de privatización de los ferrocariles alemanes.

Nosotros los miembros de la SAV hemos estado al lado de l@s huelgist@s, apoyandoles en la práctica, organizando la solidaridad, haciendo acciones comunes en algunas ciudades. Usarémos todas las oportunidades para contribuir a un fin exitoso para la GdL. Una victoria de la GdL será una señal para toda la clase trabajadora: No debemos aceptar abandonos - las luchas pueden ser exitosas!

De la LOCE a la LGE

Posted by Nuestra publicación: on miércoles, diciembre 05, 2007
PRIMERA PARTE: LA LOCE







Por Vanessa Goecke


INDICE

Introducción.

1. Antecedentes políticos de la promulgación de la LOCE.
1.1. Marco Político.
1.2. La “Modernización” de la educación.

2. La Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE)
2.1. Contenidos de la LOCE.
2.1. Modificaciones a la LOCE.

3. Críticas a la LOCE.

4. Conclusiones.

Introducción.

Durante los últimos dos años se ha producido un extraordinario proceso de crítica al actual modelo educativo de nuestro país. La novedad es que esta crítica ha emergido no de las propias elites políticas, sino gracias a la acción y movilización de miles de estudiantes secundarios, que en 2006 lograron dar un golpe de timón a la agenda política de la recién electa Presidente Michelle Bachelet.

Esta coyuntura crítica permitió que por primera vez en dieciséis años desde el término de la dictadura militar, algún gobierno de la Concertación se decidiera a proponer al Parlamento un Proyecto de Ley dirigido a reemplazar la cuestionada Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) promulgada en los estertores del régimen militar, como una forma de anclar su proyecto de hegemonía política, económica y cultural.

Sin duda este paso crucial ha tenido fuertes repercusiones en la sociedad chilena, generando un sinnúmero de expectativas y debates. No obstante, la persistencia del entramado neoliberal y el compromiso con él de la elites políticas, dificulta la configuración de proyectos que efectivamente tiendan a la integración social y no permiten aún que se vislumbre una salida a la sociedad de inequidad en que actualmente habitamos.

A continuación presentamos un trabajo que presenta los principales aspectos de la cuestionada LOCE, enmarcado en el proceso histórico que le dio origen y las principales críticas al modelo educativo que ha construido en estos diecisiete años de existencia, y que sirve de marco de referencia mínima para el debate que se ha producido desde la presentación del proyecto de Ley General de Educación en abril de este año.


1. Antecedentes políticos de la promulgación de la LOCE.

1.1. Marco político.
La promulgación de la LOCE, si bien de último minuto, no apareció en el vacío. Desde sus comienzos, el Régimen Militar se planteó una transformación integral de la institucionalidad, expresando una voluntad re-fundacional, sustentada en la tecnocracia y el capitalismo de nuevo cuño.

Tal voluntad se manifestó no sólo en el pronto reemplazo por parte de la Junta Militar de las instituciones democráticas, sino también la prescindencia de la Constitución de 1925 hasta la promulgación de una nueva Constitución en 1980, período en el cual Chile “careció de un verdadero ordenamiento constitucional que encuadrara el Estado”, gobernándose sobre la base de Decretos Leyes, es decir por medio de un sistema jurídico irregular y arbitrario. Incluso, una vez promulgada y ratificada (en un plebiscito espurio) la nueva Constitución, esta quedó “suspendida” virtualmente por ocho años, supeditada al artículo 24 transitorio.

Arbitrariamente también, el gobierno comenzó a complementar su tarea refundacional con una serie de llamadas “modernizaciones”, entre las que se contaban: la racionalización del Estado, la regionalización y municipalización de la salud y la educación, la modernización laboral, la privatización de la empresas públicas, la creación de AFPs e Isapres, las concesiones mineras, la fragmentación de la Universidad de Chile, la transformación de los colegios profesionales en asociaciones gremiales, etc En el entendido de que, como lo señaló el General Pinochet:
“...no entendemos terminada nuestra misión y nuestro deber con la sola dictación de una nueva Constitución, por elevada que sea la perfección técnica de sus normas. Velaremos por su expedita puesta en vigencia y funcionamiento. Resguardaremos la consolidación de la nueva institucionalidad durante un período breve pero suficiente, hasta verificar que, dentro de lo previsible, ella sea sólida y fuerte, para contrarrestar el ataque totalitario.” (...) siendo indispensable, al mismo tiempo, “fomentar prácticas que confieran solidez a estas nuevas instituciones” y “estimular el desenvolvimiento de una nueva generación civil, impregnada de los referidos valores.” (Urzúa: 731)

De este modo, el régimen militar, “se constituyó en pionero de lo que puede considerarse un modelo neoliberal puro y en forma: drástica reducción de las tareas y recursos del Estado; programas sistemáticos de privatización de empresas públicas; desregulación de la actividad económica; apertura comercial temprana, una rebaja unilateral de aranceles y la configuración de una política laboral que eliminaba las conquistas históricas del mundo del trabajo, en especial la estabilidad del empleo y la existencia amplia de mecanismos de negociación colectiva, en base a la idea de una mayor flexibilidad del mercado laboral” (Maira: 22-23)

Este proyecto refundador, no estuvo exento de crítica, si bien la censura y represión contra la oposición era rigurosa. Es así como en 1979, el editorial de la revista Mensaje llamaba a la reflexión preguntando “¿No estamos construyendo una “nueva” sociedad individualista, selectiva y represiva? Los pobres abandonados a su impotencia; los disidentes, silenciados; la justicia, aplicada discrecionalmente; miles de compatriotas arbitrariamente condenados al exilio” (Urzúa: 738).

Sin embargo, sólo a partir de 1983 esas críticas fueron respaldadas por el despertar de los movimientos sociales y de protesta, sobre todo como consecuencias de la crisis económica de comienzos de la década del ´80, lo que creó las condiciones para el inicio del proceso de liberalización política a la que –no obstante lo señalado por la Constitución del ´80- se habían resistido las autoridades militares. Este proceso finalmente tuvo por resultado el fin de la dictadura militar, en 1990.

Los años ochenta fueron una época llena de tensiones y puntos ciegos, en que se negociaban salidas, pero se vivía todavía el disciplinamiento mediante el miedo y profundas transformaciones socioculturales. Paradojalmente, aún cuando todavía se hacía sentir el terrorismo de Estado (se censuraban las ideas opositoras, aparecían víctimas de violaciones a los derechos humanos y se sucedían paros, toques de queda, cortes de luz), es decir, se vivía aún en un clima de inseguridad, impunidad y desconfianza, en algunos sectores de la sociedad volvieron a renacer tímidamente las expectativas, ante la posibilidad de que se produjera un traspaso del poder desde la cúpula militar al sector civil.

Sin embargo, la trayectoria crítica marcada por los hitos de las manifestaciones sociales de 1983, el inicio de negociaciones con la oposición en 1986, la realización del plebiscito de octubre de 1988 y las elecciones democráticas de diciembre 1989 logró fluir, superando obstáculos y temores, y desembocar en un cambio de gobierno. El 11 de marzo de 1990, la Junta Militar encabezada por Pinochet entregó el poder a la Concertación de Partidos por la Democracia, entonces formada por 17 organizaciones opositoras, bajo el liderazgo del recién elegido Presidente Patricio Aylwin Azócar. Una nueva época parecía comenzar.

No obstante, invisibilizado por el entusiasmo y la esperanza, casi no se percibió que lograrlo del modo en que se hizo tuvo significativos costos hacia el futuro: hubo que eludir los aspectos políticos de fondo y ratificar plenamente los límites de la nueva institucionalidad impuesta ilegítimamente por la dictadura, “con lo cual se terminaron aceptando, primero los términos políticos y luego las reglas del orden económico impuesto por la dictadura militar” (Correa: 334)
Asimismo, el nuevo gobierno tuvo que asumir una serie de condicionantes, trabajadas laboriosamente por los partidarios del régimen militar –bajo la inspirada visión del asesinado senador Jaime Guzmán Errázuriz-, que estableció un marco legal e institucional que contemplaba el acceso al poder de los adversarios, pero circunscritos a un reducido margen de posibilidades de modo que pudieran “seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría” (Correa: 336)

Con tal fin se habían promulgado rápidamente en los últimos meses de la dictadura “leyes fundamentales... entre otras, la Ley del Estado Empresario, la Ley Orgánica de la Educación, la Ley de CODELCO, la Ley de la Administración de la Justicia, la Ley Electoral y, la más significativa, la Ley del Banco Central”. (Otano: 85) Leyes que profundizaban las modernizaciones aún pendientes y que establecían “normas legales de compromiso difíciles de sortear en una futura legislación democrática. Para tal efecto, el Gobierno de Pinochet contaba, en primer término, con el sistema de los quórum especiales previstos para cualquiera reforma ulterior, tratándose de las principales materias contenidas en la Constitución Política del estado (me refiero especialmente a las leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado)” (Urzúa: 754)

Se enfrentaba, en definitiva, una transición cuya agenda estaba restringida y marcada por la presencia de una serie de “dispositivos para una eventual salida del poder, [que dejaban] la obra del régimen resguardada contra las tentaciones reformistas de los siguientes gobiernos” (Otano: 85).

Desde la galería, paulatinamente a medida que dejábamos atrás la euforia por la salida de los militares, nos fuimos dando cuenta de que no sólo se nos impuso una política de consensos bajo la sombra de Pinochet (que permaneció en la comandancia en Jefe del Ejército ¡hasta marzo de 1998!), sustentada artificialmente en un sistema electoral binominal altamente distorsionado, sino también encabezada por una elite política cada vez más involucrada con los intereses económicos y el sector empresarial. Hasta el punto de que no sólo se mantuvo la estructura económica impuesta dolorosamente por los militares, sino que se hizo evidente la falta de convicción y voluntad de la Concertación para avanzar hacia una democracia con un alto nivel de pluralismo y participación social, y priorizar la justicia social.


1.2. La “Modernización” de la educación.
Tal como lo señala Fredy Soto en su “Historia de la Educación Chilena”, en el ámbito educacional tempranamente, el régimen militar se planteó tres metas: a) cambiar los programas de estudio; b) atacar la excesiva centralización administrativa: c) hacer un estudio diagnóstico.
Éste último se dio a conocer en 1975 por medio de un documento titulado “Políticas Educacionales del Gobierno de Chile” que formuló los principios que orientarían la transformación en el ámbito educacional. En él, “el principio de mayor efecto en el sistema fue el de Estado Subsidiario. Según este principio, el Estado existe para promover las condiciones necesarias al desarrollo integral de la persona humana y no para suplantar su acción (...) [y] sólo le compete desarrollar acciones que, por su envergadura o naturaleza, es imposible que sean llevadas a cabo por personas individuales o grupos intermedios de la sociedad y que de no ejecutarse, impedirán el desarrollo integral de las personas.” (Soto: 181)

Esto supuso promover desde entonces la iniciativa privada para la gestión educacional, con la orientación y apoyo de los órganos técnicos del Ministerio. Consecuentemente se aumentó la subvención a privados, se traspasaron a asociaciones gremiales centros de formación técnico-profesional y se traspasaron establecimientos educacionales al ámbito municipal.

La educación pública comenzó a delegarse oficialmente en los municipios a contar de la dictación del DFL N° 1-3063 del 2 de mayo de 1980, por parte del Ministerio de Interior. Por medio de éste, se traspasaron establecimientos, bienes muebles, docentes y personal administrativo y de servicios. Esta acción fue complementada con el DL N° 3477 del 29 de agosto del mismo año, emitido por el Ministerio de Hacienda. El proceso así iniciado, se concretó entre fines de 1980 y enero de 1987.

Todo esto se reforzó con la promulgación de la LOCE y de la Ley N° 18.956 del 8 de marzo de 1990 (que reestructuró el Ministerio de Educación Pública); a sólo tres días de iniciarse el gobierno de Patricio Aylwin. Legislaciones que consagraron en adelante este nuevo rol del Estado en educación y le dieron mayor respaldo a la nueva institucionalidad educacional que se había ido estableciendo en los años precedentes.

Ley N° 18.956 del 8 de marzo de 1990
En cuanto al Ministerio, éste fue “modernizado”, de acuerdo con los principios y planes de Reforma Administrativa integral, que se había planteado el régimen. Esta reforma consideraba una transformación estructural en tres etapas: primero, la reorganización de los ministerios que fijan políticas, dictan y supervisan normas; luego, su regionalización: es decir, la descentralización territorial expresada en la administración fiscal; y finalmente, la reforma funcional: que suponía el logro de un funcionario público más eficaz.

Una de las transformaciones simbólicamente más significativas fue el cambio de denominación del mismo, eliminado en adelante la palabra “Pública” (art. 20°), lo que establecía un importante elemento diferenciador de lo que sería la educación en Chile en adelante.

Este cambio se manifiesta también en las definiciones más esenciales planteadas por la Ley:
“El Ministerio de Educación es la Secretaría de Estado encargada de fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; asegurar a toda la población el acceso a la educación básica; estimular la investigación científica y tecnológica y la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación” (art. 1°) (Soto, 2000: 183)

Sus funciones son:
“a) Proponer y evaluar las políticas y planes de desarrollo educacional y cultural;
b) asignar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades educacionales y de extensión cultural;
c) evaluar el desarrollo de la educación como un proceso integral e informar de sus resultados a la comunidad, a lo menos anualmente;
d) estudiar y proponer las normas generales aplicables al sector y velar por su cumplimiento;
e)otorgar el reconocimiento oficial a establecimientos educacionales, cuando corresponda;
f) fiscalizar las actividades de sus unidades dependientes, y
g) cumplir las demás funciones que le encomiende la ley. (Art 2°)” (Soto, 2000: 183)

Basta con repasar los verbos utilizados para designar su misión y funciones para percibir el profundo cambio de sentido que esta institución sufrió. De tener la educación en sus manos, como tarea propia, pasó a ser un mero estimulador, asignador de recursos, evaluador y fiscalizador de la labor realizada por terceros.

Esto se reforzó con la reorganización de su organigrama interno, el cual por medio de la misma Ley significó la eliminación definitiva de la Superintendencia, y la ratificación de la desaparición de las Direcciones de Educación Primaria y Normal, de Educación Secundaria y de Educación Profesional que ya se habían anticipado. Consecuentemente, éste quedó establecido de la siguiente manera:
________________
Ministro
de
Educación

__________________
.
.
_________________
Gabinete ministerial
_________________
.
.
___________.___________
Subsecretaría de Educación


_______________________

.

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Divisiones

División de Educación General

División de Educación Superior

División de Administración General

División de Extensión cultural

División de Planificación y Presupuesto


Departamentos

Departamento jurídico

Departamento de Administración General


CPEIP

(Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas)


______________________________________________________
___________

__________________________________________________
SEREMIS de Educación (creadas ya con Decreto Ley N° 575 de 1974)
_________________________________________________




2. La Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE)

2.1. Contenidos de la LOCE.
La LOCE, por su parte, es una ley que “fija los requisitos mínimos que deberán cumplir los niveles de enseñanza básica y enseñanza media, y asimismo regula el deber del Estado de velar para su cumplimiento. Del mismo modo norma el proceso de los establecimientos educacionales de todo nivel.” (art. 1°)


En ella, se define a la educación como “el proceso permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo moral, intelectual, artístico, espiritual y físico mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas, enmarcados en nuestra identidad nacional, capacitándolas para convivir y participar en forma responsable y activa en la comunidad.” (art.2°)

Se establece además que es “un derecho de todas las personas” aclarando inmediatamente que “corresponde, preferentemente, a los padres de familia el derecho y el deber de educar a sus hijos”

Por consiguiente, al Estado le cabe “el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho” (art.2°) y ”el deber de resguardar especialmente la libertad de enseñanza”. (art. 3°) Aclarando en el mismo artículo que es deber del Estado “financiar un sistema gratuito destinado a asegurar el acceso de la población a la enseñanza básica”

Respecto de los contenidos de la educación, la ley establece que:
“La enseñanza que se imparta en los establecimientos o instituciones educacionales no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Los establecimientos educacionales cuya enseñanza sea reconocida oficialmente no podrán orientarse a propagar tendencia político partidista alguna” (art. 6°)

“Corresponderá al Ministerio de Educación Pública diseñar los instrumentos que permitan el establecimiento de un sistema para la evaluación periódica, tanto en la enseñanza básica como de la media, del cumplimiento de los objetivos fundamentales y de los contenidos mínimos de esos niveles.” (art. 19)

Define enseguida los niveles educativos existentes en el país (Educación Parvularia, Básica y Media), que esta última tiene debe también habilitar “al alumno para continuar su proceso educativo formal, a través de la educación superior o para incorporarse a la vida del trabajo” (art. 8°).

La selección de los estudiantes por parte de los establecimientos educacionales es regulada sólo a partir de 2004, cuando se introduce una modificación que aclara que ella deberá ser realizada a través de un proceso objetivo y transparente “asegurando el respeto a la dignidad de los alumnos, alumnas y sus familias, de conformidad con las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados suscritos y ratificados por Chile”. (art. 9° bis)

En el Título I, artículos 10° al 20° de la Ley, se establecen los requisitos mínimos de Educación Básica y Media y las Normas Objetivas para velar por su cumplimiento. Se definen la duración de estos períodos educativos, las edades mínimas y máximas, el sistema de validaciones, la duración del año escolar.

Asimismo, se establecen las responsabilidades respecto del establecimiento de los planes y programas con sus Objetivos Fundamentales, Contenidos Mínimos Obligatorios y Objetivos Complementarios correspondientes.

Se consagra aquí la libertad de los establecimientos educacionales para fijar planes y programas de estudio propios, “que consideren adecuados para el cumplimiento de los referidos objetivos y contenidos mínimos obligatorios por año y los complementarios que cada uno de ellos fije”.
Finalmente se asigna al Estado el deber de crear sistemas de evaluación periódica de los logros en Educación Básica y Media, de acuerdo con los objetivos y CMO respectivos, “a lo menos, al término de la educación básica y de la educación media” (art. 19°).

El artículo final de esta sección se refiere a la educación media impartida por instituciones vinculadas a la Defensa Nacional.

En el Título II, artículos 21° a 28° (modificados por ley 19.864 de abril de 2003) se hace referencia al reconocimiento oficial del Estado a los establecimientos educacionales en los niveles parvulario, básico y medio. Se especifican allí, como requisitos, características de los sostenedores de estas instituciones, su obligación se ceñirse a los planes y programas del Ministerio, poseer personal docente idóneo, aspectos referidos a infraestructura, mobiliario y material didáctico.

Requisitos Sostenedores (art. 21°)

Educación Parvularia
Educación Básica y Media
o Persona natural o jurídica.
o Debe contar al menos con licencia de Enseñanza Media.
o No haber sido condenado a pena aflictiva.
o Persona natural o jurídica.
o Debe contar al menos con licencia de Enseñanza Media.

Se describe asimismo tanto el procedimiento administrativo de reconocimiento del establecimiento como las sanciones a infracciones asociadas al incumplimiento de las disposiciones previas (multas, amonestaciones, y la misma revocación del reconocimiento estatal).

Los últimos artículos asignan al propio ministerio la facultad de emitir licencias de Enseñanza Media, que habilita a seguir estudios superiores, así como la entrega de títulos técnicos de los establecimientos con enseñanza media técnico-profesional. Determinándose que en el caso de los establecimientos vinculados a la Defensa Nacional será el correspondiente ministerio de Defensa el que actuará en su relación con el Estado.

En el Título III, en cinco párrafos, se establecen las normativas básicas que rigen el sistema de educación superior chileno.

En el Párrafo 1 (artículos 29° a 42°) se hace referencia al reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de Educación Superior. Se determinan aquí cuáles son estas instituciones (art. 29), la necesidad de que instituciones de nivel superior estatales sean creadas por Ley (art. 30°), la necesidad de que aquellas privadas sean necesariamente corporaciones de derecho privado sin fines de lucro (art. 30°) para poder ser reconocidas por el Estado, el otorgamiento de títulos y grados y las distinciones existentes entre cada uno de los grados académicos de licenciado, magíster y doctor.

En el Párrafo 2 (artículos 32° a 43°) se crea el Consejo Superior de Educación (CSE), se establece su composición y dieta (art. 32°), su organigrama y planta administrativa (arts. 33° a 35°), su patrimonio (art. 36°), sus atribuciones (art. 37°), los montos de aranceles mínimos y máximos de acreditación, define la acreditación y su procedimiento (arts. 39° a 43°).

En el Párrafo 3 (artículos 44° a 55°) se hace referencia al reconocimiento de las instituciones de educación superior. La necesidad de fundarse en una escritura pública cuando no sean fruto de una Ley (art. 44°), las exigencias en cuanto a estatutos institucionales (art. 45°), el goce de personalidad jurídica y su registro y los procedimientos de objeción y cancelación de la misma (art. 46° a 48°), modificaciones estatutarias (art. 49°), requisitos para que las instituciones de educación superior sean consideradas como reconocidas por el Estado (art. 50° y 51°), el inicio de las actividades docentes y los títulos profesionales que requieren primero de la obtención del grado de licenciado (art. 52°), la cancelación de personalidad jurídica (art. 53° y 54°) y finalmente, la disolución de la institución conforme a sus propios estatutos (art. 55°).

En el Párrafo 4 (artículos 56° a 63°) se hace mención al reconocimiento oficial de los institutos profesionales. Se exige que estos cuando no sean fruto de una ley, se creen también como corporaciones de derecho privado de acuerdo con el artículo 30°, inciso segundo, previamente descrito y los instrumentos constitutivos que deben contemplarse (art. 56°), el procedimiento de reconocimiento (art. 57° y 58°), eliminación del registro (art. 59°), modificaciones a instrumento constitutivo (art. 60°), requisitos para el reconocimiento del Estado y plazos (art. 61° y 62°), revocación del reconocimiento (art. 63°).

En el Párrafo 5 (artículos 64° a 70°) se establecen similares regulaciones respecto de los Centros de Formación Técnica y en el Párrafo 6 (artículos 71° a 73°) respecto de los títulos y grados concedidos por instituciones vinculadas a la Defensa Nacional.

En el Título IV, artículos 74° a 86°, se establecen como Normas Finales, disposiciones relativas a la libertad y autonomía académica que le dan un especial carácter a esta Ley.

Se define autonomía como:
“el derecho de cada establecimiento de educación superior a regirse por el mismo, de conformidad con lo establecido en sus estatutos en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa” (Art 75°)
La libertad académica, por otro lado, se entiende como
“la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley, y la de buscar y enseñar la verdad conforme con los cánones de la razón y los métodos de la ciencia” (art. 76°)

Especificándose en seguida que:
“la autonomía y la libertad académica no autoriza a las entidades de educación superior para amparar ni fomentar acciones o conductas incompatibles con el orden jurídico ni permite actividades orientadas a propagar, directa o indirectamente, tendencia político partidista alguna. Estas prerrogativas, por su esencia misma, excluyen el adoctrinamiento ideológico político, entendiendo por tal la enseñanza y difusión que excedan los comunes términos de la información objetiva y de la discusión razonada, en las que se señalan las ventajas y las objeciones más conocidas a sistemas, doctrinas o puntos de vista” (art. 77°)

Se regula también la utilización de los espacios de estas entidades, exigiéndose que no sean “destinados ni utilizados para actos tendientes a propagar o ejecutar actividades perturbadoras para sus labores”. Siendo la propia institución la encargada de velar “el estricto cumplimiento” de estas medidas.

Se refuerzan las ideas precedentes, por medio del artículo del Art. 79°, el cual precisa que los estatutos de estas instituciones deberán establecer “mecanismos que resguarden debidamente los principios a que se hace referencia en los artículos anteriores”.

Los siguientes artículos hacen referencia al reconocimiento de la autonomía de las instituciones de educación superior previamente reconocidas como de aquellas recientemente creadas y sometidas a proceso de examinación, garantizando la plena autonomía de aquellas estatales creadas antes de 1981 y sus derivadas o sucesoras (art. 81° a 84°).

El artículo 85 establece que “las instituciones de enseñanza superior que reciban aportes fiscal deberán enviar, anualmente, al Ministerio de Educación Pública la memoria explicativa de sus actividades y balance” especificándose que, en el caso de aquellas instituciones privadas que reciban aportes fiscales la obligación de rendir cuentas se limitará sólo a los fondos fiscales percibidos por ellas”.

La Ley culmina en una serie de artículos transitorios, establecen principalmente plazos de ajuste a la nueva norma para las instituciones de educación superior, para la designación del Consejo Superior de Educación y respecto del financiamiento de ese organismo.
Esta ley, para ser modificada necesita de 4/7 de ambas cámaras del Congreso, por su carácter constitucional.


2.2. MODIFICACIONES PARCIALES A LA LOCE.
En noviembre de 2005, siendo Ministro de Educación Sergio Bitar, se dictó un decreto con fuerza de ley para establecer un texto refundido de la LOCE. En este se incluyeron todos los cambios introducidos en los últimos 16 años. Este decreto fue publicado el 21 de febrero de 2006 en el Diario Oficial.

Las modificaciones refundidas fueron las siguientes:

Ley 19.054
Otorgó carácter universitario a los títulos de educador de párvulos y periodista.
04-1991

Ley 19.494
Establece normas para la aplicación de la jornada escolar completa diurna en los establecimientos educacionales subvencionados.
25-01-1997

Ley 19.532
Creó el sistema de jornada escolar completa diurna
17-11-1997

Ley 19.584
Ley que reconoce los grados académicos que otorgan las instituciones educacionales de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones.
10-1998

Ley 19.688
El embarazo y la maternidad no constituirán impedimentos para ingresar y permanecer en los establecimientos educacionales de cualquier nivel.
05-08-2000

Ley 19.771
Hace extensivas a la educación parvularia las normas de la LOCE.
11-2001

Ley 19.864
Normas sobre la educación parvularia y regulariza la instalación de jardines infantiles.
04-2003

Ley 19.938
Norma para promover los derechos humanos en los distintos niveles de la enseñanza. Las dos líneas se demoraron 10 años en tramitarse.
02-03-2004

Ley 19.979
Amplió el plazo para que los establecimientos se incorporen al sistema de jornada escolar completa. A la vez, prohibe que se expulse e se estudiantes a mitad de año por razones económicas
06-11-2004

Ley 20.054
Restableció la exclusividad universitaria a la carrera de Trabajo Social.
27-09-2005

En los últimos 16 años se han presentado más de 40 proyectos que pretenden modificar algún aspecto de la LOCE. La mayoría de ellos ya fueron archivados.

A modo de ejemplo, si revisamos los proyectos de ley actualmente en tramitación en el Congreso Nacional y que suponen cambios en la LOCE (http://sil.congreso.cl/pags/index.html), nos encontramos al menos con los siguientes:

N° Boletín - Suma .
2862-04 - Regula el contrato de prestación de servicios educacionales y establece normas sobre derechos de los alumnos, padres y apoderados en el proceso educacional.

3354-02 - Sobre financiamiento de estudios en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas y de Orden.

4006-04 - Confiere el carácter de título profesional universitario a la carrera de Administración Pública.

4222-07 - Reforma constitucional que establece como deber del Estado velar por la calidad de la educación.

4223-04 - Deroga la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

4442-07 - Reforma la Constitución Política de la República estableciendo la calidad con libertad en materia de educación.

4695-04 - Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en materia de convivencia escolar.

4970-04 - Establece la Ley General de Educación.

La mayoría de ellos se encuentra sin urgencia y en primer trámite, aún cuando varios de ellos tienen más de 12 meses desde su presentación.

_________________________________________________________________
N° Boletín: 4222-07
Título: Reforma constitucional que establece como deber del Estado velar por la calidad de la educación.
Fecha de Ingreso: Martes 6 de Junio, 2006
Iniciativa: Mensaje
Tipo de proyecto: Proyecto de ley
Cámara de origen: C.Diputados
Urgencia actual: Sin urgencia
Etapa: Primer trámite constitucional
Subetapa: Primer informe de Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
__________________________________________________________________
N° Boletín: 4223-04
Título: Deroga la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Fecha de Ingreso: Miércoles 7 de Junio, 2006
Iniciativa: Moción
Tipo de proyecto: Proyecto de ley
Cámara de origen: C.Diputados
Urgencia actual: Sin urgencia
Etapa: Primer trámite constitucional
Subetapa: Primer informe de Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación
________________________________________________________________

N° Boletín: 4442-07
Título: Reforma la Constitución Política de la República estableciendo la calidad con libertad en materia de educación.
Fecha de Ingreso: Martes 22 de Agosto, 2006
Iniciativa: Moción
Tipo de proyecto: Proyecto de ley
Cámara de origen: C. Diputados
Urgencia actual: Sin urgencia
Etapa: Primer trámite constitucional
Subetapa: Primer informe de Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación

_________________________________________________________________

N° Boletín: 4695-04
Título: Modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en materia de convivencia escolar.
Fecha de Ingreso: Lunes 27 de Noviembre, 2006
Iniciativa: Moción
Tipo de proyecto: Proyecto de ley
Cámara de origen: Senado
Urgencia actual: Sin urgencia
Etapa: Primer trámite constitucional
Subetapa: Primer informe de Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
__________________________________________________________________



3. Críticas a la LOCE.

Las críticas que se han formulado a la LOCE se han referido principalmente a los siguientes aspectos de la norma:

a) La concepción de “libertad de enseñanza” consagrada en la LOCE.
La LOCE afirma el predominio de la Libertad de Enseñanza por sobre el derecho a la educación, siguiendo el marco impuesto por nuestra Constitución Política. En ella, se establecen un total de 26 derechos y deberes constitucionales (Art. 19°), existiendo para algunos de ellos un mecanismo de “recurso de protección” (CPR Art. 20º D.O. 24.10.1980) que garantiza la intervención de la Corte de Apelaciones respectiva en casos de perturbación, amenaza o privación de algunos de ellos. En esos casos, la Corte esta obligada a adoptar, de inmediato, las medidas que sean necesarias para hacer valer los derechos menoscabados, y asegurar la debida protección del afectado.


Actualmente, la libertad de enseñanza goza de esta garantía constitucional[1], a diferencia del derecho a la educación, aún cuando ambos están contenidos en el art. 19° de nuestra Constitución.


Artículo 19°: La Constitución asegura a todas las personas: (…)

10º.- El derecho a la educación. (CPR Art.19° N° 10 D.O.24.10.1980) La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida.
Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho.


Para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al segundo nivel de transición, sin que éste constituya requisito para el ingreso a la educación básica (Ley 20.162 Art. único Nº 1 D.O. 16.02.2007).


La educación básica y la educación media son Obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, este sistema, en conformidad a la ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. (Ley N° 19.876 Art. único. D.O. 22.05.2003)


Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación (CPR Art.19° N° 10 D.O. 24.10.1980.
Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación;

11º.- La libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. (CPR Art.19° N° 11 D.O. 24.10.1980)
La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

La enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Los padres tienen el derecho de escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos.
Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley,del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;

Fuente: Constitución Política de Chile. Texto actualizado a febrero 2007. Biblioteca del Congreso Nacional.

Así pues, en sus orígenes, la LOCE pretendía establecer un sistema que estimulara la libre competencia en el ámbito educacional, por medio de la libre actuación de las fuerzas del mercado.

Es decir, la demanda optaría por aquellas ofertas educativas que fueran mejores, incentivando de este modo una mejor educación. La flexibilización curricular formaba parte de esta apertura a proyectos educativos competitivos. Lo más importante era garantizar la libertad de elección.
En consecuencia, hablar de libertad de enseñanza en este marco es hacer referencia a una pluralidad de alternativas educacionales donde el cliente-apoderado tiene la libertad de comprar el bien-educación para sus hijos. Y donde la calidad del servicio prestado, de acuerdo con las expectativas de esos apoderados, garantiza el éxito del proyecto.

Como consecuencia de esta concepción cambia toda la relación entre los miembros de la comunidad educativa. Las escuelas entran a competir a un mercado educacional, los directivos a preocuparse sobre todo de la matrícula y la “retención” del alumnado. Los profesores son funcionarios al servicio del cliente. Y los objetivos educacionales se orientan especialmente a obtener buenos resultados en las pruebas estandarizadas, sea el SIMCE o la PSU, señal de la obtención de un buen producto al egreso del sistema.

b) La pérdida de poder de fiscalización del Ministerio de Educación respecto de la calidad de la educación;

Este marco de “libertad”, supone un Estado más bien pasivo y que delega su preocupación por la formación de sus ciudadanos en el mercado. Por lo mismo, no precisa qué es “calidad”, dejando que ésta también sea consecuencia “natural” de las fuerzas del mercado.

Esto ha llevado a considerar las pruebas estandarizadas, especialmente el SIMCE, son consideradas como los principales indicadores de que se han producido los aprendizajes derivados de objetivos y contenidos mínimos contenidos en los programas ministeriales y escasamente conocidos por los apoderados-clientes (quienes en este sistema deberían ser los que juzgaran día a día la calidad del bien comprado).

Esta ignorancia por parte de los apoderados y la falta de fiscalización por parte del Estado, ha terminado por establecer en Chile un sistema educacional segregado y con déficit educacional en todos los niveles. “Podemos decir que la gran mayoría de nuestros niños y jóvenes tiene acceso a la educación básica y media, pero no todos tienen el mismo derecho a contar con una educación de calidad. La calidad parece estar reservada para quien pueda pagarla.”

De hecho, la competitividad actual de los establecimientos se basa más en la selección de sus estudiantes que en la capacidad de sus prácticas pedagógicas para nivelar y potenciar a sus estudiantes. A ello contribuye también las condiciones en que actualmente se presta el financiamiento público de la educación obligatoria y gratuita, tanto porque el monto de los fondos destinados a este fin –si bien superiores a los de la época de la Dictadura- aún se encuentran por debajo de lo que demanda una educación de calidad, como porque “los requisitos de entrada al sistema educativo son mínimos y no existen mecanismos de exclusión del sistema para los establecimientos que transgredan sus obligaciones”.


En definitiva, el modelo de gestión ministerial diseñado por la LOCE supone un Ministerio de Educación distante, que supervisa a nivel macro “con un diseño fundamentalmente econométrico, (inyectar recursos y evaluar resultados) sin intervenir en los procesos educativos (lo esencial en la educación)”. Y que se complementa negativamente con la gestión de la educación que precariamente realizan la mayoría de los municipios del país y los intereses de lucro de la mayor parte de los sostenedores privados.


c) La falta de regulación en cuanto a la idoneidad de los sostenedores de la educación escolar.
Correlato de lo anteriormente dicho es la crítica a los sostenedores. Por una parte, en la LOCE hay muy pocos requisitos de entrada como sostenedor al sistema escolar. Ni siquiera se exige poseer un título profesional. Por otra, el Estado entrega los fondos de la subvención a los establecimientos reconocidos por él sin poseer los mecanismos de control que aseguren que esos fondos se inviertan efectiva y eficazmente en la educación de los niños y jóvenes. No asegura tampoco la calidad de la educación recibida.


En este sentido, el Estado se encuentra atrapado por el privilegio que actualmente tiene en nuestra Constitución política el derecho a la libertad de empresa y de enseñanza, por sobre el de educación. Lo que en pocas palabras implica que nuestra legislación privilegia el derecho de los sostenedores (como empresarios) por sobre el derecho de los niños y jóvenes (como ciudadanos) a la educación. Así, por ejemplo, ante una posible mayor intromisión del Estado en las empresas educacionales para favorecer a los estudiantes, sería posible recurrir a tribunales para solicitar un recurso de protección a favor del derecho a libertad de empresa, pero no a la inversa.

d) La selección de estudiantes.
Efectivamente, como se esperaba, la LOCE ha tenido por consecuencia el despertar el interés empresarial de los sostenedores. Pero éstos, como una forma de posicionarse en el mercado educacional bajo el sello del “prestigio académico”, han optado por aplicar un sistema de selección escolar excluyente y discriminador, que ha terminado por segmentar aún más el sistema escolar chileno.

Esto, a pesar de que gran parte de sus ganancias provienen de fondos públicos, de subvenciones pagadas por el Estado supuestamente con el fin de garantizar la inclusividad en el sistema de sectores vulnerables.

Intentos anteriores de recurrir a los tribunales para combatir esta realidad llevaron a conocer la posición del Tribunal Constitucional, quien en 2004 llegó a la conclusión de que para impedir la selección de alumnos en colegios con subvención pública deben hacerse necesariamente modificaciones a la LOCE.

e) El fin de lucro.
La ideología neoliberal que impregna la LOCE supone, como hemos dicho, el despertar el interés empresarial por actuar en educación. El objetivo de esto era satisfacer una demanda de cobertura insatisfecha, limitando el gasto fiscal en el área. Por lo tanto, era indispensable asegurar que el mercado fuera atractivo para los potenciales sostenedores. De allí que la LOCE dejara abierto el espacio para que, incluso quienes reciben subvención estatal, puedan lucrar.

Este lucro es sostenido por medio de distintas prácticas ya tradicionales en los establecimientos nacionales, aunque no por eso menos deleznables. Un ejemplo de esto es sistema de financiamiento a la demanda, que paga al sostenedor “por alumno y por asistencia”, de modo tal que en los establecimientos subvencionados es más importante que los estudiantes se matriculen y vayan a clases, o derechamente trucar la asistencia, que lo que suceda al interior del aula: es decir, que si los estudiantes aprenden con los recursos y métodos didácticos empleados, o de si los grupos escolares son de un número adecuado de estudiantes para la mejor práctica pedagógica.

El modelo de “financiamiento compartido” aumenta la ganancia susceptible de percibir, agregando aportes de las familias, sin que resulte claro que ello se traduzca en una mejor educación. Las familias que contribuyen así a la educación de sus hijos tampoco pueden opinar ni cuentan con información suficiente para comprobar la incidencia en los resultados educativos de sus aportes.

Por medio de la selección, estos subvencionados “con copago” garantizan un rendimiento promedio, que supera al de los colegios municipalizados y que luego es ofertado a los apoderados como “excelencia académica”. El anhelo de dar a sus hijos un mejor futuro empuja a padres de hogares vulnerables a empeñarse en matricular a sus hijos en esas escuelas. Sin embargo, pocas veces ese gran esfuerzo familiar implica efectivamente un logro en términos de promoción social a futuro.

En realidad, la fuerte segmentación de la educación chilena actual sirve de muro de contención al actual orden socioeconómico, garantizando la reproducción de la desigualdad. Estudios efectuados por Universidades respecto del destino de sus estudiantes, muestra que aún obteniendo las mejores notas, estudiando la carrera más favorecida por el mercado, y en la Universidad más prestigiosa, el éxito socioeconómico en Chile está fuertemente segmentado por la cuna y la red social en la adquirida con ella.

A ello se suma que los sostenedores carecen de exigencias y sistemas de control de calidad eficientes por parte del Estado, de modo tal que muchos de ellos no consideran en su planta equipos técnicos ni asesores que le permitan gestionar y evaluar su quehacer educacional. Tampoco cuentan con proyectos educativos institucionales propios que expresen su “diferencia” (y cuando los hay no dejan de ser más bien declaraciones de intenciones antes que el fundamento de su praxis cotidiana; así como tampoco son conocidos por la comunidad educativa que se supone intenta darle vida) y funcionan mecánicamente sobre la base de los planes mínimos nacionales interpretados a discreción por los docentes.

La lógica del lucro lo impregna todo, generando una cultura escolar contradictoria. La relación sostenedor – dirección escolar se centra en exigir matrícula, retención y prestigio. Como las regulaciones existentes en la ley son tan mínimas y precarias, quedan a criterio de la “voluntad inversionista” del sostenedor aspectos tan importantes como la calidad de la infraestructura, del material didáctico, de la capacitación paradocente y docente, y en general la idoneidad de condiciones para el desarrollo de la actividad pedagógica.

La posición clientelística de los apoderados sirve de justificación a una actitud delegadora, donde los padres consideran que todo lo que involucra la actividad escolar de sus hijos es “problema del colegio” porque “para eso pagan”, descuidando su labor supervisora, apoyadora y formadora en el proceso escolar de sus hijos. Padres e hijos, en esta cultura de los “derechos de cliente”, se sienten con el derecho a cuestionar las decisiones docentes, a tratarlos despectivamente como “sus empleados” e incluso a pedir que sean removidos de sus funciones si no les agradan. Incluso parece que para algunos padres se llega a perder de vista el papel formador de la escuela, considerándola algo así como un lugar de entretención y cuidado de los niños, donde la promoción escolar debería estar asegurada por el sólo hecho de “pagar”.

Por otra parte, los docentes son convertidos en “empleados prestadores de servicios pagados”. Las instituciones escolares muestran con ellos un compromiso limitado. No se considera en los hechos al docente como un profesional, puesto que sus decisiones docentes muchas veces son atropelladas en favor de la “satisfacción al cliente” (niños contentos - padres contentos), o de convenios lucrativos entre agentes del “mercado educacional” (elección de materiales de estudio, por ejemplo).

Numerosos pequeños detalles que afectan el objetivo final de la institución educativa, la convivencia escolar, el clima de aula y la satisfacción laboral docente.

f) La falta de facultades de control de los aportes fiscales en la educación escolar.
La LOCE fue formulada bajo el supuesto de que la configuración descentralizada del sistema educacional chileno iba a promover la eficiencia, aumentando la efectividad educacional al mismo tiempo que entregándole más legitimidad al sistema.


La ausencia de regulaciones en el uso de los recursos entregados, también debía eliminar las restricciones que afectaban la administración organizacional, ampliando el espacio para una “gestión eficiente” y racional de los recursos (incluido el “recurso humano”).


Consecuentemente, el Fisco no sólo se replegó reduciendo su gestión directa del proceso educativo, sino que también se restringe en lo sucesivo a un papel subsidiario-delegador, que deja en manos de en terceros -sostenedores públicos o privados-, casi sin cortapisas, el manejo y la administración de los fondos destinados a la educación.


Enseguida, se esperaba que esto redundara en una regulación de las unidades educativas por parte del mercado, donde éstas se constituyen en “oferta educativa”, que recibe la subvención del Estado de acuerdo con la matrícula, que de este modo actúa como “demanda”.


La “subvención a la demanda” como mecanismo de financiamiento de las unidades educativas, se basa así en la creencia que esto produciría una asignación eficiente de recursos, regulada por medio de la libre competencia de los establecimientos educacionales, quienes buscarían ofrecer cada vez un mejor servicio a un menor costo para captar las preferencias de los “clientes”. La subvención sería un premio a la oferta controlada “racionalmente” (y de acuerdo con criterios de calidad) por la demanda. El Estado se constituye entonces en un mero pagador a posteriori del servicio prestado. Se crea un cuasimercado.


Sin embargo, en los hechos estos supuestos no son efectivos. En primer lugar, al transferir la responsabilidad fiscalizadora del aprovechamiento de los recursos a la demanda, se olvida que ésta no posee en nuestro país una capacidad de elección, evaluación y negociación congruentes con este papel.


Tampoco considera que, debido a las características culturales de la misma, la elección del establecimiento educacional no es siempre sustentada por criterios racionales en cuanto a los fines de la institución (influyendo tanto o más la cercanía al hogar, la existencia de amistades o conocidos en ella, el que alguno de los padres o parientes haya estudiado antes allí, etc.)


Luego, un planteamiento de este tipo deja tanto margen de acción que no reconoce ni da cabida a la existencia de fundamentales intereses públicos (equidad, competitividad nacional). Contribuyendo de paso al estancamiento social, al limitar los potenciales efectos de la educación como articulador de la integración social y promotora de la movilidad social (Puesto que los hechos han demostrado que la competencia entre oferentes no asegura la calidad, sino que se obtiene como resultado una educación segregada)


Además, el sistema sirvió de justificación para la liberalización del mercado de trabajo de los profesores, afectando en forma significativa la estabilidad laboral de los docentes y su carrera profesional.

g) La fuerte presencia de la doctrina de Seguridad Nacional
La LOCE, por otra parte, incluye numerosos artículos que introducen en el campo educativo la tristemente célebre Doctrina de la Seguridad Nacional. Doctrina promovida por los Estados Unidos desde los inicios de la Guerra Fría (1947 en adelante) con el fin de prevenir el avance del comunismo. Lo cual no sólo supone un desprecio de ideologías opuestas al capitalismo sino también la configuración de conceptos y prejuicios perversos que han inflingido daños profundos a la convivencia democrática en nuestros países, como el del “enemigo interno”.


Esta adscripción ideológica es explícita en el artículo 6º, donde se señala:
Artículo 6°.- La enseñanza que se imparta en los establecimientos o instituciones educacionales no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

Los establecimientos o instituciones educacionales, cuya enseñanza sea reconocida oficialmente, no podrán orientarse a propagar tendencia político partidista alguna.

Esta noción no es sólo una limitante general y abstracta. Se introduce tanto en la concepción de la libertad de enseñanza como en la sala de clases como una limitación concreta a la libertad académica.


En la LOCE, la primera se define como “la facultad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley, y la de buscar y enseñar la verdad conforme con los cánones de la razón y los métodos de la ciencia” (art. 76°)


Especificándose luego que –sobre todo en el caso de las instituciones de educación superior-:
“Estas prerrogativas, por su esencia misma, excluyen el adoctrinamiento ideológico político, entendiendo por tal la enseñanza y difusión que excedan los comunes términos de la información objetiva y de la discusión razonada, en las que se señalan las ventajas y las objeciones más conocidas a sistemas, doctrinas o puntos de vista” (art. 77°)


Y llevándose también a la regulación del uso de los espacios educacionales, exigiéndose que no sean “destinados ni utilizados para actos tendientes a propagar o ejecutar actividades perturbadoras para sus labores”. Refiriéndose enseguida que debe ser la propia institución la encargada de velar “el estricto cumplimiento” de estas medidas. Ideas que se refuerzan, por medio del artículo del Art. 79°, el cual precisa que los estatutos de estas instituciones deberán establecer “mecanismos que resguarden debidamente los principios a que se hace referencia en los artículos anteriores”.


Además la LOCE no hace eco de los cambios socioculturales ni da cabida a la diversidad religiosa, política, social, étnica y cultural de nuestra época, fomentando por el contrario el individualismo, la privatización de la vida social y el nacionalismo.

h) La ausencia de democracia
La LOCE tampoco regula la participación de los actores de la comunidad educativa. Estableciendo, como hemos dicho, un marco de toma de decisiones delegada en los sostenedores y sus representantes. Profesores, administrativos, apoderados y aún los estudiantes ven restringidos en este sentido sus posibilidades de participación[2].


Por otra parte, la concepción mercantilista de la educación refuerza las prácticas autoritarias, regulando la toma de decisiones a partir de decisiones económicas. La docencia como actividad de liderazgo, equipos de trabajo y de toma de decisiones formadoras, pierde así su lugar protagónico. Los Consejos de Profesores son entidades más bien receptivas que creadoras y, en este sentido, la falta de participación incide negativamente en el empoderamiento profesional de los docentes.


Finalmente, para lograr una sociedad democrática, la escuela debería ser ante todo un modelo de participación cívica, que forme personas comprometidas socialmente y capaces de participar activamente en la construcción de su realidad. Y en este sentido, la actual LOCE fija un sistema educacional que tanto por su concepción económica como por la forma en que se separa del Estado no propende a estimular esa forma de vida democrática.


i) La privatización de la educación.
A lo anteriormente señalado no queda agregar que la fuerte voluntad privatizadora de esta Ley no sólo le resta importancia a la educación del Estado, sino que también perpetúa y acentúa la desigualdad proponiendo un modelo de gestión y financiamiento que vulnera los derechos de los niños y que consagra la mercantilización de la educación. Lo cual muestra como a través de ella se ha producido por parte del Estado un abandono de su papel como promotor del Bien Común.


Así pues, en los últimos años hemos observado como esta privatización educacional no ha significado un mejoramiento de la oferta educativa en términos de calidad, sino sólo en cuanto a cobertura. Produciendo al mismo tiempo una fuerte segmentación social de los establecimientos, que algunos académicos denominan como “apartheid educativo” que se ha traducido en que
“existen hoy en Chile cinco sistemas cerrados y excluyentes de administración: el particular pagado, el particular subvencionado con financiamiento compartido (donde los padres pagan cuotas mensuales), el particular subvencionado sin financiamiento compartido, el municipal de comunas ricas y el municipal de comunas pobres”. (OPECH)


4. Conclusiones.
El proyecto de Ley presentado el 9 de abril pasado ante el Congreso Nacional buscaba reemplazar la actual LOCE por una nueva Ley General de Educación a la brevedad posible.


Los hechos acaecidos en el año 2006, cuando estudiantes secundarios organizados en contra del actual sistema educativo se tomaron colegios y calles y aún más, lograron el apoyo de gran parte de la sociedad chilena a sus reinvindicaciones, provocaron este repentino interés de La Moneda por cambiar la estructura básica del sistema educacional.


Sin embargo, la reticencia inicial del Ministro Zilic, la estrategia de crear un Comité Asesor y los contenidos considerados en el nuevo proyecto dan cuenta de que esta voluntad de cambio está fuertemente limitada por los intereses económicos que son la principal fuerza gobernante en el Chile actual.


Así pues lo dejan en evidencia las numerosas contradicciones entre los discursos de la clase política, sus propuestas legislativas y su acción política sustentada en un supuesto “realismo político”. Por este motivo podemos decir que la siguiente crítica hecha a la Reforma sigue siendo todavía aplicable a la actual propuesta de una nueva Ley General de Educación:

“En los últimos 15 años, Chile ha porfiado en una reforma para mejorar la calidad y equidad de la educación, de un sistema conscientemente estructurado por clases y en abierta simetría con un orden social igualmente segmentado. De manera inevitable, las racionalidades, valores e incentivos subyacentes en la propuesta de cambio y en la matriz que debiera contenerla, se oponen y colisionan. Mientras la arquitectura del sistema propende a la preservación del mismo, la reforma quiere modificar los insumos, los procesos y relaciones entre componentes, sin alterar esta tendencia estructural a la supervivencia del diseño original.” (Navarro, 2006:8)


[1] Un listado completo de los derechos así garantizados se encuentra en el propio artículo 20° de la Constitución.
[2] Incluso en las leyes vinculadas a la reforma se ha continuado con esta línea. Así pues, en la ley de JEC que regula los consejos escolares, estos son solo consultivos.

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